Alejandro Cruz Flores
La Jornada
La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal iniciará una auditoría para verificar la compra del software, diseñado por la empresa Oracle, con el que funciona el Sistema de Atención Ciudadana de la delegación Benito Juárez, ya que presume que dicho programa de cómputo opera sin licencia, y por ende de manera ilegal.
Fuentes de la dependencia señalaron que en la adquisición de dicho software están relacionados Rafael Miguel Medina Pederzini y Sergio Israel Eguren Cornejo, directores generales de gabinete y proyectos especiales y de desarrollo delegacional de la citada demarcación, respectivamente, y militantes del Partido Acción Nacional presos en Brasil acusados de abuso sexual y lesiones.
Según la información difundida en distintos medios, el viaje al país sudamericano de los ex funcionarios panistas fue financiado por el supuesto representante comercial de Oracle, Mateo Codina Velten –detenido junto con los panistas– por la asignación del contrato para la utilización del programa de cómputo.
Sin embargo, las primeras indagatorias de la dependencia señalan que la empresa citada manifestó no tener contratos con ninguna de las 16 delegaciones de la ciudad de México y que desde antes de 2005 Codina Velten no trabaja para Oracle, según lo declarado por el encargado de ventas para gobierno de esa empresa.
El software desarrollado por Oracle recibe y da seguimiento a las quejas ciudadanas y permite verificar, paso a paso, el proceso que siguen los funcionarios al dar trámite a esas solicitudes.
Sin embargo, fuentes consultadas señalaron que de la investigación realizada, la delegación Benito Juárez no ha informado de adquisiciones en materia tecnológica, relativas al desarrollo del Sistema de Atención Ciudadana.
Por todo esto, la dependencia consideró que es necesario iniciar una auditoría para verificar que la compra del paquete de cómputo esté apegado a la norma vigente, pues de no ser así “estaría operando sin licencia y de manera ilegal”.
Sobre este tema, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que dio instrucciones a la Contraloría para que realice la investigación correspondiente y deslindar probables irregularidades y casos de corrupción.
Respecto de la situación legal de los ex funcionarios en Brasil, se pronunció porque, como con cualquier otro connacional, el proceso judicial que se les sigue se realice con apego a derecho: “Me parece que, lejos de cualquier ánimo partidista o de cualquier tema político”, esto es lo más importante.
