Sergio Haro Cordero
Zeta
Tijuana, Baja California, 12 de agosto (SinEmbargo/Zeta).– Total opacidad de los «gobiernos» para rendir cuentas por la publicidad oficial.
De acuerdo con Zeta, estos miles de millones de pesos en el ámbito nacional y el local se manejan con opacidad. En el caso de Baja California suma más de 200 millones de pesos, pero qen el ámbito federal, alcanza los 4 mil 195 millones de pesos gastados discrecionalmente. Sin reglas claras, sin límites de montos, ni criterios específicos.
Son las partidas de la llamada publicidad institucional, recurso que el gobierno invierte en radio, prensa, televisión, medios alternativos, digitales y periodistas, para presuntamente dar a conocer sus acciones y logros.
Por su oneroso gasto en esta materia, destacan los siguientes gobiernos estatales:
- Nuevo León [PRI], que en 2013 canalizó mil 283 millones de pesos a ese rubro.
- Coahuila [PRI], 948 millones.
- Chihuahua [PRI], 554 millones.
- Yucatán [PRI], 375 millones.
- Aguascalientes [PRI], 146 millones.
- Tabasco [PRD], 133 millones de pesos.
- Veracruz [PRI], donde aun con un alto índice de pobreza extrema, invirtieron 119 millones de pesos.
- Baja California [PAN], el «gobierno» del Estado destina 90 millones de pesos.
De acuerdo a la organización Artículo 19, Capítulo México, el gasto en publicidad institucional en nuestro país se ha caracterizado por ser un nicho de opacidad, además de dineros que se ejercen de manera indiscriminada, sin control, ni justificación.
El ejemplo más claro es el Congreso de Baja California, donde en 2013 –año electoral– se destinaron 46.5 millones de pesos para la difusión institucional; dinero que no se sabe cómo, dónde y cuándo fue gastado. Lo peor es que se trata de recurso público despilfarrado en un contexto de estrechez económica para la mayoría de la población.
Una vez como Presidente electo, el priista Enrique Peña Nieto incluyó entre sus compromisos regular y controlar los gastos relativos a publicidad institucional y crear una instancia dedicada a esa tarea; se esperaba que la propuesta fuese incluida en la reforma política aterrizada en mayo de 2014, pero no fue así.
CAMPEONES DE LA OPACIDAD
Gráfico: Informe Fundar-Artículo 19
En abril de este año, Artículo 19 y la fundación Fundar concluyeron un estudio relacionado con el gasto gubernamental en publicidad oficial. Se trata de un ejercicio realizado durante tres años consecutivos, según explica Ana Cristina Ruelas, oficial del programa de Derecho a la Información de Artículo 19.
En el documento final, los resultados exhiben cómo algunos estados mejoraron en cuanto a la publicación de sus gastos, otros empeoraron y, unos más, ni siquiera dieron a conocer sus datos. A estos últimos los llamaron “los campeones de la opacidad”, como son los casos de Coahuila, Guerrero, Puebla y Tamaulipas.
“Lo que nos muestra el Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial es que todavía es muy limitada la información que podemos obtener sobre lo que se gastan los gobiernos en los medios”, refiere la abogada egresada del Tecnológico de Monterrey.
Agrega que de acuerdo al último año, del monto invertido –5 mil 676 millones de pesos– sólo se conoce el destino de 2 mil 544 millones, casi la mitad del total.
“Hay una relación perversa que existe entre los medios y el gobierno por el uso de tanta publicidad oficial, ‘no te pago para que me pegues’”, dice en alusión a las decenas de entrevistas con reporteros, editores y funcionarios del área de comunicación en toda la república, y recuerda una frase escuchada a un periodista: “Al gobierno le conviene, es más fácil pagar a los medios que hacer un buen gobierno…”, y opina que quien la lleva son los lectores, ya que esa información pagada resulta una forma de control.
Entre los resultados documentados, destaca que en la mayoría de los estados, los medios dependen del dinero público para seguir subsistiendo y, en la medida en que se vuelven críticos, empiezan a perder la posibilidad de continuar, por lo que terminan desapareciendo.
“El hecho de que no existan reglas claras para la publicidad oficial genera que sea dinero de la caja chica, sale y no sabemos por qué sale, para quién sale, y lo más preocupante, no sabemos para qué campaña se destina”, refiere Ana Cristina, para añadir que en la mayoría de los casos, los encargados de los medios explicaron que los contratos estaban abiertos, “era como una tarjeta de crédito, te daban dinero, te ponían un crédito determinado y, si hablabas bien, el crédito aumentaba; si hablabas mal, el crédito disminuía”.
Comenta que como no hay campañas definidas, no se puede determinar la eficiencia del gasto, todo esto debido a que no existe regulación federal ni estatal, ni criterios claros para la designación de estos montos, por lo que esto se presta a la arbitrariedad.
“Los principios relativos a la libertad de expresión y la regulación de la publicidad oficial dicen específicamente que tiene que haber una definición clara sobre lo que es publicidad oficial, que no se preste para que cualquier cosa se pueda someter a esta definición, tiene que haber topes de gastos específicos”.
De acuerdo a Ruelas, en la mayoría de las entidades hay sobre ejercicio, en algunos casos de más del 400 por ciento: “Tomaron más dinero pero no sabemos de dónde lo toman”, reflexiona y asesta: “El panorama mediático se acomoda de acuerdo al gobernador en turno…”.
Mientras en países como Canadá, Perú y España, hay una reglamentación al respecto, en México solo existe el Artículo 134 constitucional, que regula el gasto gubernamental en general.
Desde su punto de vista, una regulación sobre el gasto en publicidad oficial debe incluir la transparencia, planeación y criterios no discriminatorios, bajo la premisa de atender a la mayor cantidad de personas y garantizar la pluralidad informativa.
La especialista puntualiza que solo en los casos de San Luis Potosí y Oaxaca, hay la intención de regular el gasto de publicidad institucional.
