Esposa del empresario Riobóo ya es ministra de la SCJN pese a pruebas de que mintió ante Senado

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México, 27 de marzo 2019 (NOTIGODÍNEZ).- La abogada Yasmín Esquivel Mossa, cónyuge del empresario constructor José María Riobóo Martín, tomó posesión de su nuevo cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pese a que mintió en su comparecencia ante el Senado de la República.

La designación de Esquivel Mossa fue duramente cuestionada desde que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, la incluyó en su terna de candidatos para remplazar a la «ministra» Margarita Luna Ramos. Diversas voces se pronunciaron en contra debido al evidente conflicto de interés que implica su relación matrimonial con Riobóo, uno de los empresarios más favorecidos durante el sexenio de López Obrador (2000-2006) como jefe de gobierno capitalino.

En efecto, la revista Proceso ha exhibido pruebas documentales de que la esposa de Riobóo mintió durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, al deslindarse de conflictos de interés a su paso por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

El citado medio recordó que en 2012, el tribunal capitalino que ella preside resolvió un caso en favor de la firma de su esposo, Grupo Rioboó, favorecida con la construcción de la obra hidráulica de la Supervía Poniente, autorizada por el entonces gobierno del Distrito Federal (GDF) en ese momento a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La constructora de Riobóo inició el desarrollo de la obra pese a que el Tribunal Administrativo había declarado, en primera instancia, la invalidez de la manifestación de impacto ambiental. No obstante, el 4 de abril de 2012, la firma gestionó el visto bueno del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) e incluso dejó en claro que personal del gobierno capitalino había ayudado a las maniobras técnicas de la empresa.

Posteriormente, Riobóo apeló ante el tribunal que ya presidía su mujer, la «magistrada» Esquivel Mossa, para desechar el primer fallo que había invalidado la manifestación de impacto ambiental. En su momento, diversas organizaciones civiles exigieron a Esquivel Mossa retirarse de ese juicio de apelación por el evidente conflicto de interés en el caso.

No obstante, la presidenta del tribunal administrativo desoyó la petición y se sumó a la votación de seis a uno, en la Sala Superior, para revertir la resolución previa del Tribunal que había sentenciado como ilegal la manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa de su esposo.

El primer fallo, detalló Proceso, tomó en cuenta que no se había hecho la consulta pública prevista en la Ley Ambiental de la capital y que la Barranca de Tarango, por donde pasó el trazo de la Supervía, estaba catalogada como “área de valor ambiental del DF”, por la misma ley, y por tanto la obra tenía un vicio legal de origen.

Con su voto a favor de desechar esa resolución, Esquivel Mossa favoreció descaradamente a su esposo incurriendo con ello en las responsabilidades establecidas en el Código de Procedimientos Civiles de la capital del país, tal como en su momento lo denunció la organización internacional ambientalista Greenpeace.

El pasado 5 de marzo, durante su comparecencia ante los senadores de la Comisión de Justicia, Esquivel Mossa mintió al negar su evidente implicación en conflicto de interés por no excusarse como la sociedad se lo exigía, y encima votar a favor del proyecto de resolución que dio vía libre a la construcción de la obra, aunque ésta ya se había realizado debido a la dilación del mismo tribunal para resolverlo.

Adicionalmente, el tribunal capitalino enfrenta dos juicios promovidos por sendos exmagistrados que salieron durante la gestión de Esquivel. Uno de ellos, Jorge Fernández Souza, denunció que no ha podido recibir la pensión que por derecho le corresponde debido a que Esquivel Mossa ha utilizado recursos judiciales para prolongar el juicio que interpuso en tal sentido.

Por su parte, el magistrado Carlos Rebolledo demandó al tribunal tras ser obligado a renunciar a su cargo a los 75 años, pese a que, por ley, su nombramiento es inmovible.

Con información de Apro

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