Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El comandante de la IX Región Militar, Martín Cordero Luqueño, admitió que soldados adscritos como agentes del MP buscaron al corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, en su domicilio para entregarle un citatorio con el propósito de que compareciera “en calidad de testigo” en un caso relacionado con una averiguación previa integrada por la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).
No obstante, el jefe castrense en la entidad se deslindó de cualquier acto de hostigamiento en contra del periodista, argumentando que la investigación que realizan autoridades militares determinó que la persona que busca el Ejército “es un homónimo” del comunicador.
Por su parte, el gobernador Ángel Aguirre ofreció protección policiaca para el reportero, así como esclarecer, a través de la Procuraría local, el caso del allanamiento de su departamento registrado la semana pasada, cuando desconocidos irrumpieron y robaron algunas pertenencias y equipo electrónico.
Al respecto, Ezequiel Flores rechazó el resguardo policiaco argumentando desconfianza en las corporaciones, pero pidió que los gobiernos federal y estatal pongan en marcha un esquema de protección del comunicador basado en un análisis de riesgos para garantizar la integridad y seguridad en el ejercicio de su labor periodística y durante el proceso de búsqueda de justicia.
El corresponsal de Proceso sostuvo esta tarde reuniones por separado con Aguirre Rivero y el general Martín Cordero en distintos puntos del puerto de Acapulco, luego de que ayer Flores Contreras diera a conocer que Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino del gobernador y quien se desempeña como asesor del Ejecutivo estatal, le confirmó que el Ejército lo estaba buscando para “consultarlo” sobre un hecho no específico.
Primero, el reportero fue convocado por el gobernador Aguirre a las oficinas de la Promotora Turística (Protur), ubicadas en la zona Diamante del puerto de Acapulco, donde también acudió el procurador Iñaky Blanco Cabrera, así como el encargado de despacho de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Flores Contreras acudió al encuentro con el mandatario, acompañado por sus compañeros Eric Chavelas Hernández, Carlos Navarrete y Pedro Pardo.
Aguirre ofreció poner en marcha medidas cautelares para el reportero, esclarecer el robo y mediar con el general Martín Cordero para que ofreciera una explicación sobre el requerimiento castrense en contra del periodista.
Enseguida, se concretó la reunión con el jefe castrense en la sede de la IX Región Militar, ubicada en la base de Cumbres del Llano, donde estuvieron el reportero, el asesor del Ejecutivo, Ernesto Aguirre, y cuatro oficiales del Ejército que realizan funciones de agentes del MP Militar.
Poco después, el general Martín Cordero informó que en días pasados la PGJM integró una averiguación previa en contra de una persona identificada como “Ezequiel Flores Contreras”.
Esto a partir de una denuncia interpuesta por una persona de la cual no especificó sus generales y sólo se limitó a decir que las autoridades castrenses emitieron un citatorio en contra del periodista para que acudiera a comparecer ante la Procuraduría castrense, “en calidad de testigo”, y deslindar responsabilidades.
Por ello, un grupo de agentes del MP Militar se enfocaron en tratar de localizar el domicilio de Flores Contreras para entregarle el citatorio, pero reconoció que el reportero no fue localizado y sólo se dio aviso a vecinos del fraccionamiento.
Luego, el jefe militar dijo que en las investigaciones que realiza el Ejército se determinó que la persona que buscan los militares no es el corresponsal de Proceso, sino “un homónimo”, y rechazó que personal militar esté relacionado con el allanamiento de la morada y el robo de pertenencias del comunicador, hecho que se registró la semana pasada.
Por su parte, Flores Contreras solicitó al general Martín Cordero que esta explicación la remitiera por escrito al Juzgado Séptimo de Distrito, donde se desahoga un juicio de amparo interpuesto por el periodista en días pasados.
En respuesta, el jefe militar dijo que la autoridad competente para realizar el deslinde legal es la Procuraduría General de Justicia Militar, debido a que ellos emitieron el citatorio en contra del periodista y en esa instancia se encuentra radicada la averiguación previa correspondiente.
La explicación del comandante de la IX Región Militar confirmó que autoridades castrenses buscaron al reportero para que acudiera ante la Procuraduría Militar a comparecer sobre una investigación que realiza el Ejército sobre un caso aún no especificado.
