Enrique Méndez
La Jornada
México, DF. Las comisiones de Hacienda y de Energía de la Cámara de Diputados avalaron exentar a las empresas nacionales y trasnacionales que obtengan contratos de exploración y explotación de hidrocarburos del pago de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), a pesar de que legisladores del PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que se trata de una violación a lo dispuesto en los artículos primero y 123 de las Constitución, así como la Ley Federal del Trabajo.
El 6 de junio pasado, durante la comparecencia del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher, el diputado Juan Bueno Torio (PAN) denunció que esa exención había sido propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto en la iniciativa de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y anunció que el PAN presentaría una propuesta para modificar la redacción original.
Sin embargo, en el dictamen votado esta tarde en lo general se mantiene ese beneficio para las empresas nacionales y trasnacionales, con el argumento de que los patrones podrán ofrecer beneficios adicionales al ingreso laboral.
La diputada Joaquina Navarrete (PRD) cuestionó que no sólo se entrega la renta petrolera a la iniciativa privada, sino que tal exención “permitirá seguir abaratando la fuerza de trabajo, sin importar los derechos humanos y laborales de la clase trabajadora, cuando todos sabemos qué clase de salarios tenemos en México”.
Explicó que la exención no es aplicable porque no forma parte de las excepciones debidamente reglamentadas en la Ley Federal del Trabajo.
Dijo que si acaso se podría liberar a los contratistas del pago de la PTU cuando se trate de empresas de extracción nuevas y sólo durante la etapa de la exploración, pero no durante todos los procesos.
En la sesión de este sábado, Juan Bueno Torio ya no hizo ninguna referencia a este beneficio, aunque en junio dijo: “Tenemos una preocupación evidente, de lo que manda el presidente de la República en su iniciativa, que corresponde a la PTU. Hay un apartado en el que se pretende eximir a las empresas que participen en la explotación de la energía en nuestro país del pago de la PTU, que es un derecho constitucional de los trabajadores en México”.
