Por Luis Hernández Navarro
(La Jornada)
El abogado Vidulfo Rosales está en el centro de la tormenta política nacional. Defensor incansable de los padres de familia de los 43 muchachos de Ayotzinapa desaparecidos, su voz irrita a los poderosos. Por eso, durante las últimas dos semanas se ha lanzado en su contra una infame campaña de calumnias.
Mediante filtraciones a la prensa de llamadas telefónicas, supuestamente suyas, se le quiere asociar, a él y a los familiares de los estudiantes, con el crimen organizado. De paso, se le muestra como un hombre racista y despótico en el trato a los más humildes. Su biografía desmiente las mentiras que se dicen en su contra.
Vidulfo Rosales nació en 1976 en el poblado de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en Guerrero. La región, mayoritariamente me’phaá o tlapaneca, se encuentra lejos de los grandes centros urbanos de la Montaña y la Costa y, durante muchos años, estuvo prácticamente incomunicada.
Vidulfo es indígena y está orgulloso de serlo. Es el mayor de ocho hermanos y le tocó hacer el trabajo más duro en el campo. De la mano de su padre, aprendió a hacer surcos y a sembrar maíz, frijol y calabaza.
Cuando Rosales estudió la primaria y la secundaria, su pueblo carecía de luz y carreteras. Para trasladarse a cualquier otra comunidad no había de otra que caminar grandes distancias. Para llegar a Tlapa, la principal concentración urbana de la Montaña, se requería viajar día y medio, y trasladarse a pie durante seis horas para llegar adonde pasaba el autobús.
En esa geografía trató de implantarse en la década de los sesenta la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez. El abuelo de Vidulfo y su padre la ayudaron con alimentos y dando recados. Y, cuando el movimiento fue aniquilado, pagaron las consecuencias de su osadía. Apuntalados por el Ejército, los caciques regresaron a cobrar venganza y a esquilmar a la población. A su padre lo despojaron de los terrenos que tenía. Su intento de defenderse litigando en los tribunales agrarios fue infructuoso.
Ese expolio del patrimonio familiar marcó el futuro de Vidulfo. Desde pequeño su papá lo motivó a estudiar para abogado, «para que nos defiendas, para que no suframos estas injusticias». El hijo creció cargando esa misión sobre sus espaldas.
Rosales entró en 1990 a la preparatoria en Tlapa. Para ganarse la vida, trabajaba en una tienda grande que vendía pollo. Los dueños controlaban prácticamente toda la cadena productiva. Vidulfo hacía los trabajos más pesados en la matanza de las aves y dormía en el negocio. No le pagaban salario. Debía conformarse con la comida, el hospedaje y un «regalo» de 20 pesos a la semana.
Los dueños de la empresa, como muchos mestizos de Tlapa, eran muy racistas. Vidulfo sufrió esa discriminación en carne propia. Los patrones lo ofendían, le gritaban, le mentaban la madre. Le decían guanco (gente del cerro), que es como los mestizos nombran con desprecio al indígena, para humillarlo o denigrarlo.
Al finalizar la preparatoria le nació la inquietud política. Era 1994 y tenía ya 18 años. El levantamiento zapatista en Chiapas y los movimientos populares en Guerrero desencadenaron una profunda convulsión en el estado. Rosales comenzó a participar entonces en el Movimiento Estudiantil de Liberación Popular.
Al terminar la prepa, se trasladó a Chilpancingo para continuar sus estudios de abogado. Ingresó a la universidad, vivió primero en un albergue en el DIF y luego en una Casa de Estudiantes, y trabajó lavando coches y camiones de la línea Estrella Blanca. Fue elegido secretario de asuntos exteriores de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense. Simultáneamente acompañó a diversos movimientos sociales de la entidad, que terminaron articulándose en el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional FAC-MLN.
Al quinto año de estudios, Manuel Olivares lo invitó a colaborar con el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en Chilapa. Aunque inicialmente no creía mucho en los derechos humanos, encontró en ellos una herramienta para ayudar a los pueblos indios y a los más necesitados.
Dos años después comenzó a participar en el área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Se trasladó a Tlapa para estar más cerca de sus orígenes y su comunidad. Desde allí se ha hecho cargo de casos como el de Inés Fernández y Valentina Rosas, las mujeres indígenas violadas por elementos del Ejército en 2002; el de la presa La Parota, y el del asesinato de los indígenas Raúl Lucas García y Raúl Ponce Rosas. Eso lo expuso a una fuerte confrontación con el Estado, que muchos funcionarios no le perdonan aún.
Desde 2007, apoyó a los estudiantes de Ayotzinapa, víctimas de la represión gubernamental. Como resultado de su participación en el caso de los normalistas asesinados por la policía el 12 de diciembre del 2011, entabló una relación muy cercana con los ayotzis. Las autoridades lo presionaron para que abandonara el caso, advirtiéndole que el comandante y el fiscal señalados como torturadores por los estudiantes estaban vinculados al crimen organizado. Como siguió adelante, un grupo de pistoleros lo persiguió y baleó. Poco después recibió una amenaza de muerte. Para proteger su vida abandonó el país y vivió en Estados Unidos y Costa Rica.
Vidulfo regresó a México en 2013. De inmediato apoyó a los maestros de la Ceteg que rechazan la reforma educativa, elaborando una propuesta de legislación alternativa. Y cuando esperaba tener finalmente un momento de tranquilidad, se le vino encima la noche de Iguala. Desde entonces, de día y de noche, acompaña a los padres de los 43 en su largo y arduo peregrinar por la verdad y la justicia.
Fiel a sus raíces y a su gente, a los pueblos indígenas de los que forma parte, considera que la campaña de calumnias de la que es víctima busca dos cosas. Por un lado, ensuciar y aislar un movimiento digno que sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para el gobierno. Por el otro, fracturar la unidad interna. Pero, a pesar de las difamaciones en su contra –dice–, no va a doblar la página. Tiene prohibido olvidar.
