México, 13 de mayo 2018 (NOTIGODÍNEZ).- Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presiona desde esa institución al tribunal colegiado que analiza las demandas de la empresa MVS Comunicaciones, propiedad del empresario Joaquín Vargas, contra la periodista Carmen Aristegui Flores, ex conductora de la primera emisión noticiosa en MVS y despedida tras revelar la existencia de la llamada «casa blanca» del priista Enrique Peña Nieto, usurpador de la Presidencia de la República.
El periodista Jenaro Villamil, colaborador de la revista Proceso, reveló en dicho medio que las maniobras de Pardo Rebolledo buscan favorecer a Vargas en la demanda que emprendió contra Aristegui por «daño moral», así como en el juicio mercantil por la cancelación del contrato de la periodista con MVS, perpetrada abruptamente en marzo de 2015 poco después de publicada la investigación sobre la «casa blanca».
Villamil señala que el ministro Rebolledo envió al menos tres documentos, de los que Proceso tiene copia, a la magistrada Elisa Macrina Álvarez Castro, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, responsable de emitir la sentencia sobre el tema de “daño moral” contra el dueño de MVS.
En dos documentos se presiona a los magistrados para que emitan un fallo contra Carmen Aristegui por el supuesto «daño moral» que ocasionó a Joaquín Vargas, quien demandó a la periodista por el prólogo del libro «La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la historia que cimbró a un gobierno». Dicho texto, acusa Vargas, incluye alusiones que lo han calumniado y dañado ante la opinión pública.
Los abogados de Vargas y MVS, a través del ministro Rebolledo, estarían exigiendo a los magistrados Álvarez Castro, Roberto Ramírez Ruiz y Fernando Alberto Casasola Mendoza, del mencionado Séptimo Tribunal, impongan a Aristegui una sanción económica de hasta 6 MILLONES DE PESOS para resarcir el supuesto «daño moral» ocasionado a Vargas.
En un tercer documento titulado «Nota Informativa», se exponen argumentos para fallar a favor de MVS en la controversia con Carmen Aristegui por la terminación del contrato de la periodista. Dicho documento argumenta que el portal Aristegui Noticias, propiedad de Carmen, incumplió los términos del contrato al compartir sin permiso la información y los contenidos generados en la emisión del noticiero de MVS Radio.
Los tres documentos, asegura Jenaro Villamil, fueron entregados a Proceso por fuentes internas del Séptimo Tribunal.
En respuesta, Jorge Mario Pardo Rebolledo emitió un escueto comunicado acusando a Proceso de «difundir información falsa» y rechazó intervenir en ese o cualesquiera otros casos analizados por los juzgados y tribunales del país. No obstante, el ministro no argumenta absolutamente nada sobre la información revelada en los documentos presentados en la investigación de Proceso.
Comentario editorial NOTIGODÍNEZ:
Si bien la información presentada por Proceso puede estar en duda, a nosotros de ningún modo nos sorprendería que este u otros autonombrados «ministros» del antro de vicio al que llaman «Suprema Corte», se dediquen a cabildear e intervenir tras bambalinas en muchos casos y juicios que involucren a sus cómplices, amigotes y patrones del régimen usurpador. Si algo caracteriza al «poder judicial» mexicano es justamente la corrupción, el compadrazgo, el amiguismo y la eterna complicidad entre delincuentes «institucionales» y delincuentes «civiles».
Por eso en este medio consideramos a esos falsos «jueces», «magistrados» y «ministros» como los PEORES CRIMINALES DE ESTE PAÍS. Sí, peores que el usurpador Peña Nieto o el genocida Felipe Calderón son quienes, enfundados en la toga y el birrete, traicionan el alto mandato patriótico de impartir auténtica justicia y convalidan fraudes que terminan en holocausto de mexicanos y entreguismo de la riqueza nacional. Esos impostores llevan en sus conciencias TODOS LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y LESA PATRIA COMETIDOS EN LOS REGÍMENES CRIMINALES QUE AVALARON, así como el resto de las barbaridades que perpetran los delincuentes a los que solapan, protegen y favorecen descaradamente desde las instituciones de justicia.
Con información de Proceso
