Luciano Campos Garza
Proceso
MONTERREY, N.L. (apro).- Durante varias semanas Sonia (nombre ficticio) dedicó gran parte de su tiempo a chatear con un desconocido que supuestamente reside en la Ciudad de México.
En un momento dado, el sujeto, quien se presentó como un veinteañero ante la adolescente de 12 años, le avisó que viajaría a esta capital para “robársela”.
Cuando los padres de Sonia se enteraron de esa situación, de inmediato acudieron a las instancias judiciales para presentar una denuncia, pero tuvieron que hacer un largo recorrido para que finalmente se iniciara una investigación formal.
El pasado 28 de agosto, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) se negó a llevar el caso. Entonces, por recomendación de un trabajador de la agencia del Ministerio Público (MP), los padres de la menor se dirigieron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
En la unidad de Delitos Cibernéticos denunciaron el acoso cibernético contra su hija, pero fueron ignorados. El funcionario que los atendió de plano les soltó: “es culpa de la niña por aportar información a un desconocido”.
Al día siguiente, cerca de la media noche, una agente del MP del estado finalmente recibió la denuncia por amenazas, y canalizó a la víctima para que recibiera atención psicológica por el acoso, pero también por su adicción a las redes sociales.
Chateando con un extraño
Alejandro, el padre de Sonia, se percató por casualidad que su hija sostenía una conversación verbal y textual con un hombre que él no conocía. Al preguntarle quién era el sujeto, la respuesta lo angustió.
Hasta ese momento supo que desde de la primera semana de agosto la chica –estudiante de primero de secundaria– había empezado a comunicarse con Pedro (nombre ficticio).
El sujeto contactó a Sonia por la red social kik, que es utilizada en teléfonos inteligentes y que, según datos publicitarios, tiene 150 millones de personas suscritas en el mundo.
De acuerdo con María, madre de la menor, después de mantener comunicación a través del dispositivo móvil, Sonia y Pedro “se mudaron” a Skype, donde dialogaban verbalmente, pero también de manera textual. Poco después se entrevistaron en Faceboook y finalmente por Whatsapp.
Alejandro los sorprendió cuando interactuaban por Skype.
Al revisar el historial de conversaciones se percató de que Pedro envolvió poco a poco a la niña, a quien le dijo que viajaría a Monterrey para “robársela”.
Por esos días, Alejandro y María notaron que “algo” le ocurría a Sonia, pues comenzó a cambiar de actitud e incluso dijo a sus padres que ya no quería vivir con ellos. “Se evadía, quería estar más tiempo sola, obviamente para estar en comunicación con esta persona”, dice María.
El mismo día del “descubrimiento” los padres decidieron actuar. Hablaron al teléfono de denuncias de la Procuraduría de Nuevo León (070), donde les proporcionaron un número en el que les darían asesoría.
Ahí les indicaron que debían presentarse directamente a la agencia del Ministerio Público para presentar la denuncia, y también a la PGR, en la División de Crímenes Cibernéticos.
“El jueves (28 de agosto) en la noche fuimos con el Ministerio Público (del estado). Cuando nos atienden le explico al agente la situación, le digo que (mi hija) es menor de edad y que esta persona dice que tiene 20 años, aunque yo creo que tiene más.
“Le explico que el acosador ya tiene toda la información de la familia: donde viven, cuál es la ocupación de los padres, la rutina de Sonia.
“Él (agente del MP) me dice que no podemos hacer una denuncia porque no hay delito consumado. Que si quería fuera a la PGR. Al día siguiente fui a la delegación estatal en el municipio de Escobedo, con una persona en la PGR que habló conmigo y le expliqué de qué se trataba. Me respondió que si el hombre sabe todo eso es porque la niña le dio la información, no porque la haya obligado, (porque) ella se lo dio en pleno juicio”.
El sujeto extrajo la información mediante charlas en las que se ganó la confianza de Sonia, añade Alejandro. Sin embargo, el funcionario federal revictimizó a la niña al señalar que el incidente se generó por su culpa.
“Yo le dije que estaba de acuerdo en que ella le dio la información y que el señor no es mago, ni adivino. Pero le señalé que ella es menor de edad, que tiene 12 años, es una persona influenciable y manipulable. La conversación empieza con un hola, cómo estás, cómo te llamas, una conversación que puede ser normal entre los chats, pero poco a poco va cambiando el giro, hasta que empieza a tener un control en todo esto”, subraya.
En la dependencia federal, los padres explicaron que con el paso de los días los diálogos subieron de tono, hasta que Pedro anunció que viajaría para conocer a Sonia.
“Llega el punto en que dice que quiere venir a Monterrey por el trabajo, y ella dice que está bien. Él le pide que se vean y ella le responde que sí, que en tal parte. De esa forma él no se veía implicado, y si algo llegaba a pasar, él haría que ella fuera culpable. Él hablaba en un tono romántico y juguetón, pero preparándola para venir y llevársela”.
En la PGR no atendieron a los padres porque si no hubo hackeo no había delito cibernético, les dijeron. Y les sugirieron acudir a un Centro de Orientación y Denuncias (Code) de la PGJE. La pareja se trasladó a la oficina respectiva en San Nicolás y les extrañó la actitud del funcionario federal que previamente los había atendido.
Posteriormente acudieron a otro Code, en la zona norte, y después a un tercero, el número 4, en el Centro de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos (Copavide), dependiente de la PGJE.
El 29 de agosto a las 11 de la noche terminó el peregrinar. Sonia fue atendida por una trabajadora social, un psicólogo y una abogada, y finalmente por la agente del Ministerio Público orientador, Karla Nohemí Arriaga Rivera, quien aceptó la denuncia para que quedara como antecedente.
La menor aportó toda la información que tiene sobre Pedro, incluido su número telefónico, y las autoridades le recomendaron no tener más contacto con él.
“Ha estado enviando mensajes a mi hija, pero no le ha contestado porque van a rastrear la ubicación, van a investigar su cuenta de teléfono con sus compañías, a nombre de quién está registrada, desde dónde se hacen las llamadas, para dar seguimiento a la denuncia”, dice la madre.
Las autoridades judiciales abrieron una averiguación previa por el delito de amenazas, contemplado en el Artículo 291 del Código Penal de Nuevo León.
Y, mientras, Sonia está bajo tratamiento psicológico, pero la familia vive intranquila.
Pedro no se expresó con palabras soeces, pero su actitud representa para ellos una amenaza permanente. “Lo que nos tiene preocupados no son las palabras que dijo, sino cómo fue envolviéndola. Eso es lo peor, la manera en que fue actuando desde el inicio hasta el final. Si no nos hubiéramos dado cuenta el jueves, él hubiera venido y mi hija se hubiera ido con él sin ningún problema”, dice María.
Y lo peor de todo, añade, es que seguramente el sujeto hace lo mismo con varias niñas, por lo que recomendó a los padres vigilarlas de cerca para evitar tragedias.
