Sergio Ocampo Arista
La Jornada
Chilpancingo, Gro. Hegel Mariano, abogado de los “presos políticos” Gonzalo Molina y Arturo Campos, promotores y dirigentes de la policía comunitaria de la Casa Paraíso de Ayutla de los Libres, manifestó que por cuestión política no liberan a los líderes sociales acusados de terrorismo, secuestro y delincuencia organizada. Llamó a los gobiernos federal y estatal a tener voluntad política para resolver éste y otros casos.
Los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-PC) Gonzalo Molina González (preso en Chilpancingo) y Arturo Campos Herrera (recluido en Ayutla), permanecen en la cárcel “porque jamás se sometieron al gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que por supuestos delitos los encarceló”, aseguró el abogado.
Entrevistado en esta capital, el litigante consideró que “hay intención muy clara de someterlos, pues aunque aceptaron instalar mesas de diálogo, no permitieron que se convirtiera en una especie de subordinación.
Ellos quisieron conservar independencia en su relación con el gobierno estatal, obviamente de tipo institucional, y no permitieron nunca una subordinación, y por esa razón se les inician todas estas causas penales”.
El abogado insistió en que “de haberse sometido, pudieron evitar su arresto y el de la comandante Nestora Salgado, que fue lo que desencadenó todo.
“A Gonzalo Molina lo detuvieron (el 5 de noviembre de 2013) en Tixtla y acusaron de terrorismo, robo específico, lesiones, y privación de la libertad”, dijo.
Sin pruebas de portación de armas
A partir de ahí “le empezaron a integrar otras averiguaciones, y lo acusaron de portación de arma de fuego y de terrorismo, pero ante un juzgado federal, porque la Procuraduría General de la República abrió un averiguación, además de portación de arma exclusiva del Ejército, armada y fuerza aérea, y portación sin licencia, aunque no se ha demostrado, ni hay elementos que afirmen que haya portado armas de uso exclusivo”.
Lo de terrorismo, explicó, “fue a raíz de una protesta que realizaron, el 26 de agosto de 2013, cuando tomaron de manera simbólica el ayuntamiento de Tixtla en demanda de la libertad de Nestora Salgado”.
Dentro de los expedientes “nos ha interesado mostrar a los jueces el contexto en que se da toda esta situación, cómo surge la comunitaria, cómo se organizó un grupo de ciudadanos de Tixtla, en una cabecera municipal, con vínculos indígenas y el contexto de inseguridad de otros barrios y poblados, lo que significa la policía comunitaria, y cómo se ha extendido a partir de su surgimiento en la Montaña y Costa Chica”.
Dentro de la causa penal sólo declaran los cinco policías que supuestamente fueron retenidos, y lesionados, así como el director de seguridad pública municipal, Rubén Reyes, que después fue destituido.
“En la firma de la minuta de acuerdos, el cabildo de Tixtla reconoció el trabajo de la policía comunitaria, como institución indígena, lo que demuestra que no se trata de un grupo delictivo”.
Además se dijo que “Gonzalo no es delincuente, de lo contrario ninguna institución pública se hubiera sentado a dialogar con él. Se han exhibido sus nombramientos de promotor indígena de la Crac-PC, de las actas de asamblea en los barrios El Zapote y El Fortín, y otros aledaños cuando decidieron organizarse como policía comunitaria, así como videos y fotos demostrando que no hubo terrorismo”.
“No hay fines delictivos”
Insistió, “la policía comunitaria no actúa con fines delictivos, es muy difícil que llegue y accione sus armas, siempre han sido muy prudentes, porque ellos mismos le dicen al pueblo que sólo buscan la seguridad de la gente, no confrontarse con ella”.
Mencionó que las causas penales son la 67/ 2013, por portación de arma de fuego sin licencia ante el juzgado séptimo federal; la 157/2013, ante el juez cuarto de primera instancia del distrito de Los Bravos, en Chilpancingo, por terrorismo, lesiones, privación de la libertad, y robo, por las armas que retuvieron a policías municipales de Tixtla.
La 209/2013, en Tlapa, por secuestro agravado; y la 76/2013, en Olinalá, por delincuencia organizada, en la que se incluye también a Nestora Salgado.
“Las acusaciones de orden federal son las que les impiden lograr su libertad, por eso insistimos a los gobiernos federal y estatal que revisen los expedientes para ordenar la inmediata libertad de los dirigentes sociales”, concluyó.
