Redacción / Sinembargo
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– El «Gobernador» de Chihuahua, César Duarte Jáquez, promulgó el nuevo Código Procesal Civil y Familiar omitiendo el llamado que hicieron organismos no gubernamentales al gobierno federal y a representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para vetar estas leyes que, consideraron, atentan a los derechos de las mujeres y de los niños al dejarlos desprotegidos y revictimizarlos.
Los centros de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT) y de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), y el Circulo de Estudios de Género pidieron en días pasados que Rashida Manjoo, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, hiciera un llamado urgente al Gobernador para no promulgar estas reformas aprobadas en junio pasado por el Congreso local, el cual, dijeron, omitió cuestiones de género y de defensa de la infancia contenidas en tratados internacionales.
Ante la falta de respuesta del gobierno de Duarte Jáquez, las organizaciones sociales solicitaron también la intervención de [su compadre, el priista de origen chino] Miguel Ángel Osorio Chong, mediante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que interviniera en la legislación del Congreso de Chihuahua e instara a sus integrantes a tomar cursos de sensibilización y formación en derechos humanos y género [o sea, no hicieron absolutamente nada excepto simular que quieren combatir el flagelo de la violencia contra la mujer. Porque acudir al PRI o al PAN es eso: simular que se hace algo y realmente NO HACER NADA.]
No obstante de las solicitudes que hicieron los representantes de la sociedad civil al gobierno federal y a la ONU, el Jefe del Ejecutivo del gobierno de Chihuahua informó el pasado 23 de julio que los códigos ya fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado con el motivo de que la oralidad llegue a los juicios en estas materias, que se sumarán a los juicios laborales que ya son orales en Chihuahua.
“El estigma de la violencia ya no lo tiene Chihuahua, la justicia vive otra etapa y paulatinamente el estado se convierte en referente nacional en esta materia”, aseveró el mandatario priista en entrevista con medios.
El 17 de agosto del próximo año entrarán en vigor los nuevos códigos de procedimientos tras ser publicados el miércoles pasado en el Periódico Oficial del Estado.
Al respecto, la especialista en Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos y asesora del Cedehm, Alejandra Nuño, informó que con esas nuevas normativas se violentan artículos constitucionales y tratados internacionales que México ha firmado.
Nuño explicó en entrevista con el Diario de Juárez que los organismos civiles que recurrieron a la ONU y Gobernación ya trabajan en la posibilidad jurídica para impugnar esos códigos.
“No estamos en contra de la oralidad, pedimos que se revisen los códigos que violentan varias disposiciones”, apuntó.
Atribuyó la publicación de los códigos a la presión de la autoridad federal y organismos internacionales. “Posiblemente se agilizó el proceso de promulgación, por eso pedimos nuevamente la intervención del titular de la Segob porque no se tomaron en cuenta los tratados internacionales que ha firmado México”, expresó Nuño.
De acuerdo con los organismos de la sociedad civil, los nuevos códigos priorizan la conciliación sin distinguir los casos de violencia familiar, lo que contraviene incluso el artículo octavo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Explicaron que en cuanto a la temporalidad de los juicios ,que se proponen duren de 10 a 40 días, no se toma en cuenta el ciclo de la violencia que viven las mujeres, a lo que se suma que en los códigos se establece la posibilidad de tener varios peritos, lo que puede revictimizar gravemente a niñas, niños y mujeres.
Dijeron que el Código de Procedimientos Familiares en su artículo 168 no garantiza las órdenes de protección para las chihuahuenses, ya que sólo remite a la Ley Estatal del Derechos a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que no prevé ninguna medida de seguridad.
Asimismo reprobaron los “posisionamientos sexistas y estereotipados” del coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado, Rodrigo de la Rosa Ramírez, quien dijo en entrevista en días pasados, que en materia familiar no debe caerse en excesos y se refirió a los grupos derechohumanistas feministas.
Parte de estas peticiones están contenidas en el informe presentado a la relatora especial de la ONU y a la experta del grupo de trabajo sobre el tema de la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica de la ONU, Alda Facio. Asimismo están presentes en una carta que enviaron al titular de Gobernación, Miguel Osorio Chong.
En el documento presentado ante las representantes de la ONU, se da cuenta de cómo a ocho años del informe presentado por la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, la violencia contra las mujeres en ese estado no ha cambiado.
La razón principal que justificó la visita de la relatora en 2005 fue la situación de violencia hacia mujeres en Ciudad Juárez. El informe de la relatora expresaba preocupación, entre otras problemáticas, por los feminicidios, desapariciones, violencia doméstica, violencia sexual y otros delitos de género que persistían y que no se investigaban adecuadamente.
En este contexto, se hace referencias a las cifras de abuso sexual documentadas mediante denuncias entre 2007 y 2011 las cuales se colocaron en 3 mil 197. De éstas, dice el informe, 427 fueron enviadas a un juez para que iniciara el proceso penal correspondiente, lo que representa menos del 14% de las denuncias interpuestas.
“La impunidad, por tanto, sigue siendo una grave problemática que no ha logrado ser resuelta en Chihuahua, lo cual no desincentiva la nueva comisión de estos graves delitos. Ello también es una violación al derecho al acceso a la justicia que tienen las mujeres que han sufrido abuso sexual, al no poder siquiera ser escuchadas por un tribunal imparcial”, dice el informe entregado a la ONU.
En cuanto al tema de los feminicidios, se citan cifras obtenidas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, las cuales refieren que entre 2007 y 2011 se perpetraron 2 mil 75 asesinatos por cuestión de género en el Estado, “muchas más de los que había documentado la relatora en su visita en 2005.
Ante este panorama, los grupos civiles denunciaron que los códigos procesales por el Congreso de Chihuahua aprobados carecen de un enfoque de género y de derechos humanos. En especial destacan la falta de protección hacia mujeres y niños en el desahogo de pruebas, “por ejemplo, la confesional para mujeres y niñas/os en casos de violencia familiar”.
Denunciaron además que la posibilidad de tener varios peritos puede victimizar gravemente a niñas y niños, al igual que mujeres víctimas de violencia. También refiere que en l código de Procedimientos Familiares aprobado por el Congreso establece lo siguiente:
Art. 168. Presentada la solicitud, si el juez considera que procede debe:
III. imponer cualquier medida de seguridad a que se refiere la Ley Estatal del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“No obstante tal disposición, y diferencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia49, la Ley estatal no prevé ninguna medida de protección”, explicaron.
Es por ello, que pidieron a la ONU realizar un exhorto a Duarte Jáquez para que no promulgara los códigos de procedimientos civiles y de procedimientos familiares hasta que se hiciera una revisión profunda de los mismos, que garantizara la transversalidad de género y de un enfoque de derechos humanos.
Además solicitaron que se considere la pertinencia de realizar una visita a México y, en especial, a Chihuahua. Y que se pida al Estado mexicano información sobre las acciones tenientes al acatamiento adecuado de las recomendaciones emitidas desde 2005.
Con respecto a la carta dirigida a Miguel Ángel Osorio Chong, expusieron que le corresponde al Secretario de Gobernación, en su papel de presidente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPEASEVM), intervenir por el contenido de los códigos de Procedimientos Civiles y Procedimientos Familiares.
De la misma manera, exigieron que el encargado de la política interna del país haga un extrañamiento al Congreso del Estado y, en particular, al Diputado de la Rosa para que retracte de los comentarios emitidos y se abstenga de realizar declaraciones análogas.
El legislador priista dijo durante el proceso en el que fueron aprobados los códigos que en materia familiar, […] no debe caerse en excesos y explicó que en eso caen los grupos derechohumanistas feministas. “Hay que establecer qué se considera violencia intrafamiliar”.
“Todos los que estamos casados, en vida de pareja, hemos tenido altercados, desacuerdos, y podemos llegar al grito, al jaloneo, pero eso no quiere decir que a la violencia, propiamente dicha”, apuntó.
Para evitar estas situaciones, los grupos civiles también pidieron que Osorio Chong inste al Congreso de Chihuahua a valorar la pertinencia de tomar cursos de sensibilización y formación en derechos humanos y género, a fin de que la normativa que adopten respete esos parámetros.
