Celia Díaz García
La Jornada
Córdoba, Ver.- Al no encontrar respuesta en autoridades estatales, activistas del colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre han iniciado la promoción de un amparo bajo el folio 904/2014 ante el Juzgado Décimo Segundo del Séptimo Circuito a fin de denunciar la omisión y acción de diversas instancias a favor de la empresa que tendrá en sus manos la hidroeléctrica El Naranjal.
Gabriela Sainz, integrante del colectivo recordó que no se ha logrado detener la compra ilegal de terrenos, ya que a base de engaños u hostigamiento han coaccionado a los campesinos a que vendan sus tierras.
Pese a que autoridades han mostrado respaldo a los activistas, Sainz denunció tener pleno conocimiento de que los trabajos para la compra de terrenos no se han frenado.
“El temor radica en que además de que las compras de ejidos siguen su rumbo, la empresa –por diversos medios– ha dejado entrever que es casi un hecho la ejecución de la empresa hídrica”.
Y es que mediante redes sociales se han dado a conocer una lista de modificaciones al proyecto original en donde además se hablan de bondades sociales y económicas para la región.
Asimismo, dio a conocer que la Comisión Reguladora de Energía, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) ya han reconocido haber otorgado a la empresa la concesión para generar energía bajo la modalidad de autoabastecimiento.
Con estas acciones explicó, queda claro que se habla de un contubernio entre empresa-gobierno, que ha solapado esta serie de anomalías, de tal manera que demandaron al juez de distrito a que tome en cuenta estos abusos cometidos por la empresa.
Ambientalistas recordaron que el proyecto hidroeléctrico busca asentarse en Amatlán, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Cuichapa y Yanga lo que afectaría propiedades ejidales, comunales y particulares, además de provocar daños en el ecosistema, augurando su destrucción.
