La Jornada
En la subespecie burocrática parece existir la idea generalizada que se puede decir cualquier idiotez sin mayores consecuencias debido al desinterés habitual de los gobernados en sus dichos. Sobre la base de la poca exigencia pública se asume que puede decirse cualquier estulticia en el ánimo de calmar las eventuales inquietudes de los incrédulos desorientados.
Las autoridades medioambientales federales y locales autorizaron la explotación de roca basáltica en la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas para usarla en la ya de suyo controvertida ampliación del puerto de Veracruz. Lo que ha causado la reacción de organizaciones y especialistas en medioambiente. Los pergeñadores de la brillante solución no han aclarado los motivos de su insistencia en afectar la Reserva de la Biósfera cuando todos los puertos modernos del mundo utilizan cemento en la construcción de escolleras y rompeolas. Ámsterdam, Rotterdam, Nueva York, Tokio y Hong-Kong, por mencionar algunos, de hecho todos los puertos de altura del mundo han sido hechos artificialmente con cemento desde los años 30. Insistir cualquiera otra cosa que altere la ya de suyo fragilizadas reservas ecológicas del país es un despropósito mayúsculo. Habrá que buscar el dinero para saber en específico los nombres de quienes se beneficiarán del ecocidio.
La construcción de un puerto artificial tiene por sí misma un inmenso impacto medioambiental. Más en el caso veracruzano en el que se ha autorizado destruir el arrecife coralino para dar espacio a la expansión. La segura degradación de los recursos marinos todos, esto es, playas, esteros, arrecifes de coral, y pesquerías.
Ahora, en el colmo de la arrogancia estulta, pretenden explotar la roca de los Tuxtlas. ¿Quién se beneficia de ello? ¿Porqué insistir además en afectar también la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas cuando hay alternativas más viables y menos agresivas medioambientalmente?
Porque está claro quienes pierden. Pierden todos los gobernados. Pero ¿quién gana?.