Ahí en la foto tienen al primero que debería estar en la cárcel.
Jorge Monroy
El Economista
A un año de la devastación en Guerrero y otros estados a causa de los ciclones Ingrid y Manuel, situación que puso al descubierto omisiones por parte de funcionarios tanto federales como estatales por su tardía reacción a la emergencia y por la entrega de licencias de construcción de viviendas en laderas, existen investigaciones, pero ningún responsable presentado ante la justicia.
El procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, dijo apenas el viernes que 50 ex funcionarios de las gestiones municipales en Acapulco que encabezaron Manuel Añorve, Zeferino Torreblanca, Alberto López Rosas y Félix Salgado Macedonio, se encuentran bajo investigación.
“A la fecha, la Procuraduría General de Justicia ha solicitado información a las distintas autoridades federales, estatales y municipales, relacionadas con la expedición y otorgamiento de permisos para construcción y cambios de uso de suelo en las distintas partes de Acapulco”, detalló.
Y es que el año pasado se conoció que parte de la zona dañada fue entregada mediante permisos de construcción a empresas como GEO, Homex, ARA y EVI, cuyos permisos habrían sido entregados por las administraciones de los ex ediles mencionados.
De esas investigaciones, prometidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no se han presentado al momento los deslindes correspondientes, únicamente la dependencia presentó un plan para restablecer la infraestructura de municipios como Atoyac, uno de los más afectados.
En tanto, la Autopista del Sol, cerrada hace 12 meses debido al desgajamiento de un cerro a la altura de Chilpancingo, dejó varados a cerca de 40,000 turistas, a quienes el gobierno federal transportó a la ciudad de México mediante un puente aéreo implementado por el Ejército y la Marina. Para reactivar el turismo y la economía de Acapulco, hasta la fecha sigue vigente un descuento de 248 pesos en el peaje carretero.
