Ya sabíamos que pasaría todo esto si dejábamos que Televisa y compañía impusieran a su títere, ¿por qué se rasgan las vestiduras ahora, como si les cayera de sorpresa? El chiste era impedir la imposición para evitar todo este entreguismo. No lo hicieron y aquí están las consecuencias. Pero lo peor es que estos «académicos» y «actores de la sociedad» SIGUEN SIN CONVOCAR A LA CIUDADANÍA A ELIMINAR LA CAUSA PRIMERA DE TODOS ESTOS PROBLEMAS –DERROCAR A PEÑA Y SU PANDILLA– Y EN LUGAR DE ESO VUELVEN A APOSTAR POR LA SIMULACIÓN («solicitar que antes de ser aprobada, la nueva ley sea debatida entre diversos sectores»). Sigan neceando con «debatir» con los delincuentes entonces, simuladores, cómplices de los peores criminales de este mundo.
Emir Olivares Alonso
La Jornada
La iniciativa de la Ley General de Aguas –aprobada el miércoles por las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados– viola en diversas formas el derecho humano al agua, señalaron académicos de diversos institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Rechazaron este proyecto de ley por considerar que “criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del recurso, intensifica los conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana”.
Los académicos dieron a conocer ayer un documento en el que hicieron un análisis de la iniciativa y, entre otras cosas, advirtieron que esta ley limitará el uso del agua a 50 litros diarios por persona, cantidad que “pone en riesgo la salud”, pues un análisis jurídico realizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental y por la Organización Mundial de la Salud señala que “el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona”.
La Jornada adelantó ayer que los universitarios solicitarán al rector de la UNAM, José Narro Robles, realizar un pronunciamiento contra esta iniciativa y que solicite que antes de ser aprobada sea debatida entre diversos sectores.
El documento, firmado por María del Carmen Carmona, José Carrillo y Rafael Huízar, de los institutos de Investigaciones Jurídicas, Geografía y Geología de la máxima casa de estudios, resalta que la “propuesta de ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio”.
Esto debido a que el artículo 148 de la ley establecería que quienes deseen realizar investigación en torno a este recurso natural deberán solicitar permiso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y, en caso de que éste sea negado, y a pesar de ello lo realicen, las multas irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo.
Al respecto, los científicos de la máxima casa de estudios subrayaron que la investigación científica no sólo hace uso de la información publicada por las instancias de gobierno, sino también requiere de generar nueva información para actualizar el conocimiento.
En lo referente a la contaminación del agua, los universitarios advirtieron que la iniciativa indica que si “naturalmente el agua presenta una concentración de equis elemento menor a lo señalado en las normas relativas, entonces (éste) se puede incorporar”.
Otro elemento “inconstitucional”, enfatizaron, es que se quiere limitar el derecho humano al agua a sólo las personas que viven en asentamientos urbanos, lo que significa que muchas localidades rurales e indígenas quedan fuera de tal definición.
Señalaron, además, que la participación ciudadana no está contemplada en la propuesta de ley, pues no se permite que las personas organizadas que trabajan en torno al líquido se unan a los Consejos de Cuenca.
