Claudia Guerrero
Reforma
Cd. de México, México (02 diciembre 2014).- Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reconoció que el caso de Oceanografía generó un daño patrimonial a Petróleos Mexicanos (Pemex) por 525 millones de pesos.
Durante una reunión con la Comisión Especial que da seguimiento al caso, el funcionario aceptó la existencia de un impacto negativo en los recursos de la empresa petrolera.
«Claro que hubo daño patrimonial, tan hubo daño patrimonial por el incumplimiento de los contratos, que se aplicaron las cláusulas penales por más de 500 millones de pesos», dijo.
«Por lo que hace a los contratos, cuando hay incumplimiento pues se producen daños y perjuicios al que se le incumple. Sí hubo daños y perjuicios, obviamente a Pemex».
El titular de la SFP aseveró que las inhabilitaciones y sanciones económicas aplicadas a Oceanografía están apegadas a derecho, por lo que están dispuestos a defenderlas.
«Hemos dado argumentos jurídicos y los vamos a mantener en nuestros alegatos con las autoridades del Poder Judicial de la Federación», señaló.
«Esa es nuestra obligación porque estamos convencidos de que están apegadas a derecho y lo vamos a defender en los tribunales».
El senador del PRD, Mario Delgado, recordó al funcionario que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de Pemex, Daniel Ramírez Ruiz, había negado la existencia de daño patrimonial en Pemex, durante una reunión previa con los integrantes de la Comisión.
En respuesta, Olivas Ugalde aclaró que el OIC de Pemex únicamente se refirió al caso del fraude cometido por Oceanografía el perjuicio de Banamex, donde no se registró daño al patrimonio público, ya que se trató de una relación entre particulares.
El titular de la SFP señaló que no se determinaron responsabilidades, porque se aplicaron las penas convencionales incluidas en los contratos.
Sostuvo que, de no haberse aplicado esa sanción, sí se hubieran podido fincar responsabilidades.
La vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, criticó la labor de la Secretaría frente al caso Oceanografía, por considerar que no fue clara ni eficiente.
«¿Cómo pudo mantenerse esta situación por ocho años consecutivos, sin que la Secretaría de la Función Pública hubiera actuado para proteger a Pemex, para evitar el saqueo del erario público? ¿Por qué no actuó oportunamente, si esa es la razón de la Secretaría de la Función Pública?», cuestionó.
«La Secretaría que usted encabeza atraviesa por una profunda crisis de percepción y de reprobada calificación frente a la opinión pública. Pero esta opinión es ganada a pulso, porque en lugar de combatir la corrupción, se pacta la impunidad para casos como Oceanografía y muchos más».
El encargado de despacho de la SFP detalló que, como resultado de las investigaciones, hasta el momento se ha sancionado con inhabilitación de un año a Joel Bermúdez Castro, gerente de Suministros y Servicios Administrativos para Perforación y Servicios a Proyectos, y a Luis Ignacio García Mendoza, subgerente de Seguimiento y Control de Contratos.
Adicionalmente, fueron destituidos e inhabilitados por seis meses José Juan Félix Arenas Muñoz, coordinador de contratos, y Erik Cabañas Ramírez, coordinador especialista.
Además, se investiga el aspecto patrimonial e intervención de funcionarios que participaron en su relación e Pemex con Oceanografía.
