- Revelan plan de seguridad lejos de quienes «recibirán protección»
- Policías federales y soldados de civil fungen de “invitados”
- Temor en Iguala ante el retorno de agentes capacitados en Tlaxcala
Arturo Cano
La Jornada
Iguala, Gro. Para anunciar un plan que garantizará vidas y tranquilidad de la ciudadanía, el gabinete de seguridad en pleno y cuatro gobernadores se reúnen lo más lejos posible de la ciudadanía.
Por el pasto que circunda el asta donde ondea una enorme bandera nacional, el lugar parece una burbuja verde que separa al funcionariado –con Miguel Ángel Osorio Chong a la cabeza– de la gente que ha venido a proteger.
Si los visitantes se asomaran, verían de un lado el camino que conduce a Tierra Caliente –en rigor, Iguala no forma parte de esa región– y del otro la Laguna de Tuxpan. Pero no. Se miran y se escuchan unos a otros, en el arranque de un programa que huele a calderonismo pero que intentan vender como la gran novedad: 22 municipios de Guerrero, ocho del estado de México, dos de Michoacán y cuatro de Morelos tendrán mando único bajo órdenes federales y el control de todos en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Lo mismo que con Felipe Calderón, pero a lo grande, y dos años después.
“Federalismo sólido”, sin presencia municipal
Los presidentes municipales, con excepción del anfitrión igualteco, ni siquiera han sido invitados, pero el malabarista que despacha en el Palacio de Covián presume: “Federalismo sólido es aquel que suma esfuerzos cuando una de sus partes así lo requiere”.
La pregunta es, claro, ¿cuál de las partes del pacto federal es la que requiere más oxígeno en estos tiempos?
Al frente, la plana mayor del gabinete de seguridad: los titulares de la Sedena, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Comisión Nacional de Seguridad. Los acompañan los gobernadores de los estados de México, Morelos, Michoacán y el anfitrión, Guerrero.
En resumen, el proyecto que explican los altos funcionarios federales consiste en que la Policía Federal y la Sedena toman el control de la seguridad en los municipios de Tierra Caliente y Acapulco, incluyendo las policías municipales; en que habrá un nuevo cuartel en Teloloapan; y que se garantizará el tránsito en las carreteras de la región.
El público está dispuesto así: a los costados, marinos, soldados y policías federales, de pie y formados. Al centro, sillas bajo unas carpas, ocupadas en su mayoría por agentes federales. Sólo dos o tres filas fueron dispuestas para funcionarios locales e invitados especiales. Como la hora de entrada fue rigurosa, una sección del sillerío quedó vacía y un contingente de soldados vestidos de civil fue rápidamente habilitado como público.
Frente a esa asistencia, que completan los muchos escoltas de tanto funcionario, el secretario de Gobernación arenga o confiesa: “Ninguna estrategia será suficiente si no contamos con el respaldo de la sociedad”.
“Andamos como perros o zopilotes buscando a nuestros hijos”
Abajo, la sociedad cuyo apoyo se espera anda en otras cosas: correteando los frijoles o, como centenares de familias destrozadas por el dolor, en la búsqueda de sus hijos, hermanos o padres desaparecidos.
“Andamos como perros o zopilotes buscando a nuestros hijos”, grita María Luisa Bastián, 80 años y tres dientes, al finalizar una marcha de las familias de los otros desaparecidos, que han encontrado en la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa un resquicio para que las autoridades, que los han ignorado por meses o años, les hagan algo de caso.
Se han ido juntando de a poco. Pero en sólo tres semanas ya tienen un registro de 375 desaparecidos, aunque el comité de familiares asegura que faltan muchos más, porque, pese a todo, muchas familias se resisten a presentar denuncia.
Los familiares de los otros desaparecidos –los centenares que se suman a los estudiantes de Ayotzinapa– tienen motivos para el miedo. Y ese miedo tiene nombres, apellidos y una fecha: el próximo 6 de diciembre comenzarán a reincorporarse a sus funciones los policías municipales enviados a Tlaxcala para “capacitación”. Y entre ellos, denuncian padres y madres, hay muchos directamente responsables de abusos, muertes y levantones.
Aunque por los asesinatos de seis personas y la desaparición de 43 normalistas han sido detenidos 49 policías –22 de Iguala y 27 de Cocula–, los familiares dicen que no son todos los que están.
“No podemos denunciar cuando nuestra seguridad no puede ser garantizada”, dice Citlali Miranda, una sicóloga que apoya al comité de familiares de los desaparecidos.
Hoy, en medio de su dolorosa búsqueda, los familiares parecen tener un logro.
El gobernador Rogelio Ortega baja de su camioneta y, frente a familiares, reconoce que “antes de Ayotzinapa hubo mucha gente detenida y desaparecida”. Ofrece escucharlos, una reunión con el secretario de Gobierno y a la demanda concreta de que no regresen los policías municipales, dice: “Estoy de acuerdo con ustedes. Nomás pensar en que regresen revive el temor”.
Por la tarde, tras bloquear por un rato la calle frente al Museo de la Bandera, las familias consiguen el mismo compromiso del presidente municipal sustituto, Silvano Mendiola.
Va a quedar mal con sus elementos el policía primero Carlos Díaz García, quien por la mañana tranquilizaba a los municipales: “No hagan caso de rumores ni de chismes; a partir del 6 todo va a ser igual”.
En la misma bolita estaba Jorge Berrios, apenas nombrado secretario de seguridad pública. Una de sus funciones anteriores fue jefe de la policía estatal en varios municipios, incluyendo Iguala.
–¿Nunca se dio cuenta del comportamiento de la policía municipal?
–Pues no. Nos enfocábamos cada uno en lo nuestro.
Berrios, naturalmente, defiende a los 229 elementos con los que “empezaré de cero” porque, argumenta, “no se puede juzgar ni criminalizar” a todos.
–Le tocó bailar con la más fea.
–Peor es no bailar.
Alardes y elogios
Los funcionarios se despiden. El director del Cisen, Eugenio Imaz, es el único que carga portafolios: uno de aluminio brillante.
De Iguala no pisan sino el cerro del asta bandera, pues regresan como llegaron, en helicópteros. El primero en salir es Osorio Chong. Algunos otros intercambian abrazos, breves charlas, como el gobernador Rogelio Ortega con el procurador Jesús Murillo Karam.
–¿Te fijaste que Morelos es el único que conserva el mando de la policía? –presume el perredista Graco Ramírez camino al helicóptero.
Así será, dijeron antes los funcionarios federales, porque en esa entidad ya existe el mando único.
Al igual que el resto de los gobernadores, Ramírez elogia la estrategia de Peña Nieto porque destierra, dice en su discurso, la “visión estrecha” de la seguridad por municipio.
Como si Ecatepec, el municipio que gobernó, no estuviera hoy a la par de la Ciudad Juárez de hace unos años, el gobernador Eruviel Ávila se empeña en subrayar que en las demarcaciones incluidas en el operativo especial reside menos de 2 por ciento de los mexiquenses.
El resto de la entidad, es de suponerse, es un paraíso en materia de seguridad.
