Isaín Mandujano
Proceso
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Con 26 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el Congreso local aprobó hoy la iniciativa del código que establece el “uso legítimo de la fuerza” por parte de las instituciones de seguridad pública estatal, reforma considerada por activistas y legisladores de oposición como “un retroceso más en materia de derechos humanos” en la entidad.
La reforma supuestamente regula el uso de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales, así como avala el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas.
Este hecho puso en estado de alerta a activistas y organismos no gubernamentales, aunque las voces para frenar la «reforma» fueron aisladas.
Hoy, en el seno del Legislativo sólo estuvieron en contra de la polémica iniciativa cuatro legisladores de oposición: dos diputadas del PRD, Alejandra Soriano y Hortensia Zúñiga; un legislador del Movimiento Ciudadano (MC), Vladimir Balboa; Sonia Catalina Álvarez, del PT, y la panista Gloria Luna Ruiz, quien se abstuvo de respaldar la propuesta.
El resto votó a favor de la iniciativa presentada por el «gobernador» Manuel Velasco.
El nuevo Código considera que una manifestación es violenta cuando un grupo de personas se encuentra armado, o bien en la petición que se hace ante la autoridad se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que se deseen, o se incita a la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana.
Incluso, en caso de manifestaciones pacíficas se podrán armar operativos preventivos para, entre otros, resguardar bienes de terceros en caso de que la protesta se torne violenta.
Además, se establecen protocolos de actuación de las corporaciones durante las detenciones y otras forma de intervención para resguardar la seguridad pública.
El Código también define, clasifica y establece las reglas para el uso legítimo de la fuerza pública, incluyendo el uso de armas bajo los principios de “legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, estricta necesidad y con respeto y protección de los derechos humanos”.
Hortensia Zúñiga, coordinadora de la fracción del PRD, calificó la propuesta como una medida autoritaria, pues “constituye un amague contra la manifestación pública en momentos que en el país y en Chiapas se vive un descontento social generalizado por las reformas y decisiones gubernamentales que agravian a la mayoría de mexicanos”.
Enseguida se pronunció por un modelo de Código que no inhiba la protesta social; por el contrario, que se creen los protocolos necesarios para garantizar la libre manifestación de las ideas, en un ambiente de legalidad y de paz.
El presente Código, acusó la legisladora, “no atiende el espíritu de la recomendación 12/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; por el contrario, con su subjetividad y discrecionalidad violenta los artículos 14 y 16 constitucionales que prevén los derechos de seguridad jurídica y legalidad”.
Lo que se intenta, denunció, “es acallar las protestas y limitar la libre expresión que tienen los ciudadanos para pedirle a los gobernantes en turno que cumplan con sus compromisos y que generen mejores condiciones de vida para sus gobernados. Con esto se pretende criminalizar la protesta social, regular las marchas y las manifestaciones, por lo que de votarse a favor en sus términos sería tanto como dar salvoconducto a la impunidad del Estado”, acotó.
El activista defensor de los derechos humanos, Miguel Ángel de los Santos Cruz, dijo que este nuevo Código se suma a otras decisiones políticas que han implicado desandar lo avanzado en la materia, como fue la cancelación de los apoyos económicos que se brindaban a los adultos mayores.
El también abogado agregó que además de no contar con un organismo eficaz y confiable para la defensa de los derechos humanos en Chiapas, ahora se ha dotado a las policías de facultades legales para atropellar las garantías fundamentales al amparo del Código sobre el uso legítimo de la fuerza.
“En realidad, la iniciativa de código pretende legalizar los atropellos que ya cometen las policías y aumentar las posibilidades legales en que pueden vulnerar nuestros derechos en el contexto de las manifestaciones públicas”, mencionó.
Es posible, alertó, “que pensemos que nunca vamos a vernos involucrados en esas situaciones, que la iniciativa de Código está dirigida para los revoltosos; sin embargo, no habrá que perder de vista que las leyes pueden ser generales, pero los destinatarios nunca lo son, tarde o temprano podemos ejercer el derecho a manifestarnos y enfrentar el ‘uso legítimo de la fuerza’”.
