Mathieu Tourliere
Proceso
MÉXICO, DF, (apro).- Desde febrero de 2013, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció la práctica de desapariciones forzadas en México, así como el encubrimiento y la negligencia de las autoridades mexicanas en las investigaciones.
Este viernes –un día después de la visita a México del director ejecutivo de HRW para la América, José Miguel Vivanco–, el organismo retomó el informe de 200 páginas que publicó a principios del año pasado y que hoy cobra relevancia al encontrar eco en la tragedia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El documento apuntó a la policía municipal como principal responsable de los casos de desaparición forzada, ya que “muchas veces actuaban en colusión con la delincuencia organizada”.
Más adelante reveló que en varios casos “hay pruebas de que policías o militares entregaron personas a organizaciones delictivas luego de detenerlas ilegalmente”.
Según las declaraciones de hoy del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, integrantes de la policía municipal de Iguala, Guerrero, detuvieron a los estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” por instrucciones del entonces alcalde José Luis Abarca. Luego los trasladaron –con la ayuda de policías municipales de Cocula– en camionetas con escudos oficiales y los entregaron al grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos.
En el informe de 2013 HRW analizó 249 casos y en al menos 149 pudo comprobar la participación de agentes del gobierno federal, estatal y municipal. “Dado que no se han efectuado investigaciones exhaustivas, es imposible excluir la posibilidad de que haya habido intervención de actores estatales en (los otros 100 casos)”, aseveró.
“En los 149 casos, prácticamente siempre hubo testigos que vieron cuando las víctimas fueron detenidas por policías o militares, con frecuencia sin una justificación evidente”, insistió HRW.
El organismo internacional aseveró que “son pocos los casos en que los agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública actúan inmediatamente para buscar a la víctima o los responsables”. Y precisó que muchas veces no se toman las medidas “que sólo son efectivas dentro de un determinado plazo”.
En el caso de Ayotzinapa, si bien las fuerzas estatales detuvieron a agentes municipales al día siguiente de la desaparición de los estudiantes, la PGR atrajo el caso hasta el 9 de octubre.
“Los 10 días son lo que tuvo en su poder la investigación del estado de Guerrero conforme a su competencia, mientras no se haya definido la competencia federal. Es absolutamente cierto y absolutamente legal”, precisó hoy Murillo Karam.
En el informe de 2013, HRW ya planteaba que la estructura federativa de México y las diferentes tipificaciones del delito de desaparición forzada fomentaban la “imprecisión y la ambigüedad en la definición y el proceso para determinar si los hechos se adecuan al tipo penal”.
En consecuencia, según el documento, estos factores “diluyen la responsabilidad de las autoridades federales y locales de investigar las desapariciones”, lo que utilizan las distintas autoridades para “desentenderse prematuramente de la investigación de los casos y remitirlos a otros organismos”.
Sin embargo, destacó que “la normativa vigente faculta a los agentes de la PGR a investigar las desapariciones en las cuales hayan presuntamente participado o intervenido funcionarios estatales”.
¿Casualidades?
El documento planteó que “es común que (las autoridades) sugieran que las víctimas posiblemente fueron agredidas debido a que están implicadas en actividades ilegales, incluso cuando no tienen pruebas para hacer tales señalamientos”.
Esta parte del documento podría referirse a las insinuaciones que vinculaban a los estudiantes desaparecidos con Los Rojos, la organización criminal rival de los Guerreros Unidos o a la guerrilla guerrerense.
“Las autoridades invocan esta presunción infundada como pretexto para no iniciar investigaciones y así excluyen y hostigan a personas cuya colaboración podría haber sido crucial para encontrar a la víctima desaparecida”, analizó entonces HRW.
La organización también señaló que la gran mayoría de las familias de desaparecidos dijo que las autoridades les presionaron “para que asumieran que sus seres queridos habían muerto, a pesar de que no existían pruebas que justificaran esta conclusión, lo cual agravó aún más su padecimiento”.
Y en varias ocasiones las autoridades encargadas de la investigación cambiaron de versión ante los familiares, atestiguó HRW. Tal como ocurrió un sinnúmero de veces durante el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa.
La organización internacional comprobó que en varias ocasiones, las autoridades delegaban a los familiares de las víctimas algunas tareas en las investigaciones, como entrevistar a testigos e intentar localizar a presuntos responsables.
“Como parte de este círculo vicioso, los familiares continúan asumiendo responsabilidades que corresponden a las autoridades porque saben que los funcionarios a cargo de la investigación no actuarán por su propia iniciativa”, demostró el documento.
En el informe de 2013, HRW expuso la reacción de Alejandro Poiré, secretario de Gobernación durante el mandato de Felipe Calderón, al informe “Ni Seguridad, Ni Derechos”, publicado por la organización en noviembre de 2011 para denunciar la práctica “sistemática” de la tortura en México.
A pesar de que Calderón Hinojosa aceptó las observaciones y las recomendaciones que figuraban en el informe, Poiré mandó una carta a la organización en la que denunció “múltiples imprecisiones y afirmaciones sin sustento”, así como “afirmaciones categóricas y generalizadas… (que) no reflejan la situación real de México”.
Esta tarde, un reportero cuestionó a Murillo Karam sobre las críticas que ayer lanzó José Miguel Vivanco, a propósito de la lentitud del gobierno federal para actuar en el caso Ayotzinapa.
El procurador respondió con cierta ironía: “A veces, quien desconoce el sistema mexicano, el sistema federal tampoco oye razones, porque platiqué con él, se lo expliqué todo y no tuvo nada qué decirme, pero ya sin la presencia de quien pudo rebatirlo, pudo decir lo que quisiera”, respondió el procurador.
El reporte de HRW en 2013 sentenció que las serias deficiencias en la investigación “permiten que los miembros de las fuerzas de seguridad y organizaciones delictivas que llevan a cabo múltiples desapariciones cometan nuevamente estos delitos”.
