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Iguala, Gro. Mucho antes de que desaparecieran 43 estudiantes de magisterio tras un ataque de policías, el hijo de María Guadalupe Orozco desapareció en la misma ciudad mexicana de Iguala.
Orozco cree que soldados mexicanos se llevaron a su hijo Francis García, de 32 años, en marzo de 2010 cuando regresaba equipo de sonido que usó en la feria anual de la ciudad al centro nocturno donde trabajaba. Lo cree porque testigos se lo comentaron y por imágenes borrosas de una cámara de seguridad que ella vio, aunque el ejército lo niega.
Ahora, la madre se pregunta si Francis estará entre los 28 cadáveres localizados en cinco fosas clandestinas descubiertas como parte de la búsqueda oficial de los estudiantes y que según las autoridades no son de los alumnos.
Hoy, mientras se busca a los estudiantes, aparecen más fosas con restos de desconocidos. Más que resolver uno de los casos que más ha atraído la atención internacional, de desaparición forzada, las autoridades se han encontrado con más escenas de horror.
¿Quiénes son esos 28? ¿Hace cuánto están ahí? Guerrero ha sido por décadas un lugar con presencia tanto de grupos del narcotráfico como de guerrillas. Podrían ser parte de alguno de ellos. O no.
Y dada la incapacidad de México para identificar a los desaparecidos, es posible que nunca se sepa quiénes son.
«Es pensar otra vez, revivir los días de angustia, de desesperación, de estar deseando, de estar pidiéndole a Dios; que en cualquier momento suena el teléfono», dijo Orozco a The Associated Press. «Si alguien toca la puerta en tu casa, piensas: ‘ya viene, ya van a aparecer, ya va a estar aquí», añadió desde Iguala.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto prometió desde que inició hace casi dos años que daría a conocer cifras verificables de desaparecidos en México. En agosto hizo pública una lista de 22 mil 322 personas no encontradas.
Las autoridades, que a la menor oportunidad repiten que la violencia ha disminuido de manera importante bajo el actual mandato, pusieron poca atención al hecho de que 9 mil 790 de ellos, o casi la mitad del total, han desaparecido desde que Peña Nieto asumió la presidencia en diciembre de 2012.
El resto corresponde a los seis años previos, bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón, cuando las desapariciones comenzaron a incrementarse en medio de su ofensiva contra el narcotráfico.
La lista no incluye a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela de formación de maestros de educación básica vista históricamente como una institución radical que ha sido lugar de formación de profesores que en algún momento se sumaron a la guerrilla.
El gobierno ha dicho que aún no sabe qué pasó con los jóvenes, desaparecidos el 26 de septiembre cuando policías locales los detuvieron y entregaron a miembros del cártel de las drogas Guerreros Unidos. Cerca de 50 personas han sido detenidas, incluidos agentes locales y presuntos sicarios y líderes del grupo del narcotráfico.
Las fosas clandestinas son un hallazgo regular en el país: 11 cuerpos en agosto en el estado de Michoacán; otros 19 en Iguala apenas en mayo.
Averiguar quiénes son los desaparecidos en México parece hasta ahora un trabajo imposible, a pesar de la creación en mayo de 2013 de una unidad especial de la Procuraduría General de la República (PGR) luego de una huelga de hambre de madres y familiares. México no tiene una base de datos nacional que permita cotejar características de los desparecidos con cadáveres sin identificar y el actual proceso para construirla es lento.
La PGR no ha dado los resultados de la unidad, pero la organización Human Rights Watch reportó hace unos días que la unidad había revisado apenas 450 casos y localizado a 86 personas, de las cuales 57 estaban vivas y 29 muertas.
«Yo lo que les digo siempre es que nada de lo que hagamos es suficiente», dijo a The Associated Press la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, quien agregó que esperan que la base esté lista a nivel nacional para 2016. «Tienen toda la razón en estar enojadas, tienen toda la razón en sentirse frustradas, yo me siento frustrada».
Además de la PGR, sólo seis de las 32 demarcaciones del país han comenzado a trabajar para integrar la base de datos, conocida como AM/PM (ante mórtem/post mórtem) y creada por la Cruz Roja Internacional.
Uno de esos lugares es el Distrito Federal, la capital mexicana. Pero al mes de septiembre, su servicio forense solo había podido incluir la información de 20 cadáveres no identificados, dijo su director Felipe Takajashi. Y en total, tienen 13 mil registros desde 1980.
«Podríamos tardar año y medio en poner toda nuestra información en la AM/PM pero en otros estados sería mucho más porque no tienen nuestros medios, a veces no tienen ni base de datos capturada», añadió.
La de los desaparecidos es la historia de unos cuantos que obtienen algún resultado positivo y muchos otros que no.
Erika Montes de Oca no sólo es una de las que sí recibieron ayuda de la Procuraduría General de la República para encontrar a su sobrino desaparecido, sino que incluso fue contratada y ahora ayuda a encontrar a los familiares de otros.
Su sobrino Sergio Eduardo Guillén Montes de Oca, de 27 años, desapareció del bar en el que trabajaba en el centro de la capital en noviembre de 2012 en circunstancias desconocidas. La foto del joven estuvo nueve días colgada bajo una lona de plástico a unos metros de la Procuraduría en un improvisado campamento en el que familiares de desaparecidos, madres en su mayoría, realizaron una huelga de hambre.
Iniciaron a principios de mayo de 2013 y tres semanas después, el procurador Jesús Murillo Karam anunciaba la creación de la unidad de búsqueda. Algunos días más y luego de meses de rechazos y advertencias de que mejor ya no lo buscara, Montes de Oca identificó el cadáver de Sergio en una morgue del estado de México, contiguo a la capital.
«Creo que fue el primer caso que resolvió la Unidad de Búsqueda y demuestra una sola cosa: cuando buscan, encuentran. Llevaba 8 meses en la fosa común», dijo a la AP Montes de Oca.
Pero tras ser contratada, Montes de Oca labora no en la unidad de búsqueda, sino en una oficina conocida como Visitaduría (auditoría) de la PGR, lo cual le ha valido críticas de organizaciones civiles que ven su caso como un ejemplo de neutralizar a los activistas y de realizar trabajos sin protocolos.
Y es que no todos han corrido la misma suerte.
Reyna Estrada es una costurera de 56 años que busca a su marido Jaime Ramírez, quien en marzo de 2009 viajó junto con 11 compañeros a vender pintura a Coahuila, un estado del norte del país entonces azotado por el cártel de Los Zetas. Nada se sabe de él ni de los otros.
Las actuales autoridades federales han sido amables, pero la unidad supuestamente creada para centralizar los casos no aceptó atraer el suyo y la remitieron de nuevo con las autoridades de Coahuila, las mismas que durante seis años no le ofrecieron ningún resultado.
«Hay desaparecidos de primera y de segunda clase», lamentó en declaraciones a la AP.
Expertos forenses aseguran a lo que le falta a México son recursos y personal.
«La situación actual nos ha sobrepasado», dijo a la AP Jorge Alberto Talavera, jefe del equipo de bioarqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que desde 2011 colabora con la PGR. El experto cuenta que ellos, por ejemplo, le prestan a la PGR el georradar que se utiliza para detectar fosas clandestinas.
En Iguala, el centro de las miradas dentro y fuera de México tras el caso de los 43 estudiantes, comienzan a surgir otras historias de desaparecidos no contadas hasta ahora. Junto con García desapareció en marzo del 2010 Lenin Vladimir Pita, de 17 años, cuando ayudaba a mover el equipo para la fiesta del pueblo.
«Es vergonzoso lo que sucedió en Iguala el 26 de septiembre», dijo Felix Pita, padre de Lenin, quien confía que las protestas continúen. «Si hoy no protestamos, al rato nos desaparecen a todos».
