Un mes después de la masacre… y siguen las burlas.
- La falta de equipo retrasa el trabajo de peritos en la búsqueda de normalistas, dicen en la PGR
- Sólo la Procuraduría General de la República y nueve estados pueden hacer estudios de “alta precisión”
Gustavo Castillo García
La Jornada
Guerrero es uno de los estados que en materia de servicios periciales se encuentran “en construcción”, carentes de instalaciones, especialistas y protocolos de actuación, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.
La fiscalía de justicia de esa entidad no cuenta con capacidad institucional ni humana, razón por la cual se ha retrasado la identificación de los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas que supuestamente guardan relación con la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) y peritos argentinos han trasladado los restos a la ciudad de México.
Las fuentes consultadas señalaron que en la actualidad solamente la PGR y nueve entidades cuentan con capacidad para llevar a cabo peritajes con equipo de alta precisión.
En total suman 38 los cuerpos hallados en fosas clandestinas en los municipios de Iguala y Cocula, en Guerrero, como parte de la investigación que se realiza para localizar a 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Desde hace por lo menos dos años, mediante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia –en la que participan todos los fiscales y procuradores del país–, se ha promovido la creación de áreas de servicios periciales de calidad. Sin embargo, 22 entidades federativas enfrentan carencias de personal, instalaciones y equipos, y en muchos casos se ven en la necesidad de solicitar el apoyo de estados como Jalisco, Yucatán o Chihuahua, o de la PGR, para realizar sus peritajes, señalaron las fuentes consultadas
En ese contexto, miembros de la misión estadunidense que con base en recursos de la Iniciativa Mérida tratan de impulsar la aplicación de programas de capacitación y la instalación de laboratorios de alta tecnología, revelaron que entidades como Veracruz y Chiapas se han sumado a estos proyectos que tendrán impacto en el nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor en junio de 2015.
En relación con las instalaciones, personal y equipos con que cuenta la PGR, el doctor y criminalista Rafael Moreno González señaló:
“Aquí podemos examinar el pequeño hasta el gran indicio, pero lo más importante de todo son las personas que están trabajando en este laboratorio; yo conozco a la mayoría desde hace 30 años, lo que quiere decir que son profesionales de la criminalística, probados técnica y científicamente, y ocupan un lugar muy importante en cuanto a calidad”.
Las instalaciones de la PGR cuentan con más de mil 500 peritos que forman parte de la Dirección de Coordinación de Servicios Periciales, donde laboran médicos, químicos, abogados, veterinarios, biólogos, sicólogos, antropólogos, odontólogos, ingenieros, arquitectos y contadores, entre otros profesionistas que desarrollan más de 23 especialidades, como grafóscopos, dactiloscopistas, fotógrafos forenses, traductores, entomólogos, criminalistas, poligrafistas, antropólogos y químicos, entre otras.
En tanto, de acuerdo con los funcionarios consultados, en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la cual celebrará en los próximos meses su reunión general en la ciudad de México, se hará un llamado a los procuradores y fiscales del país para avanzar en la integración de centros de servicios periciales con capacidad para atender todas las especialidades forenses que exigirá el nuevo sistema de justicia penal.
Los entrevistados señalaron que además de Veracruz y Chiapas, que han aceptado la asesoría de personal que labora para el gobierno de Estados Unidos, las entidades que han consolidado sus servicios periciales, como institutos de ciencias forenses, son los estados de México, Yucatán, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Morelos, y el Distrito Federal.
