Cecilia Banderas
Revolución 3.0
(25 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alejandro Jaime Gómez Sánchez, intentó deslindar de responsabilidades a dicha dependencia en el caso Tlatlaya, y sostuvo que fueron “presumiblemente” elementos del Ejército mexicano quienes alteraron la escena del crimen y no personal de la instancia todavía a su cargo.
En su comparecencia ante el Pleno del «Senado de la República» como aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -tras ser propuesto por el Ejecutivo federal como parte de una de las ternas entre las que los senadores deberán elegir a los sustitutos de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza- Gómez Sánchez trató de minimizar las “posibles” omisiones, deficiencias o insuficiencias del personal de la procuraduría mexiquense en el procesamiento del lugar de los hechos, al argumentar que se suscitaron por la “complejidad del caso, las circunstancias del lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento”.
El funcionario mexiquense afirmó que la procuraduría procesó el lugar donde fueron asesinadas 22 personas el 30 de junio del año pasado, “en los términos en que este fue hallado”, luego de que la dependencia atendió el llamado de los militares por la comisión de delitos federales, “en apoyo y auxilio del Ministerio Público de la Federación”; sin embargo, ante lo que llamó “la urgencia del caso”, llevó a cabo las primeras diligencias, entre ellas, entrevistas a los elementos castrenses -quienes dijeron que había habido un enfrentamiento con un grupo armado- y a las mujeres que fueron encontradas en el lugar.
Según lo declarado por el procurador, tres días después de los hechos en Tlatlaya –cuando Eruviel Ávila, gobernador de la entidad y otros funcionarios habían aplaudido públicamente el actuar de la milicia- la carpeta de investigación fue entregada a la Procuraduría General de la República para la continuación de las investigaciones por tratarse de hechos, materia de su competencia.
Respecto a los señalamientos de tortura y malos tratos presuntamente ejercidos en contra de los sobrevivientes de la balacera, Gómez sostuvo que el Ministerio Público ejerció acción penal en contra de los probables responsables, quienes se encuentran vinculados a proceso penal y que la recomendación de la CNDH, está “en vías de cumplimiento”.
Los otros aspirantes…
Además del todavía procurador mexiquense, ante el Pleno del Senado compareció el resto de los candidatos a quedarse con los dos puestos que incluyen el nada despreciable sueldo de más de 4 millones de pesos anuales, por los 15 años que durará el periodo para el que podrían ser electos.
Antes que Gómez Sánchez hiciera uso de la palabra, por el Salón de Sesiones ya había desfilado Sara Patricia Orea Ochoa quien inició su presentación afirmando: “desde el contenido formal de la Constitución, reúno los requisitos para ocupar el alto cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
“Desde el más alto juez, como ya lo había dicho, que lo representa un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, seguido por los juzgadores de segunda y primera instancia, locales y federales, tenemos que indignarnos con la injusticia, no dejar de conmovernos con el dolor de los justiciables, pensando que con ello perdemos la condición de juez. Porque aquellos que puedan endurecerse en su función, que no tengan compasión de los justiciables, llámese víctima, llámese victimario, no servirán para ser juzgadores porque no velarán por los derechos humanos”, sostuvo la aspirante.
En seguida comenzó su intervención Norma Lucía Piña Hernández, quien argumentó que imagina la encomienda de la SCJN “dirigida a contribuir, a transitar, de un Estado de derecho a un Estado constitucional de derecho que conlleva el sometimiento completo del poder al derecho, a la razón”.
Verónica Judith Sánchez Valle fue la siguiente oradora, e hizo una disertación sobre los derechos humanos y los artículos constitucionales que los consagran.
Álvaro Castro Estrada, otro de los candidatos, se declaró “firme combatiente de la corrupción” y afirmó no tener ningún conflicto de intereses.
Por último, intervino Javier Laynez Potisek, quien se definió como “un mexicano afortunado de colaborar en la transformación constitucional reciente del país, que ha sido partícipe activo en la trinchera de la acción gubernamental y que he tenido una enriquecedora experiencia en el litigio constitucional, que ha complementado el estudio y la actualización del conocimiento del derecho con una labor académica ininterrumpida como profesor universitario”.
