- El «gobierno» federal hace de la obligación un mérito [PUES NO, NO ES SU OBLIGACIÓN. SE ROBARON EL PODER ¿O YA SE LES OLVIDÓ? POR LO TANTO ABSOLUTAMENTE TODO LO QUE ESTÁN HACIENDO FORMA PARTE DE SUS TANTOS CRÍMENES. La única «obligación» de esos delincuentes a los que La Jornada reconoce como «gobierno» es devolver lo que se robaron e ir a la cárcel.]
- Calculado uso del dolor de 43 familias de normalistas desaparecidos
Arturo Cano
La Jornada
Cocula, Gro., 28 de octubre. El abogado de la nación abre una investigación en curso a los ojos del mundo y la nación. Los peritos forenses llegan después que los fotógrafos y camarógrafos. Piden tiempo para vestirse. Se deslizan mediante una cuerda. Allá abajo está un relleno sanitario donde ya sólo se podía tirar basura orgánica. Los llamados ‘‘binomios caninos’’ (perros en funciones de policías) indican que ahí comenzará, apenas, la búsqueda de cuerpos o restos humanos enterrados.
No hay fosas, no hay hoyos. Trozos de carbón, zonas negruscas indican que ‘‘algo’’ pudo haber sido quemado ahí. No han sido identificados los restos de otras 28 personas encontrados a 25 o 30 kilómetros de aquí, en Iguala, donde comenzó el infierno.
El procurador Jesús Murillo Karam sabe que las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sólo aceptarán la identificación del ‘‘equipo argentino’’ (seis mujeres, tres hombres). Tal identificación tomará semanas. Y en medio de todo este batidillo, el abogado del país pide, con mucha seriedad: no hay que especular.
El señor Rosi Millán Peñaloza maneja uno de los tres camiones de limpia del pequeño municipio de Cocula. Mira las fotos del sitio donde los uniformados de blanco colocan banderines en los lugares donde, es de entenderse, han de llevar a los canes para la confirmación y, posteriormente, comenzarán a excavar.
‘‘Sí, ahí es, pero desde el miércoles pasado los militares nos prohibieron subir’’. Su ayudante dice que él recuerda que fue el jueves. Hablan ambos en medio de la fiesta de un barrio de Cocula, mientras los helicópteros siguen rompiendo el cielo.
‘‘Cuídanos, San Juditas’’
Se celebra a San Juditas y hay banda, toritos y trago. A 10 kilómetros de ahí han comenzado los trabajos para identificar un número indeterminado de restos humanos. Ni ese horror ni los anteriores (en julio de 2013, el ahora gobernador con licencia Ángel Aguirre se ufanaba de que los levantados de un solo jalón fueran ‘‘sólo seis personas’’ y no los 17 que había denunciado el alcalde) se llevan entre las patas la proverbial hospitalidad guerrerense: ‘‘Anden, una cochinita, es gratis’’.
Ni Rosi ni sus compañeros –se habla también con los encargados de los otros dos camiones– vieron ni olieron nada. Lo de siempre en la zona: gente que lleva sus animales, hombres que cargan leña en sus bestias y un par de viejitos que hurgan en la basura y, a veces, la queman.
El mismo día en que se dio a conocer el primer hallazgo de fosas en Iguala, corrió entre los reporteros locales y los enviados el rumor, fuerte, de que los entierros clandestinos estaban en Cocula.
Era el sábado 4 de octubre. Los normalistas de Ayotzinapa llevaban una semana desaparecidos. Esa mañana, varios habitantes contaron que el operativo policiaco había comenzado ese mismo día. A pesar de que la investigación continuaba en manos del gobierno de Ángel Aguirre (el de Enrique Peña Nieto tardaría 16 días en asumir la investigación y unos más en declarar ‘‘prioridad’’ el tema), la operación era conjunta. A la entrada del pueblo se había instalado un retén. Varias caravanas de la Policía Federal recorrían la cabecera municipal de cabo a rabo.
Un par de reporteros siguió un convoy que se detuvo abruptamente. Bajaron unos policías y pidieron identificaciones. Las vieron con desgano y siguieron en lo suyo: ‘‘comprar unos pollos rostizados’’. Desde entonces, cuentan ahora habitantes de Cocula, la presencia policial no cesó. Lo sabe mejor que nadie Irma Arroyo, cuyo hijo, Gustavo, de 29 años, duerme desde hace varios días en el penal de máxima seguridad de Nayarit.
Los federales le cayeron por primera vez el 21 de octubre en su casa de la colonia Álvaro Obregón que, aunque está pegadita a Cocula, pertenece al municipio de Iguala. Lo detuvieron una semana después en el retén de la entrada. Luego lo obligaron a llevarlos a la casa de su amigo Francisco Ortiz Fernández, de 34 años y también agricultor.
Su madre asegura que pretenden hacer de su hijo un chivo expiatorio y que sólo le han dejado el delito de posesión de arma prohibida. Dice, además, que fue torturado, que lo golpearon y le pusieron una bolsa en la cabeza para que confesara ‘‘dónde estaban las armas y los secuestrados’’ (la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos lleva los números 112/503 y 112/581).
Aunque antes de la madre han hablado otros familiares, ella es la única que se atreve a decir: ‘‘Querían que dijera que era miembro de los Guerreros Unidos, un narcotraficante’’.
Más o menos así le fue a los habitantes de Carrizalillo, que pagaron con ocho detenidos la versión, amarrada a las cuotas que cobran por la presencia de una empresa minera, de que los jefes del cártel criminal de Iguala se habían refugiado en unas cuevas de esa demarcación.
‘‘Detrás de la raya, que estoy trabajando’’
La PGR se puso como los viejos merolicos: ‘‘detrás de la raya, que estoy trabajando’’. Los fotógrafos fueron pasando de dos en dos. El gobierno federal se inventa las fotos: equipos profesionales que hacen las cosas bien desde el principio. La obligación hecha mérito. Y, de paso, el calculado uso del dolor de 43 familias.
No es en vano que el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, recuerde que la investigación a cargo del gobierno de Guerrero ‘‘fue todo un calvario’’ para las familias.
La procuraduría guerrerense, ha dicho Barrera, hizo a las familias ‘‘rehenes’’ de sus disputas internas, las maltrató a la hora de la toma de muestras de ADN (que luego debieron ser nuevamente tomadas por el equipo argentino y luego por las autoridades judiciales) y cometió enormes torpezas en las excavaciones de las primeras fosas (cuántas son y los restos de cuántas personas se han encontrado ahí, pues repite el guión de cargar unas al sexenio anterior o, peor, se institucionaliza la política de echar la mierda debajo de la alfombra).
En las primeras excavaciones ‘‘hubo personal no especializado, por ejemplo, personal de protección civil que no siguió los protocolos del caso. ¿Qué tiene que ver ese personal con expertos en antropología forense? Hubo serias deficiencias en el levantamiento de los restos, varios errores que el equipo argentino tuvo que corregir’’, explica Barrera. Por eso ahora todo es pulcro, ordenado y a la vista.
Para el contraste. Ahora todo es culpa de Abarca –y de paso de todos aquellos con los que se tomó una foto–, de Ángel Águirre Rivero –quien al no querer irse como un ‘‘asesino’’ se fue como un cadáver inservible y, ya entrados en gastos, de Andrés Manuel López Obrador. Dicho de otro modo, la desgracia de dos hechuras de Los Chuchos favorece a Los Chuchos (aunque la designación de Rogelio Ortega como gobernador sea, en cierto sentido, un empate).
En las incontables ocasiones que los familiares se han reunido con funcionarios federales, su reclamo esencial ha sido ‘‘que buscan muertos y no buscan vivos’’, como frasea Barrera.
Alguna vez se pusieron rudos con el procurador Murillo. Lo acusaron de no entender su dolor. Les pidió respeto. Y luego refirió el drama del secuestro de su padre.
Cocula es un rancho que hasta anoche era desconocido y hoy ha sido ‘‘decorado’’ con antenas de transmisión directa de varias empresas televisoras.
‘‘Somos un pueblo sin nada, sembramos maíz’’, dice su alcalde, César Peñaloza, emblemático representante de la primera trinchera del estado frente al poder corruptor del narco. Lo acusan de ser ‘‘amigo de Abarca’’, aunque es del PRI.
Él dice que nada sabe, que todo lo ha visto en las noticias, aunque informó a Ángel Aguirre Rivero de los levantados y otras atrocidades. Para evitarse broncas, el alcalde puso a un ex militar como secretario de seguridad. Lo mataron.
El pecado del municipio
Algunos reporteros son necios con sus preguntas. ¿Cuándo llegó La Maña? ¿Por qué aquí? No responde el edil, más cauto que un seminarista. Lo hace un colaborador a su lado: ‘‘Somos paso, estamos a hora y media de Tlacotepec, el corazón de la sierra’’.
Eso, el pecado de Cocula, es ser la primera parada entre Las Vegas y Tlacotepec, el ‘‘corazón de la sierra’’, como dice el escudero del presidente municipal. Eso, y la capital de la amapola.
