Isaín Mandujano
Proceso
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Mara Belén Argueta Gómez, funcionaria del municipio de Berriozábal, acusó al diputado priista Simón Valanci Buzali y a directivos de La Voz del Sureste de instrumentar una campaña difamatoria en su contra, debido a que la alcaldía no aceptó firmar un convenio publicitario de 100 mil pesos mensuales con el diario local.
Luego de interponer su denuncia en el Centro de Justicia de la Mujer, de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), la oficial mayor del ayuntamiento precisó que ante la negativa del alcalde Aldert Zepeda Valencia para firmar un acuerdo publicitario, Valanci Buzali comenzó a publicar en La Voz del Sureste notas periodísticas en las que la denigran y señalan como amante del alcalde.
“Publicaron una columna en mi contra. Constantemente lo hacían con el presidente, hasta que el 5 de este mes utilizaron una foto de mi cuenta en Facebook, que me tomé en 2010, para acompañar la nota donde intentan denigrarme”, dijo la exvocera del municipio, cargo del que fue removida para evitar que el dueño del periódico, Valanci Buzali, siguiera molestándola.
Bajo el título: “Vocera, modelo o amiguita del presidente”, Argueta Gómez fue señalada por La Voz del Sureste de ser favorecida por el alcalde con bienes patrimoniales que no se exponen en el texto periodístico.
De acuerdo con la funcionaria, el propio diputado federal del PRI ha evitado chantajear directamente al alcalde Aldert Zepeda Valencia, pero los directivos del medio, en particular Jacobo Elnecavé Luttman, sí lo han hecho, y para ello, agregó, se han prestado el director del rotativo, Elmer Chávez, y un supuesto reportero anónimo que firma las notas como Antonio Chávez.
Argueta Gómez señaló que la PGJ le dio la espalda porque la dependencia no puede indagar su caso, ya que los delitos de difamación y calumnia no están contenidos en el Código Penal desde agosto de 2007, por lo que acudirá a la vía civil para denunciar al dueño y directivos del periódico por daño moral.
La misma estrategia mediática fue utilizada hace un año en contra de la jefa de prensa del ayuntamiento de Cintalapa, Brenda Siu Escarpulli, porque el alcalde Antonio Valdez Meza se resistió a firmar el convenio propuesto por el diario propiedad del legislador federal, quien también es presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión en la entidad.
