Juan Alberto Cedillo
Proceso
En 2011 un comando zeta atacó un municipio coahuilense: buscaba a dos supuestos traidores. Como no los halló, decidió secuestrar a unas 50 personas. Algunas fueron asesinadas, pero el destino de la mayoría aún se desconoce. El Ejército permitió el paso del convoy, la PGR supuestamente filtró información a Los Zetas y los policías municipales fueron los “guías” de los pistoleros –un caso que recuerda al de Ayotzinapa, en Guerrero. Así se explica que el hecho se haya mantenido oculto más de dos años y que a la fecha sólo se hayan emitido cuatro órdenes de aprehensión.
ALLENDE, COAH. (Proceso).- Más de tres años después del ataque perpetrado el 18 de marzo de 2011 en Allende y el norte de Coahuila, la Procuraduría de Justicia estatal liberó cuatro órdenes de aprehensión, dos de ellas contra policías municipales –de los 40 que protegieron a los criminales.
Mientras, el gobierno federal mantiene silencio sobre esos asesinatos, que se ordenaron desde un lujoso rancho ubicado en las inmediaciones del kilómetro 13 de la carretera Villa Unión-Guerrero, el cual fue el centro de operaciones del excabo de infantería Heriberto Lazcano Lazcano El Lazca y Omar Alejandro Treviño Morales El Z-42, otrora líderes de Los Zetas.
Al presentar en conferencia de prensa los avances en la averiguación sobre el ataque que perpetraron Los Zetas en la región conocida como Cinco Manantiales, el procurador estatal, Homero Ramos Gloria, recordó que, en enero de este año, se realizó un operativo de búsqueda en el cual participaron más de 250 militares, policías estatales, federales y forenses.
Se revisaron los municipios de Guerrero, Allende, Zaragoza, Morelos, Nava, Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Hidalgo, Monclova y Sacramento, en donde localizaron al menos tres “narcococinas”, de donde fueron recolectados restos humanos.
Aseguró que las evidencias reunidas sólo en ese despliegue apuntan al secuestro de 28 personas. Se tiene la certeza de que 11 fueron asesinadas, dijo, y de las otras 17 se desconoce su paradero.
En general, además, “la Procuraduría de Justicia de Coahuila ha localizado en el norte de Coahuila 3 mil 450 indicios óseos, de los cuales 2 mil 977 de ellos no es posible (sic) determinar su origen ni obtener el ADN por su grado de calcinación”, informó. Los 473 restantes son analizados para obtener su ADN, “y los resultados sin duda contribuirán en el esclarecimiento de los hechos”, agregó Ramos Gloria.
Horas más tarde, el procurador compareció ante el Congreso estatal y ahí cambió su versión sobre el número de víctimas. A los diputados les comentó que pueden ser más de 50 fallecidos tan sólo en Allende.
Cualquiera de esas cifras contrasta con las que manejan el actual alcalde allendense y las organizaciones de familiares de víctimas: “En total son aproximadamente 300 desaparecidos, pero no se descarta que sean un poquito más”, comenta el presidente municipal Reynaldo Tapia.
La Asociación de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en tanto, ha abierto 88 expedientes de menores y jóvenes que quedaron huérfanos debido a la violencia en aquella zona.
El secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, asienta que la Procuraduría local tiene alrededor de 55 denuncias por personas desaparecidas en Allende. Algunas de ellas implican el secuestro de familias completas: “Partimos de que hay un derecho a la verdad y eso implica que investigamos a fondo”.
Durante su rueda de prensa, Ramos Gloria confirmó los hechos que ha documentado Proceso desde diciembre de 2012:
“La tarde noche del 18 de marzo de 2011 arribó a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila, un número no determinado de sujetos armados”, dijo. Las investigaciones han revelado que los sicarios provenían de Tamaulipas, llegaron en más de 40 camionetas y fueron apoyados y protegidos por los 40 policías municipales de Allende.
“Su objetivo era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo.
“Al no ser ubicado en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad –con el objetivo de causarles un daño o perjuicio– a diversos familiares cercanos de esta persona y, junto con ellos, a sus trabajadores, así como a civiles que tenían –o que quienes ejecutaron la orden asumieron que tenían– alguna relación con quien buscaban.”
En realidad el comando buscada a dos varones: se trataba de los capos de Allende, Héctor Moreno y José Luis Garza Gaytán, quienes provenían de familias adineradas y presuntamente lavaban las ganancias del narco mediante carreras de caballos cuarto de milla para Miguel Ángel Treviño El Z-40.
El procurador dijo que el grupo armado “vandalizó y dañó las viviendas que eran habitadas por familiares de Moreno y Gaytán. Derivado del censo llevado a cabo en Allende se sabe que fueron 48 las viviendas destruidas por el grupo armado y posteriormente saqueadas”.
Semanas antes, los gatilleros ya habían destruido 27 casas y departamentos en Piedras Negras, propiedad del “contador” Alfonso Cuéllar, quien huyó a Estados Unidos y fue imitado por Héctor Moreno y José Luis Garza.
Según las indagatorias, Moreno se llevó entre 5 y 8 millones de dólares de ganancias del tráfico de drogas. En Estados Unidos, él y Gaytán se entregaron a las autoridades y ahora son “testigos protegidos”. Cuéllar también fue detenido en Dallas. Los tres operadores de Los Zetas tienen orden de aprehensión vigente en Coahuila.
Ramos Gloria destacó que, hasta ahora, se han liberado únicamente cuatro órdenes de aprehensión: dos contra exelementos de la Policía Municipal (María Guadalupe Ávalos Orozco y Jesús Alejandro Bernal Guerrero) y dos contra supuestos miembros de Los Zetas (Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez).
“De estos avances se dará vista a las autoridades federales para que en el ámbito de su competencia ejerzan la facultad de atracción y procedan a la investigación” concluyó el procurador.
El castillo de la impureza
El ataque en Allende se organizó desde un lujoso rancho propiedad de Heriberto Lazcano. Desde ahí también se trazaron nuevas ruta del narcotráfico y se diseñaron las estrategias de la guerra contra el Cártel del Golfo y las huestes del Chapo Guzmán, exjefe del Cártel de Sinaloa.
Lazcano habitó ese rancho a partir de 2010. También lo usó Omar Treviño Morales. La vivienda de estilo californiano está decorada con fina madera y lujosos detalles. El interior destaca por su elegancia y diseño sobrio.
El predio cuenta con caballerizas, corrales, amplias residencias, bodegas, juegos infantiles, casa de muñecas y un pequeño lago artificial, donde habitaron cocodrilos y ahora luce seco.
El espacio contrasta con otros “narcorranchos” incautados en Tamaulipas, Michoacán o Sinaloa, los cuales se distinguen por una decoración abigarrada.
Fuentes de la Cuarta Región Militar confirman que el mandamás de Los Zetas operó en este sitio a partir de los primeros meses de 2010. Lazcano lo escogió por su ubicación: está cerca de carreteras solitarias que en pocos minutos llevan a la frontera con Texas. Las conexiones incluyen ciudades de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Además, está rodeado de decenas de brechas para escapar a regiones serranas.
La élite de Los Zetas abandonó Tamaulipas y se refugió en Coahuila a finales de febrero de 2010, cuando se separaron del Cártel del Golfo y comenzó una narcoguerra entre ambas organizaciones.
El auge de Los Zetas ocurrió bajo la administración del gobernador Humberto Moreira. Desde 2007 ese grupo comenzó a controlar las principales ciudades del estado: Saltillo, la capital; la estratégica Piedras Negras; Ciudad Acuña; Monclova, y la zona metropolitana de Torreón.
El zeta Mario Alfonso Cuéllar, segundo al mando en Piedras Negras, contó a las autoridades estadunidenses que Los Zetas cambiaron a la frontera de Coahuila el contrabando de droga que anteriormente realizaban por Tamaulipas. Especificó que metían a Estados Unidos entre 800 y mil kilos de cocaína al mes por Piedras Negras, ciudad fronteriza que continúan controlando y donde recientemente se reunieron los capos de cuatro organizaciones delictivas para acordar una alianza.
Desde 2008 Omar Treviño fue designado jefe de la región norte de Coahuila y era quien operaba el trasiego de drogas a través de Piedras Negras.
Poncho Cuéllar contó que tenían compradas a todas las autoridades: “A la policía se le paga una cuota para que trabaje para Los Zetas, lo mismo al Ejército y altos funcionarios del gobierno”, confesó.
En Coahuila, Lazcano incursionó en el negocio de las minas de carbón, que vendía a través de empresarios de la industria acerera. Incluso consiguió contratos con el gobierno de Moreira, los cuales salieron a relucir en el juicio que se le sigue en San Antonio al extesorero estatal Javier Villarreal.
Lazcano debió abandonar su lujoso rancho en 2011 y refugiarse en Monclova, cuando efectivos de la Séptima Zona Militar lo intentaron capturar. La Secretaría de la Defensa jamás informó sobre el fallido operativo y en el sitio únicamente quedaron las huellas de la batalla.
En Monclova, el 23 de abril de 2012, Lazcano volvió a escapar de los militares, pero finalmente fue abatido por marinos la tarde del 7 de octubre de 2012 en Progreso, gracias a una delación de miembros de su cártel.
A ocultar los hechos
La masacre y secuestro colectivo que perpetraron Los Zetas en Allende contó con la complacencia y complicidad de varias autoridades: Las municipales, que proporcionaron a los sicarios la ubicación de residencias de integrantes de las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán; efectivos del Ejército que vigilaban la región –apostados en la garita del kilómetro 53 de la carretera 57– y que dejaron pasar a decenas de camionetas provenientes de Tamaulipas con hombres armados, y las autoridades estatales y federales, que mantuvieron ocultos los crímenes por cerca de dos años.
Además, y de acuerdo con fuentes allegadas al caso, los asesinatos fueron inducidos por altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR), que supuestamente filtraron a Treviño Morales información proporcionada a esa dependencia por la DEA, la cual precisaba que los capos de Allende estaban traicionando al líder zeta.
Los sicarios encabezados por el lugarteniente tamaulipeco Comandante Flacaman levantaron a familiares de Moreno y Villanueva y a decenas de personas. Los llevaron a un rancho propiedad de la familia Garza Gaytán, ubicado en el kilómetro siete de la carretera Allende-Villa Unión, donde fueron ejecutados e incinerados. A diferencia de lo que supuestamente ocurrió en Cocula, Guerrero, con 43 normalistas, los sicarios estuvieron trabajando varios días para desaparecer los cadáveres, los cuales se metieron en barriles y fueron incinerados con diésel y aceites. En el rancho aún se pueden ver decenas de envases de combustibles comprados a distribuidores de Pemex.
Esos delitos fueron denunciados por los familiares de las víctimas y quedaron registrados en la denuncia penal CEIYCS/012/2011 de la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Sin embargo, el entonces procurador Jesús Torres Charles se lavó las manos y, argumentando que eran “delitos de orden federal”, se limitó a mandar la denuncia a Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la ahora llamada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Para conocer el contenido de ese documento, el diputado local del PAN Edmundo Gómez Garza solicitó una copia al procurador federal, Jesús Murillo Karam. La PGR respondió que entre sus archivos no existe ese papel.
“Se ha informado que en esta institución se recibió el expediente relativo a los sucesos trágicos ocurridos en el municipio de Allende (…). Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó la búsqueda de la información en la Unidad Especializada adscrita a esta Subsecretaría, misma que indicaron que no encontraron registro alguno de lo antes descrito”, respondió la PGR a la petición del diputado.
Gómez Garza también envió una misiva a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos preguntando por qué no investigaron los hechos. La respuesta del organismo que presidía Raúl Plascencia Villanueva fue: es un asunto de carácter local.
El exómbudsman incluso se negó a hablar sobre los crímenes cuando acudió a Saltillo para participar en un acto sobre desaparecidos. Fue hasta septiembre de 2014 que el entonces titular de la CNDH aseguró que ya estaban “investigando el caso de Allende”, es decir, más de tres años después de la tragedia.
