Samantha Páez
E-Consulta
El cuerpo de Jethro Ramsés Sánchez Santana fue encontrado 6 de julio de 2011 en un paraje de Atlixco, Puebla, con rastros de golpes y pudo haber sido enterrado vivo por efectivos del Ejército Mexicano, por lo que Amnistía Internacional (AI) incluyó su caso en el Informe sobre la Tortura en México.
De acuerdo con el reporte “Fuera de Control: Tortura y Otros Maltratos en México” de AI, Jethro Ramsés fue detenido en mayo de 2011 por la policía municipal de Cuernavaca, Morelos; después fue entregado a miembros del Ejército, que en principio negaron tener conocimiento de su detención y de su paradero.
Sin embargo la investigación sobre su desaparición forzada desembocó en el descubrimiento de su cadáver en Atlixco y en la autopsia se descubrió que probablemente fue víctima de tortura, antes de ser enterrado vivo.
Hay tres oficiales del Ejército detenidos en relación con la desaparición forzada, y el juez está considerando la posibilidad de incluir un cargo de tortura; sin embargo, otros implicados siguen en libertad.
Le adjudicaron vínculos con delincuencia
El 1 de mayo de 2011, Jethro Ramsés, de 26 años de edad, fue a la Feria de Cuernavaca con varios de sus amigos. En el área de alimentos tuvieron un altercado con los meseros de una taquería, quienes llamaron a los policías municipales.
Jethro Ramsés, mecánico de oficio, fue detenido junto con Horacio Cervantes Demessa bajo el argumento de que durante su arresto el primero dijo ser parte del Cartel del Pacífico Sur y colaborador de un capo veracruzano.
Por ese motivo los policías municipales entregaron a los dos jóvenes a integrantes de la 24 Zona Militar de Morelos, quienes los subieron a un vehículo oficial y los golpearon.
Horacio fue liberado momentos después en Coatetelco, en el municipio de Miacatlán, Morelos, pero Jethro Ramsés apareció poco más de dos meses después muerto.
Militares juzgados por el caso
Se supo de la muerte del joven cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó en un comunicado que había sido torturado por soldados morelenses, y en ese mismo documento se reconoció que dos oficiales subalternos causaron su deceso.
A pesar de las declaraciones de la Sedena, el entonces comandante de la 24 Zona Militar, Leopoldo Díaz Pérez, negó que los soldados lo hubieran detenido.
Las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmaron que Jethro Ramsés sí fue aprehendido y torturado en las instalaciones del batallón de infantería, donde hubo dos soldados vinculados: José Guadalupe Orizaga y Guerra y Edwin Raziel Aguilar Guerrero.
Los dos elementos admitieron haber dejado el cuerpo de Jethro Ramsés en el estado vecino de Puebla, en el municipio de Atlixco. Para llegar allí tuvieron que viajar al menos dos horas en carretera.
Ante esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que un juzgado ordinario del orden civil (el Juzgado 5 de Distrito en el Estado de Morelos) fuera competente para llevar el caso de homicidio cometido por militares y encubierto por un coronel de infantería, Leopoldo Díaz.
Tortura es tolerada por funcionarios
Como se pudo ver en el caso de Jethro Ramsés Sánchez Santana, la tortura como tratos crueles, inhumanos y degradantes son prácticas generalizadas y hasta toleradas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Amnistía Internacional denunció que «las autoridades siguen tolerando el uso generalizado de la tortura, pese a la legislación relativamente rigurosa de México sobre la prevención y el castigo de la tortura y otros malos tratos», principalmente, para obtener «confesiones».
La organización indica que desde 2006 cuando, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa inició la llamada «guerra contra el narcotráfico», se incrementaron hasta en seis veces más las denuncias por tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH recibió 7 mil 164 quejas por tortura y otros malos tratos entre 2010 y el final de 2013, unos 2 mil 388 casos de tortura por año reconocidos de manera oficial, aunque ninguna derivó en una condena global.
AI también indica que, según datos del Consejo de la Judicatura Federal de enero de 2014, los tribunales federales habían tramitado 123 enjuiciamientos por tortura entre 2005 y 2013; sin embargo, sólo siete desembocaron en condenas.
Lo que significa que el grado de impunidad en México es grandísimo, de 99.9 por ciento, debido a que de los 7 mil 164 casos reconocidos sólo siete fueron condenados.
Recomendaciones de AI
* Prevenir la tortura y otros malos tratos poniendo fin a las detenciones arbitrarias
* Hacer cumplir las salvaguardias y proteger a las personas detenidas de la tortura y otros malos tratos
* Prevenir la tortura haciendo inadmisibles sus resultados
* Investigar todas las denuncias de tortura y otros malos tratos
* Recabar, usar y respaldar las pruebas médicas dentro de las investigaciones generales
* Ofrecer una reparación y acceso a la justicia a las víctimas y sus familias
* Garantizar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos
* Modificar la legislación conforme al derecho internacional de los derechos humanos
* Hacer que las instituciones de derechos humanos sean más efectivas para proteger los derechos de las víctimas
