México, 17 de julio 2016 (NOTIGODÍNEZ).- Aludiendo nuevamente a presuntos delitos contra la salud, el juez local de Michoacán, Ramón Rocha, negó el pasado jueves la libertad preventiva al médico José Manuel Mireles Valverde, exvocero de grupos de autodefensa en la entidad, quien lleva más de dos años preso en el penal de Hermosillo, Sonora, acusado de portación ilegal de arma exclusiva del Ejército Mexicano.
De acuerdo con el diario La Jornada, el titular del juzgado con sede en Uruapan resolvió que, no obstante la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, no procede sustituir la prisión preventiva cuando el reo tiene una sentencia definitiva por un delito doloso, ajeno al proceso en curso.
Según Rocha, Mireles tiene pendiente una acusación por delitos contra la salud derivada de su captura con 86 kilos de mariguana, el 8 de noviembre de 1988 en Tepalcatepec. Por ese presunto delito, el juzgado segundo de distrito de Michoacán habría condenado a Mireles a 7 años con 3 meses de prisión, el 15 de mayo de 1991.
No obstante, se denunció que la resolución de Rocha es absolutamente ilegal y que la delegada de la «procuraduría general de la república» (PGR), Bertha Paredes Garduño, es la responsable de que el doctor Mireles continúe en prisión, pues ella y dos funcionarios “de alto nivel” amenazaron al juez para que fallara contra el líder autodefensa.
“La resolución del juez quinto de Distrito, José Ramón Rocha González, es ilegal y va en contra del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que Mireles podía seguir su proceso en libertad”, señaló Ignacio Mendoza Jiménez, uno de los integrantes del equipo legal del médico.
“La defensa está en contra de lo que propone el fallo por haber tenido [el juez] esa reunión con Bertha Paredes Garduño y dos altos funcionarios de la PGR ‘en lo oscurito’, y por amenazar al juez o darle ‘línea’”, añadió en entrevista para la agencia Proceso, refiriéndose a una presunta reunión en solitario entre Ramón Rocha y los mencionados funcionarios.
Sin especificar la fecha de la reunión, el defensor de Mireles insistió en que el juez y la delegada de la PGR se reunieron en privado, y que el propio Rocha lo confirmó asegurando que en ese encuentro «no se había tratado el tema de Mireles».
“No puede el juez que lleva el caso reunirse en solitario con la parte acusadora, porque es ilegal. Si se está abordando algo del caso, la defensa debiera estar presente.
“Nunca le tuve confianza al juez, pues un día antes me dijo que no habían tratado nada de Mireles, y si se hubiera apegado al Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a derecho, Mireles estaría libre”, abundó.
En tal sentido, aseguró que el régimen usurpador del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, «le tiene pavor» a su cliente debido a la crisis de legitimidad que atraviesa.
“Otra vez le negaron su libertad al preso político Manuel Mireles y no me sorprende, pues el [régimen usurpador], ante la crisis de credibilidad y legitimidad por la que atraviesa, le tiene más miedo que nunca. A él no lo han podido doblegar como lo hicieron con Semeí Verdía de Aquila”, concluyó.
Les podemos adelantar lo siguiente: Mireles NO saldrá de la cárcel este sexenio. Así opera históricamente el PRI(AN). Pasado el fraude de 2018, el usurpador en turno —Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón alias «El Bronco» o cualquier otro designado por la oligarquía— liberará a varios de los presos políticos del régimen anterior para obtener legitimidad. Así lo hizo Peña Nieto en 2012, liberando a Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FDPDT) y preso político del genocida Felipe Calderón, y de pilón a la francesa Florence Cassez. Así lo han hecho regímenes usurpadores pasados, liberando a presos políticos de sus antecesores para satanizarlos y presentarse ellos como «bienhechores y justicieros», resultando ya en los hechos mucho peores.
Sentarse a esperar esa falsa «justicia» oportunista sería no sólo indigno para el propio Mireles, sino para el pueblo ENVILECIDO más que nunca si es que vuelve a permitir otra usurpación y encima, impunidad con megapensión vitalicia para el actual genocida Enrique Peña Nieto y toda su familia espuria.
Con información de La Jornada y Proceso
