Juan Carlos Miranda
La Jornada
México, DF. Grupo Higa, la empresa que construyó la casa de la esposa del presidente, Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, podrá volver a participar en la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querrétaro cancelada en noviembre, (al igual que las demás empresas del consorcio) ya que no existe ninguna sanción en contra de ellas, aseguró el subsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Olivas.
En conferencia de prensa prensa para detallar el convenio “Fomento de la Integridad, Transparencia y Buenas Prácticas” firmado el viernes pasado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Olivas Ugalde indicó que hasta el día de hoy no hay ninguna sanción en contra de las empresas que participaron en el proceso.
El consorcio que había ganado dicha licitación era el integrado por las empresas GIA-A de Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari; Constructora Teya, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir; GHP Infraestructura Mexicana; las empresas chinas China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited y la francesa Systra, filial del Sistema Nacional Ferrocarriles de Francia.
Sin embargo, el proceso se canceló de manera sorpresiva unos días después de anunciarse el fallo, poco antes de la difusión de un reportaje que documentó que el dueño de Constructora Teya, Juan Armando Hinojosa Cantú, lo era también de grupo Higa, la cual edificó obras millonarias para el estado de México cuando Peña Nieto fue su gobernador, alquiló aeronaves al PRI para la campaña presidencial de 2012 a través de su filial Eolo Plus y construyó una casa en las Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México a gusto del presidente Peña Nieto y su esposa, y en la que planean vivir cuando concluya su sexenio.
En diciembre, durante una reunión de trabajo con la comisión especial del tren rápido en la Cámara de Diputados, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que la empresa quizá no estaba imposibilitada de manera legal para volver a participar en el proceso pero opinó que sí lo estaba desde el punto de vista de la opinión pública.
Julián Olivas explicó que para poder inhabilitar a una empresa que ha incurrido en alguna conducta apartada de la Ley, la SCT lleva a cabo un procedimiento de investigación y de aplicarse alguna sanción, ésta debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Si ustedes consultan los diarios oficiales no aparecen esos nombres (los de las empresas que participaron en el proceso). Si no están en el Diario Oficial cualquier empresa puede participar siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos y de experiencia que en su momento se señalen en las bases de licitación”, indicó el funcionario.
Respecto a la supervisión que el propio Ruiz Esparza solicitó por parte de la OCDE para transparentar el proceso, Olivas Ugalde señaló que se trata simplemente de recomendaciones que la autoridad puede o no acatar.
“Son recomendaciones que hace de mejores prácticas que se tienen de los países de la propia OCDE y que vienen a coadyuvar a hacer más transparente. Al final del día lo que prevalecen son las normativas del Estado mexicano y podemos incorporar otras prácticas siempre y cuando sean acordes a la legislación nacional”, puntualizó.
