Ana Langner y Verónica Macías
El Economista
El albergue La Gran Familia no sólo recibió a menores y niños abandonados, sino que los propios DIF estatales los canalizaron a este lugar, muchos de ellos eran menores infractores que no contaban con una supervisión profesional.
Testimonios de padres que esperan recuperar a sus hijos, algunos con más de 10 años sin verlos, comentan que dejaron a los jóvenes y niños en el albergue porque las autoridades del DIF les aseguraron que éste era el mejor sitio para ellos.
La directora del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF nacional), Laura Vargas, justificó que cada estado tiene su legislación y ahí se contemplan los criterios para que el DIF envíe a los menores a este tipo de albergues.
Alrededor de 200 menores que habitaban la casa hogar La Gran Familia, que administraba Rosa del Carmen Verduzco, ya fueron puestos bajo custodia de los sistemas DIF de estados circunvecinos.
Miles de jóvenes fueron criados por Rosa del Carmen Verduzco, fundadora de La Gran Familia. Con poco más de 60 años, a este sitio han llegado niños y jóvenes de Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Estado de México, Distrito Federal, Sinaloa, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, y varios más.
Tras varias denuncias, el martes 15 de junio fue cateado el inmueble por las fuerzas federales, al argumentar que ahí se retenía a los menores. Hay versiones confrontadas, por un lado los padres denuncian estas retenciones, maltratos, abusos e incluso extorsiones dentro de las instalaciones.
Sin embargo, está el lado opuesto: “Fue un trabajo muy bueno lo que hizo con muchos jóvenes. Ella dedicó su vida a los niños. Sí era muy dura en ocasiones, mal hablada, y sí, también tenía un cochinero, y cómo no, si alimentaba a más de 600 bocas. Pero me consta que ella consiguió becas para que los niños estudiaran. Yo tuve muchos compañeros del albergue que estudiaban conmigo en una de las preparatorias más prestigiadas de Zamora. De ahí han salido médicos, músicos, diseñadores gráficos, mucha gente de bien, aunque otros se desviaron”, dijo Cuca Rodríguez, quien llegó a dar clases en este sitio, que ahora está en resguardo de las autoridades federales.
“Me escapé hace dos meses porque me pegaba, me castigaba en un lugar llamado El Pinocho, y a veces nos daban comida echada a perder”, afirmó una mujer que fue registrada con los apellidos Verduzco Verduzco, y quién pasó 19 años ahí. Ahora está reclamando a un menor de cinco años que nació en ese cautiverio.
El Pinocho es un cuartillo construido para cuarentenas ante alguna epidemia que se suscitara en el albergue; sin embargo, luego fue utilizado como zona de castigo por los vigilantes.
El titular de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, José María Cázarez, externó su preocupación por la separación de los menores, por ello afirmó en entrevista que se dará atención psicológica a todos y se coordinarán todos los DIF estatales para que los ex habitantes del albergue continúen en contacto.
Salvador Jara, gobernador de Michoacán, evadió responder la omisión de las autoridades que canalizaron a varios menores a este sitio y aseguró que lo importante son las acciones que están llevando a cabo para resarcir un daño que con supervisión se pudo haber evitado.
DIF FALLÓ EN SU TAREA
El DIF y sus homólogos estatales han fallado en su tarea de supervisar los expedientes de los menores que habitan en albergues, así como dar cuenta de las condiciones de seguridad en las que viven, exhibió el secretario ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez.
Explicó que el compromiso de llevar una base de datos en la materia recae en el área de asistencia de la Secretaría de Salud, responsabilidad que se traduce en dos actores: las juntas de asistencia privadas a nivel estatal y los sistemas del DIF de las entidades federativas.
Teóricamente, las instituciones locales deben entregar la información al Sistema Nacional del DIF, pero ello, dijo, no está sucediendo. Por ejemplo, desde el 2011 los casos de maltrato infantil que debería de reportar cada estado, dejaron de ofrecerse y para el 2013 la mitad de los centros del DIF locales no comunicaba al federal, por lo que el reporte global en la materia no es representativo.
Este mecanismo se repite en el caso de los albergues; la supervisión de los expedientes de los menores está a cargo de cada administración estatal, quienes deberían entregar los datos al Sistema Nacional del DIF; sin embargo, ello no se ve reflejado, expuso Juan Martín Pérez.
El Estado mexicano tiene tres errores fundamentales en materia de infancia que provocan la debilidad institucional: todo es responsabilidad de la familia; toda la infancia es vulnerable (por lo que es inferior) y las autoridades sólo intervienen cuando los niños y adolescentes son víctimas o victimarios, con lo que se anula toda posibilidad de prevención o intervención oportuna.
Ello significa que México está fragmentado en materia de atención a la infancia, es decir, la Secretaría de Salud no se ha logrado articular con otras áreas fundamentales para la atención y cuidado de los menores. Ello, detalló, aunado a “una triada perversa entre la impunidad, corrupción y debilidad institucional para hacer cumplir las leyes”.
Pese a que México desde hace 24 años firmó la Convención de los Derechos del Niño no ha efectuado un arreglo corporativo al que este compromiso internacional obliga. En esta carencia está incluida la falta de un marco institucional y legal de las primeras damas, quienes tradicionalmente se hacen cargo del DIF.
