Isaín Mandujano
Proceso
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Comisión Permanente del Congreso local dio entrada a la iniciativa que envió el gobierno del estado para abrogar el Código de Uso Legítimo de la Fuerza o “ley garrote”, que permite a la policía disolver manifestaciones cuando considere que representan un atentado a la seguridad de Chiapas.
Manuel Velasco Coello tomó esa medida después de que su homólogo poblano Rafael Moreno Valle determinó echar para atrás la “ley bala”, luego de que un menor perdió la vida tras ser impactado con un proyectil de goma disparado por la policía estatal durante un operativo en la carretera Puebla-Atlixco, el pasado miércoles 9.
La diputada local perredista Alejandra Soriano Ruiz consideró que dicho acto es fruto de la oposición de la ciudadanía chiapaneca. “Tarde o temprano se iba a recular esta ley que criminalizaba a todas luces la protesta y que en nada beneficia al estado en lo particular”, subrayó.
La “ley garrote” fue aprobada por los legisladores el pasado 15 de mayo –con 26 votos a favor, cuatro en contra y una abstención– y publicada el 4 de junio siguiente en el Periódico Oficial.
Este miércoles, luego de recibir la iniciativa para abrogar dicha ley, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente la turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que luego de elaborar su dictamen deberá enviarlo al pleno del Congreso local.
La aprobación del Código de Uso Legítimo de la Fuerza puso en alerta a activistas y legisladores de oposición, quienes aseguraron que se trataba de “un retroceso más en materia de derechos humanos” en la entidad.
En su momento, el abogado y defensor de derechos humanos, Miguel Ángel de los Santos Cruz, señaló que con la “ley garrote” se dio un paso atrás, pues además de no contar con un organismo eficaz y confiable “para la defensa de nuestros derechos, ahora –dijo– se pretende dotar a las policías de facultades legales para atropellar nuestros derechos al amparo del Código”.
Lo que se pretende con esa medida es legalizar los atropellos que ya cometen las policías y aumentar las posibilidades legales “para vulnerar nuestros derechos en el contexto de las manifestaciones públicas”, subrayó entonces.
Por su parte, Artículo 19, la organización internacional que defiende la libertad de expresión, interpuso un recurso de impugnación ante el Poder Judicial Federal, al considerar que la citada ley era inconstitucional.
