Jair García
La Jornada
El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Portilla Vázquez, y el ex presidente municipal de Minatitlán, Leopoldo Torres Torres García, supieron en todo momento del desvío cometido por la ex alcaldesa Guadalupe Porras David, pero simularon la firma de un convenio de fiscalización para ocultar el robo de los recursos públicos.
Conforme al documento que fue proporcionado, se firmó un convenio de colaboración para la fiscalización en el ayuntamiento de Minatitlán con fecha de 26 de febrero de 2013, justo cuando iniciaría la revisión a la cuenta pública de Guadalupe Porras David y de quien era señalada de haberse quedado con más de 100 millones de pesos de un puente que nunca se construyó.
De acuerdo con la versión de quienes proporcionaron este documento, el objetivo del convenio fue facultar legal y administrativamente al ayuntamiento de Minatitlán, en ese entonces gobernado por Leopoldo Torres García, y al auditor del Orfis, Lorenzo Portilla Vázquez poder encubrir el robo cometido por la ex alcaldesa.
La excusa para el convenio, indicaron, fue la de dar seguimiento a la implementación del Sistema Estatal de Fiscalización, sin embargo dentro de las cláusulas se estableció la realización de auditorías, cuando dicho programa era sólo de carácter administrativo y de capacitación de personal.
Desde el inicio de la administración del alcalde Leopoldo Torres García se señalaron las irregularidades cometidas por la ex alcaldesa y actual dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Guadalupe Porras David, sin embargo, el Orfis cada año emitió informes limpios en Minatitlán.
Sin embargo, cuando se evidenció que los recursos de un crédito solicitado a Banobras para la construcción de un puente nunca fueron aplicados, entonces, el Orfis ya bajo la gestión de Lorenzo Portilla firmó un convenio con el ayuntamiento de Minatitlán para poder subsanar esta irregularidad y taparla. Las personas que filtraron este documento aseguran que la ex presidenta municipal se vio obligada a “repartir” los recursos desviados, para no ser denunciada por el delito de peculado.
Una forma de comprobar esta versión, indicaron, es tan fácil como investigar dónde fueron aplicados los recursos del crédito solicitado a Banobras, pues supuestamente eran para la construcción del puente que comunicaría a la comunidad de Capoacán, el cual nunca se hizo, pero en los documentos oficiales está registrado como concluido.
