México, 12 de mayo 2018 (NOTIGODÍNEZ).- La penalista Bárbara Zamora, integrante del bufete jurídico Tierra y Libertad, ganó un amparo contra la Ley de Seguridad Interior aprobada en diciembre pasado por el congreso y promulgada por el priista Enrique Peña Nieto, usurpador de la Presidencia de la República. Dicha ley normaliza la militarización del país y el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, además de «legalizar» prácticas violatorias a los derechos humanos con el pretexto de «salvaguardar la seguridad interior».
De acuerdo con el diario La Jornada, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, resolvió que la Ley de Seguridad Interior “es inconstitucional” y que el uso del Ejército en tareas de seguridad pública “implica introducir un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse al régimen de mando y adiestramiento para el cual ha sido creado”.
Asimismo, enfatizó que la actuación de los militares en las calles “puede provocar actos de imposible reparación en perjuicio de los integrantes de la sociedad” y su actuación en tiempos de paz, por sí misma y aunque se pretexte la seguridad interior, es “un acto que implica la violación de un derecho humano”.
De igual forma, Silva García consideró que «todo procedimiento iniciado de oficio o a instancia de parte, penal o administrativo que tenga por objeto resolver la responsabilidad de la autoridad militar por el acto causado en perjuicio de cualquier ciudadano debe resolverse por los tribunales civiles”, en referencia a lo establecido en la Ley de Seguridad en caso de que un militar incurra un acto en prejuicio de un civil.
Entrevistada por el medio aquí citado, la penalista Zamora celebró el fallo que le concede el amparo contra la Ley de Seguridad Interior, destacando que la sentencia da la razón a su bufete y a los demás sectores de la sociedad que en su momento se pronunciaron contra ella.
Entre las alarmantes disposiciones que contempla la Ley de Seguridad Interior, se incluye la facultad del usurpador en turno para «intervenir en zonas de conflicto» usando al Ejército y la Marina prácticamente a discreción exclusiva suya. En este caso, quien ocupe la Presidencia podrá recurrir a un protocolo simulador para iniciar la intervención en un plazo de 72 horas o, si existiese una «amenaza de grave peligro», estará facultado para ordenar la militarización inmediata de los territorios en cuestión.
En tal sentido, el régimen usurpador también podrá suspender derechos y garantías individuales a discreción, si la propia autoridad determina que se ha presentado alguna «situación de perturbación a la paz pública o grave riesgo para la sociedad civil».
Asimismo, se faculta a las Fuerzas Armadas y Federales para realizar todo tipo de «labores de inteligencia» en materia de seguridad interior, incluyendo la aplicación de métodos ilícitos -espionaje, allanamientos y detenciones sin orden judicial, etc.- para la recolección de información si ésta se justifica y lleva a cabo «con pleno respeto a los derechos humanos».
En su momento se denunció que la aprobación de esta ley va encaminada a reprimir las protestas del fraude electoral que se avecina, así como las movilizaciones que podrían desatarse cuando el nuevo régimen imponga el IVA en alimentos y medicinas, consecuencia lógica de haber entregado el petróleo en la contrarreforma energética, aplazada para evitar un súbito desbordamiento del creciente descontento social.
Con información de La Jornada
