Alfredo Méndez
La Jornada
México, DF. Habitantes de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuatla, ubicada en el estado de México, presentaron este lunes una denuncia penal por delitos ambientales en contra de autoridades estatales y municipales de esa entidad y de directivos de la empresa Autoban S.A de C.V., ya que consideran que han efectuado una intromisión ilegal en el Bosque Otomí Mexica con el fin de construir la autopista Naucalpan-Toluca, pese a que hace tres meses un tribunal federal le concedió un amparo definitivo a la comunidad, el cual supuestamente invalida la invasión del bosque.
Aspecto de los trabajos de construcción de la carretera Toluca-Naucalpan. Foto Agencia MVT
En conferencia de prensa realizada en la instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representantes de dicha comunidad indígena localizada en el municipio mexiquense de Lerma, quienes omitieron dar sus nombres por temor a represalias en su contra, dijeron que las denuncias penales se presentaron ante las autoridades de la PGR y de la Profepa.
Argumentan que la construcción de esa carretera implicaría severos daños al medio ambiente, ya que, por mencionar un ejemplo, desde que el pasado 8 de octubre trabajadores de esa empresa, auxiliados por policías municipales y de seguridad pública estatal, invadieron el bosque ubicado en nuestra comunidad se han talado más de mil 500 árboles, además de que la construcción del proyecto carretero afectará el suministro de agua porque dicho bosque alimenta los pozos Tlaloc I y II que dotan el vital líquido a las comunidades aledañas a la región.
Otro de los comuneros presentes en la rueda de prensa aseguró que no se trata de una oposición testaruda, sino que simplemente “estamos defendiendo el patrimonio de toda la sociedad”. Los representantes de la comunidad aseguraron también haber sido víctimas de un hostigamiento constante por parte de los policías municipales y estatales, quienes los han amenazado por oponerse a la construcción de la carretera.
En el conflicto de esta comunidad indígena inició desde hace seis años, luego de que habitantes de la comunidad comenzaron a ver excavadoras en la zona boscosa, lo que motivó la petición de un amparo de las instancias del Poder Judicial Federal competentes.
