Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) clausuró las oficinas de la empresa Concesiones Integrales que, desde hace poco más de un mes, opera el servicio de agua potable y alcantarillado de esta ciudad, debido a las múltiples quejas interpuestas de usuarios por los incrementos excesivos a las tarifas.
La Profeco colocó sellos con la leyenda “Suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios” en los mostradores de cobro del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) ubicadas en la colonia San Manuel.
La SOAPAP empezó a ser operada por Concesiones Integrales el pasado 22 de mayo, luego de que el Congreso del Estado aprobó reformas legislativas que permitieron privatizar el servicio.
El área de Comunicación Social de la Profeco informó que personal de esta dependencia fue enviado a hacer una inspección en las oficinas del organismo operador del agua de Puebla, luego de que en los últimos días usuarios han presentado quejas sobre las alzas que registran sus recibos, que van desde el 250 hasta el cinco mil por ciento.
En los últimos dos días, se han registrado manifestaciones afuera de las oficinas de la SOAPAP en protesta por los aumentos, deficiencias en el suministro y la calidad del agua desde que la empresa empezó a operar el servicio.
Representantes de Concesiones Integrales explicaron a los quejosos que los cambios en la tarifas fueron aprobadas por el Congreso del Estado con base en una sectorización de la ciudad, en la que supuestamente se cobran bajas tarifas a las zonas más marginadas y van en aumento de acuerdo al estrato socioeconómico de cada sector.
Sin embargo, usuarios del Centro Histórico denunciaron que esta estratificación de la ciudad, no explica el hecho de que el primer recibo enviado por la empresa se haya disparado hasta por 15 mil pesos mensuales.
Las quejas por los abusos ya originaron que un grupo de vecinos conformaran una organización civil llamada Consejo de Colonos del Municipio de Puebla, que buscará un amparo colectivo en contra de la concesionaria de la SOAPAP.
