Pierden su tiempo. Larrea y sus cómplices (Azcárraga, Slim y compañía) controlan todo en México, incluyendo a las cortes. Puede que obtengan «una corta» por cerrar el hocico y listo; Larrea seguirá delinquiendo a placer.
Redacción Proceso
ACONCHI, Son. (proceso.com.mx).- Habitantes de los siete municipios del Río Sonora afectados con el derrame minero del pasado 6 de agosto iniciaron este domingo la recolección firmas de quienes se sumarán al proceso legal que interpondrán contra Grupo México, debido a que el plan de remediación implementado por la Federación desatiende a la población desprotegida y beneficia sólo a ganaderos y agricultores.
Durante el foro “De blanco por el Río Sonora”, alrededor de 200 participantes expresaron sus propuestas para enfrentar las crisis económica y ambiental más grave en su historia originadas por los más de 40 millones de litros de metales pesado y lixiviados derramados por la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo.
Pedro Armando Lugo, alcalde de Aconchi, población ubicada a unos 210 kilómetros al noroeste de Hermosillo, explicó que para interponer la demanda contra el consorcio se valdrán de la asesoría legal de la Universidad de Sonora, la Máxima Casa de Estudios en la entidad y el Colegio de Sonora.
“Cometió un error la Federación y la Comisión Presidencial (presidida por Alfonso Navarrete Prida) al utilizar archivos de Sagarpa como el Progan o Procampo para entregar recursos a los afectados porque en estas listas de beneficiados sólo recibieron apoyo unos cuantos productores agropecuarios y el resto de los que integraban la lista no viven en el río o ya murieron”, señaló el jefe munícipe ribereño.
Este presidente municipal, en reunión con Navarrete Prida, le notificó que sólo dos de 106 personas de la lista de beneficiados pertenecían al municipio de Aconchi pero el también secretario del Trabajo y Previsión Social, no lo tomó en cuenta y entregó los recursos a productores “desconocidos” en la región del río.
A esta serie de irregularidades se suma el bloqueo de ocho de 22 pozos que mantienen pobladores de Baviácora, San Felipe de Jesús, Huépac y Banámichi, poblaciones ribereñas ubicadas a más de 200 kilómetros de la capital sonorense, debido a que con las lluvias registradas con el fenómeno meteorológico Odile, el río Sonora los saturó con sus aguas contaminadas y a pesar de esta irregularidad, la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) los declaró el pasado jueves libres de metales pesados y lixiviados de cobre.
En el foro también se urgió al gobierno federal a una entrega ágil de apoyos económicos equitativos, la remediación ecológica inmediata del Río Sonora y transparencia en el ejercicio de los recursos que se obtienen del fideicomiso de 2 mil millones de pesos.
De acuerdo con las declaraciones del secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, se han destinado 122 millones para apoyos a productores agropecuarios; 350 para reabastecimiento de agua; 32 para la compra de tinacos; 10 millones, para renta de pipas; y un millón para la salud de quienes resultaron directamente afectados por entrar en contacto con el río.
