Gloria Leticia Díaz
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, emitió esta tarde una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno del Estado de México, por la muerte de 22 civiles a manos de militares en Tlatlaya.
Hasta ahora, dijo, no hay ningún militar procesado por los homicidios, pese a que desde el 3 de julio pasado la PGR tuvo en sus manos un desglose de la investigación abierta por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
La recomendación por el multihomicidio se da a casi cuatro meses de los hechos y a unos días de que Plascencia concluya su gestión al frente de la CNDH, con posibilidades de ser reelegido por el Senado, aunque hasta ahora no ha definido si participará en el proceso.
En conferencia de prensa para informar sobre la recomendación 51/2014, Plascencia Villanueva aseguró que de las 22 personas fallecidas, el organismo logró acreditar que 12 de ellas, que no estaban heridas y se habían rendido, fueron víctimas de ejecución arbitraria por parte de efectivos militares, mientras que en tres casos más hay indicios de que fueron ejecutadas, pero no hubo forma de corroborarlo debido a que los cuerpos fueron movidos. El resto de las víctimas habrían sido heridas en la refriega, apuntó.
El ombudsman aseguró que de acuerdo con las investigaciones realizadas –con entrevistas a dos de las sobrevivientes que se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Tepic, Nayarit; a militares que participaron en los hechos y a familiares de víctimas y vecinos de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya–, antes de las ejecuciones se registró un enfrentamiento entre los militares y hombres armados que se hallaban en una bodega, presuntos miembros de un grupo delincuencial.
En el enfrentamiento, que tuvo una duración de entre cinco y 10 minutos, uno de los ocho militares habría resultado herido, además de cuatro civiles, tres en “fuego cruzado”. Pasados los 10 minutos de balazos, los soldados entraron a la bodega y privaron arbitrariamente de la vida a 12 sujetos que ya se habían rendido, insistió.
El organismo detectó “esquimosis y escoriaciones en cuatro de los civiles que, dijo, fueron torturados antes de su ejecución, y dos de las víctimas, añadió, eran menores de edad. Un tenía 17 años y la otra 15.
Los visitadores de la CNDH acreditaron que al lugar de los hechos arribaron soldados de Arcelia, que se sabe recogieron al militar herido, y sobre el 102 Batallón de Infantería no pudo ser esclarecida su participación.
De acuerdo con las declaraciones de dos sobrevivientes que son procesadas por portación de armas y a quienes la CNDH aplicó el Protocolo de Estambul, fueron intimidadas por parte de agentes ministeriales del Estado de México para autoincriminarse, en tanto que en el expediente integrado por la dependencia estatal “no hacen referencia a que hubieran observado que fueron privadas de la vida las 22 personas que ahí se encontraban”.
Otras irregularidades detectadas por el organismo, apuntó Plascencia Villanueva, es que se alteró la escena de los hechos, se movieron los cuerpos y se les colocaron armas, además de que “se sustrajeron de la escena teléfonos, equipo de radiocomunicación y otro tipo de elementos cuya existencia fue referida en los testimonios de los sobrevivientes, pero también aparecen varias de las imágenes”, obtenidas por el organismo.
Detalló que a pesar de que desde el 3 de julio la PGJEM había remitido a la PGR una carpeta de investigación para que continuara la investigación por el fallecimiento de 22 personas con la participación de elementos militares, fue hasta el 23 de setiembre que la dependencia encabezada por Jesús Murillo Karam inició una investigación, que hasta ahora “no ha sido consignada y no existen elementos militares que enfrenten alguna acusación penal por el homicidio en el cual intervinieron”.
Raúl Plascencia Villanueva recomendó incluir a los familiares de los 22 ejecutados en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso “al fondo de ayuda y reparación integral previsto en la Ley General de Víctimas”, de manera de que puedan ser indemnizadas por la Sedena, la PGR y el gobierno del Estado de México.
El ombudsman pidió al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, dar atención psicológica y médica a las sobrevivientes; atender el Manual del Uso de la Fuerza; dar indicaciones para que el personal se “abstenga” de alterar las escenas de hechos y “tergiversar la verdad histórica”; que colabore con la CNDH en la presentación de la denuncia interpuesta en la PGR por lo homicidios y en la Unidad de Inspección y Contraloría General, y que dé instrucciones para que la Procuraduría General de Justicia Militar continué sus indagatorias contra los elementos que participaron en la masacre.
A la PGR le demandó tomar en cuenta la recomendación para acelerar la consignación de los responsables del multihomicidio; que considere las violaciones a los derechos humanos cometidos contra las sobrevivientes por parte de policías ministeriales del Estado de México, para que sean tomadas en cuenta en el proceso judicial que se les sigue, y que colabore con la CNDH en la denuncia contra los servidores públicos de la dependencia por las omisiones descritas.
Al gobernador Eruviel Ávila recomendó dar curso de capacitación en medicina forense, criminalística y derechos humanos, y que se investigue a los agentes responsables de abrir la indagatoria y de haber presionado a las sobrevivientes para que se autoincriminaran.
Al preguntarle si participaría en el proceso de renovación de la presidencia de la CNDH, una vez que el Senado lanzó la convocatoria, el ombudsman, quien legalmente concluye su mandato el 15 de noviembre, señaló que mañana dará a conocer su decisión, luego de consultar con su familia.
Plascencia Villanueva ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por su gestión, que ha llevado a familiares de víctimas de migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas (en 2010), a interponer un amparo contra la recomendación que emitió al respecto, en tanto que organizaciones civiles han solicitado a la Cámara de Diputados un juicio político en su contra.
Sin embargo, para el presidente de la CNDH el elemento que será analizado por él y su familia para decidir si entra en el proceso de elección o se retira, es “el riesgo” en el que supuestamente se le puso por la publicación de un reportaje en el periódico Reforma sobre la construcción de una casa al sur de la ciudad de México, supuestamente valuada en 20 millones de pesos.
“Hoy (martes) por la tarde estaré platicando con mi familia para que (tome la decisión) a partir de los acontecimientos que se han dado en los últimos días, en donde he observado una serie de señalamientos que han puesto en peligro la propia integridad de mi familia, al atribuirnos, en todo caso, señalamientos que sin duda no corresponden a la verdad, pero que además implican ya un costo para mi propia familia que no se desempeña como servidor público”, subrayó.
