Fernando Inés Carmona
La Jornada
Orizaba, Ver.- Ni la masacre de Ayotzinapa ni las movilizaciones sociales logran que en México las violaciones a los derechos humanos se reduzcan y por el contrario la tendencia es a la alza. Los ayuntamientos de todo el país y la impartición de justicia se identifican como los principales sectores en donde mayores agresiones se registran; el respeto a los derechos humanos sigue siendo un problema delicado.
El presidente del centro pro-derechos humanos Voces de las Altas Montañas, Juan Vega Zamudio, señala que en medio de la situación social que en recientes fechas se desencadenó en el país, los derechos humanos siguen en la vulnerabilidad. “El menosprecio y rechazo al respeto de los derechos por parte de autoridades de todos los niveles, ha venido menoscabando la confianza depositada en ellas. Este menosprecio ejercido muchas veces con el uso ilegal de la fuerza pública impide al hombre a tener acceso a la justicia, a ser verdaderamente libre y a vivir en un ambiente de paz”, expone.
Asimismo los derechos fundamentales, “a la vida, dignidad, igualdad, libertad, justicia y seguridad son derechos cuya protección es responsabilidad de las autoridades de todos los niveles, siendo éstas por acción u omisión las primeras infractoras de dichos derechos”.
Los mejores ejemplos, asegura, lo tenemos en los ayuntamientos del estado y en especial en la zona centro de Veracruz, los ediles que integran los ayuntamientos se rigen bajo una política que no sólo no fomenta la participación ciudadana, sino todo lo contrario “la restringe y la desalienta y descalifica rechazando cualquier forma de criticismo”.
También de forma sistemática se viola el ejercicio de derecho de petición, el derecho de acceso a la información; no se designan recursos para la educación a pesar de estar contemplado por la ley, los ediles de todos los municipios realizan acciones y formulan reglamentos sin consultar al ciudadano y sin escuchar a los afectados en sus derechos e intereses, lamenta.
“En la toma de decisiones trascendentes, los ciudadanos tienen nula participación y si critican son etiquetados como conflictivos y lejos de incluirlos, se trata de silenciar sus opiniones y en muchos casos la fuerza pública es usada para intimidar e inhibir el ejercicio del derecho de expresión”.
Considera que se administran las ciudades y municipios con una clara preferencia por atender y privilegiar a los sectores con mayores ingresos, y se deja fuera al ciudadano de toda participación en la toma de decisiones en la aplicación de recursos públicos.
En el sistema de impartición de justicia, también hay conflictos, “en los ministerios públicos investigadores se continúa siendo el mayor mercado de injusticias, donde el privilegio y monopolio del ejercicio o no de la acción penal que al final obstruye la procuración de justicia y lo único que en esta institución se persigue y se sanciona es la pobreza”.
En el poder judicial al igual que en los Ministerios Públicos, en los Juzgados no se administra justicia, ahí se aplica la ley en función de las capacidades de los litigantes y sus abogados, por ende personas sin recursos políticos o económicos van a ser de manera sistemática los condenados en las sentencias respectivas; en tanto que el Poder Legislativo ni legisla ni representa los intereses de la mayorías, “su conducta como servidores públicos está supeditada a la línea política de sus partidos y a sus intereses particulares”, indica Vega Zamudio.
Hoy a 66 años de que el Estado mexicano suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concluye, los derechos fundamentales de las personas consagrados en este documento así como los Derechos Humanos tutelados por la Carta Magna siguen siendo violentados día a día por quienes están jurídicamente obligados a protegerlos y respetarlos.
Nota redifundida en NOTIGODÍNEZ. Fuente
