Patricia Mayorga
Proceso
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La rectificación de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en la entidad sobre la muerte de José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, presunto asesino de la activista Marisela Escobedo Ortiz, en el sentido de que se trató de un crimen y no de una muerte fortuita, como inicialmente se dio a conocer, despierta más dudas que certezas.
Luz Estela Castro Rodríguez, representante legal de la familia de Marisela Escobedo y directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), dice que sin la complicidad de las autoridades penitenciarias es improbable que se registre un homicidio en un penal certificado por la Asociación de Correccionales de América (ACA).
“En el área de alta seguridad se supone que en la pantalla deberían estar viendo cuando lo estaban asesinando; es una falacia eso de las certificaciones de los Ceresos”, indica.
Castro Rodríguez refiere que al enterarse del deceso de El Wicked, se comunicó con el secretario particular del fiscal general Jorge González para solicitarle, a nombre de la familia, una segunda autopsia para despejar dudas porque no es posible que primero digan que se trató de un infarto y luego que fue un homicidio.
“El Estado está realizando una estrategia de complicidad. La pregunta es a quién beneficia la muerte de José Enrique Jiménez”.
Castro Rodríguez recuerda que El Wicked nunca fue enjuiciado por el homicidio de Marisela Escobedo, ya que sólo se le imputó el ilícito y se dictó prisión preventiva.
También reclama que el gobierno estatal haya incumplido la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de Escobedo Ortiz, ya que el ombudsman indicó que la Fiscalía debe continuar la línea de investigación en la que la familia señala como autor material a Andy Barraza, hermano de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de la hija de Marisela, Rubí Marisol Frayre Escobedo.
“Los antecedentes del caso son importantes para pugnar por el esclarecimiento de esa conveniente muerte, porque pretenden cerrar un caso emblemático como absurdamente lo expresa el gobernador. Afortunadamente hay instancias internacionales para denunciar violaciones”, advierte la activista.
Y es que el gobierno de César Duarte ha presentado en el transcurso de la investigación a dos asesinos materiales y dos armas distintas como evidencias supuestamente científicas.
“La familia ha señalado a Andy Barraza, y son señalamientos serios del hermano de Marisela, es una evidencia directa como testigo presencial. No hay una razón lógica para que una familia lastimada, que tuvo que huir y pedir asilo en Estados Unidos, quisiera exonerar a un individuo en un juicio abreviado, ¿qué incentivo puede tener una familia para exonerar al asesino de su mamá o de su hermana? Ellos (la familia) están convencidos de que El Wicked era inocente en este caso; incluso el retrato hablado no coincide con las características de él”, detalla Luz Estela Castro.
“Ahora han presentado dos versiones por un mismo caso, pues primero dicen que fue infarto, y luego, cuando la familia exigió una segunda autopsia y los videos, dijeron que fue un asesinato”.
La defensora también dice que el hermano de Marisela declaró ante la PGR que el autor material del crimen de la activista fue Andy Barraza, por lo que las autoridades deben seguir esa línea de investigación.
“Hay que hacerle un reclamo fuerte a José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque debe dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH y, por el contrario, se ha convertido en vocero de gobernador, al asegurar que este es un caso cerrado con la muerte de El Wicked”.
Castro Rodríguez enfatiza que la muerte de presuntos feminicidas en los penales ha sido un patrón de las autoridades para cerrar casos emblemáticos, como el de Omar Latif Sharif Sharif, así como Gustavo González Meza, La Foca.
“Son casos emblemáticos fabricados por el Estado, bajo la muy acertada frase de que ‘los muertos no hablan’”, fustiga la activista.
Además, señala que El Wicked era uno de los prisioneros consentidos del gobierno, porque lo mostraban y lo movían para dar conferencias de prevención, donde compartía su historia de vida.
“Hay un absoluta impunidad en caso el caso de Marisela, de Rubí, y ahora en el asesinato de este joven como presunto responsable, a quien no lo reconocieron las víctimas como tal; todo ello acrecienta la certidumbre en el sentido de que el asesinato de Marisela fue un crimen de Estado”, aclara Luz Castro.
Por último, la activista refrenda que el caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
