Fernando Camacho Servín
La Jornada
México, DF. Las autoridades mexicanas «deben retirar los cargos desproporcionados y liberar urgentemente a los 11 manifestantes que han sido detenidos injustamente en dos prisiones de alta seguridad después de protestar por la desaparición de 43 estudiantes de Iguala», señaló Amnistía Internacional (AI).
De igual manera, la organización de derechos humanos también ha pedido una investigación inmediata sobre las denuncias de que policías golpearon y amenazaron a los manifestantes durante su detención.
«La evidencia contra los 11 manifestantes es tan débil que es muy difícil entender por qué todavía están detenidos, sobre todo en instalaciones de alta seguridad siendo tratados como criminales de alta peligrosidad. Tales actos plantean la cuestión de si existe un intento deliberado para desalentar las protestas legítimas», dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de AI.
El colectivo recordó que las tres mujeres y ocho hombres detenidos fueron acusados de asociación delictuosa, motín y el intento de homicidio de un oficial de policía.
Sin embargo, la única prueba que los incrimina es el testimonio de los cinco policías que les detuvieron, por lo que a menos que se presenten pruebas suficientes para apoyar los cargos, los manifestantes deben ser liberados.
«Si la fiscalía persigue la investigación, debe presentar prueba suficiente contra los manifestantes, situación que no ha sucedido hasta ahora. A falta de pruebas suficientes, esos cargos nunca debieron presentarse en primer lugar», recalcó la activista.
La mayoría de los detenidos que tuvieron acceso a abogados de su elección informaron que los agentes de policía les golpearon y amenazaron durante su detención. De acuerdo a sus abogados, los manifestantes tienen moretones y cicatrices alrededor de sus ojos y en sus brazos.
Las tres mujeres continúan siendo representadas por abogados designados por el Estado. Su estado de salud se desconoce. Fueron encarceladas en la prisión de alta seguridad más remota en el estado de Nayarit, a 700 kilometros de distancia de la ciudad de México, donde el contacto con familiares y abogados es extremadamente limitado.
«En vez de presentar cargos infundados contra los manifestantes, la Procuraduría General de la República debe centrarse en establecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia», dijo Erika Guevara Rosas.
