Roberto Garduño y Enrique Méndez
La Jornada
México, DF. El relator de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias, Ariel Dulitzky, cuestionó que la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, constituye “un fenómeno de extrema gravedad” y alertó que en caso de encontrar responsables, estos no serán sancionados por ese delito, sino por el de secuestro, por que la averiguación previa iniciada por el Ministerio Público Federal no persigue el primer ilícito.
En una reunión con diputados de la comisión especial que investiga la desaparición de los normalistas, Dulitzky reprochó: “es inconcebible que (México) sepa qué cantidad de petróleo exporta y no cuántas personas hay desaparecidas” en el país.
En un mensaje a los legisladores, pidió a la cámara aprobar una ley general de desapariciones forzadas, que incluya al menos dos vertientes, la desaparición por funcionarios del Estado o por actores privados que actúan con la tolerancia y aquiescencia del Estado mexicano. Es imprescindible, señaló, que se defina qué ocurrió con los normalistas “porque finalmente Iguala somos todos.
El representante de la ONU expresó que en sus cuatro años en la Oficina de Naciones Unidas Sobre Desapariciones Forzadas no conoció ningún caso de 43 personas desaparecidas forzadamente en un solo incidente, consideró que este hecho constituye una oportunidad histórica para la adopción de políticas públicas para asumir el fenómeno de desapariciones forzadas en México.
Lamentó también que no se haya adoptado ninguna de las recomendaciones que él mismo presentó hace tres años para abatir el fenómeno de desaparición forzada en México. Hoy, dijo, continúa el vacío sobre el que se habló al Estado mexicano, respecto a una falta de responsabilidad política que asuma este delito de manera integral y por ello persiste una impunidad crónica.
Recordó que en 2011 se destacaron dos momentos históricos sobre la desaparición forzada en México: las ocurridas durante la guerra sucia de las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, y las cometidas en el contexto del combate al crimen organizado. Pero en ambas, indicó, existen elementos en común, la prevalencia de la impunidad, que no se logra identificar a las víctimas y éstas no reciben una reparación integral del daño.
Recordó que en este año los representantes de la ONU visitaron precisamente el estado de Guerrero, porque este sintetiza y es el hilo conductor de las desapariciones de la guerra sucia y de las que ocurren actualmente. Expuso que las desapariciones forzadas del pasado aún son una asignatura pendiente y las del presente, si no se resuelven, serán “heridas abiertas por décadas hasta que se sepa qué paso con las personas”.
Insistió en la postura respecto de que el Estado mexicano no actuó a tiempo, esto es en las primeras 72 horas después de ocurrida la desaparición forzada, por lo que si se comprueba la teoría del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, respecto de la presunta incineración de los cuerpos de los normalistas en un basurero del municipio de Cocula, también se determinará que el gobierno actuó tarde.
