Diana Baptista
Reforma
Cd. de México, México (31 diciembre 2014).- La desaparición de una persona trae consigo una reducción en el ingreso económico familiar anual, revelan cifras de la organización Gobernanza Forense Ciudadana.
El organismo financiado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Gobierno británico inició en septiembre el Registro Nacional Ciudadano de Personas Desaparecidas (RNCPD) como parte de su objetivo de crear una base de datos genéticos.
Hasta el momento hay contabilizadas 406 personas que no han podido ser localizadas.
Y en el 38 por ciento de los registros, las familias reportaron una disminución en sus finanzas a raíz de la desaparición de un pariente mientras que un 52 por ciento se mantiene igual.
En algunos casos la reducción del ingreso anual fue de 69 por ciento, según las estadísticas.
El registro ciudadano también reveló que el 97 por ciento de las familias siguen buscando a sus seres queridos, sin importar el tiempo que haya pasado desde su desaparición.
El reporte agrega que existe una baja cifra negra de desapariciones no reportadas ante la autoridad, debido a que las familias han perdido el miedo a denunciar.
Así, hay una tasa de denuncia del 81 por ciento en casos de desaparición, contra una tasa del 8 por ciento en cuanto a otros delitos.
«Es natural que los informantes que ya presentaron una averiguación previa reporten su caso a través de otros instrumentos, ya han saltado el umbral del miedo.
«El razonamiento costo-beneficio de la denuncia, para los casos de delitos menores, no aplica en esta situación y las familias que buscan a sus desaparecidos, por todos los medios, tienden a denunciar a pesar del miedo», explica el informe.
Las estadísticas de Gobernanza Forense aportan otros datos sobre las características de las personas desaparecidas. Por ejemplo, el 85 por ciento son hombres y el 48 por ciento cuenta con educación media superior y superior.
Sólo se cuentan con nueve casos de extranjeros desaparecidos, mientras que el resto son mexicanos.
Aunque cualquier persona puede acercarse a la organización para registrarse dentro de la base de datos genética, el trabajo se ha concentrado en pocos estados del País.
Bajo esa consideración, el registro señala a Guerrero como la entidad con mayor número de desapariciones, con el 38 por ciento del total; le sigue el Estado de México, con el 20 por ciento; Tamaulipas, con el 10 por ciento, y Nuevo León con el 5 por ciento.
Por debajo del 5 por ciento se enumeraron a Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Michoacán.
El 22 de diciembre, después de firmar un convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la activista Julia Alonso reveló que, tan sólo en Iguala, Guerrero, se han registrado a 250 familiares de desaparecidos.
