México, 11 de agosto 2015 (NOTIGODÍNEZ).- En el contexto del «Día Internacional de los Pueblos Indígenas», que Enrique Peña Nieto conmemoró ayer ante cientos de acarreados, la constructora Grupo Higa ha destruido cosechas de pobladores nahuas de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, a quienes despojó de 37 hectáreas de sus tierras en un área natural protegida, cortesía de su empleado en Los Pinos, el asesino de Atenco.
De acuerdo con el digital Revolución 3.0, la «empresa am-HIGA» del actual régimen usurpador no ha perdido el tiempo y ha invadido campos del territorio en pugna, destrozando con maquinaria los plantíos y cosechas de los pobladores de la zona. Esto, para apresurar las obras de la autopista privada Toluca-Naucalpan, un proyecto ecocida más del actual régimen en beneficio de Juan Armando Hinojosa Cantú, socio mayoritario de Grupo Higa.
“Solicitamos personalmente al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH] medidas (cautelares) que detuvieran los trabajos y que saliera de nuestro territorio la maquinaria, el personal de la empresa, el personal del gobierno y los policías que en todo momento han acompañado a la empresa para realizar su trabajo ilegal, intimidando y hostigando a la comunidad. Estas medidas debían prolongarse hasta que se emitiera una recomendación por parte de la CNDH (…) Partiendo de la información dada a la CNDH para las medidas cautelares y de acuerdo a su propio reglamento interno, por la gravedad y vulnerabilidad que vive nuestra comunidad las medidas debieron ser emitidas tal y como las pedimos, pero no fue así lo único que emitieron fue que la policía garantizara la integridad de los habitantes”, explicó en conferencia José Luís Fernández, habitante de Xochicuautla citado por Revolución 3.0.
Pierden su tiempo. Raúl González Pérez, actual «titular» de la CNDH, es un priista de pura cepa, cómplice encubridor de brutalidades como el asesinato de Luis Donaldo Colosio o la matanza de Aguas Blancas, Guerrero.
El propio Fernández confirmó, según Revolución 3.0, que el presidente de la CNDH NO emitió las medidas cautelares tal y como le fueron solicitadas por los afectados con este nuevo proyecto de Grupo Higa, pese a que el reglamento del organismo establece que al acreditar la validez de la queja, las recomendaciones deben ser emitidas tal y como sean exigidas por los quejosos.
En este caso, González Pérez debió por lo menos recomendar la cancelación definitiva de las obras debido a la gravedad de las consecuencias y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas. Desde luego, el empleado de Peña Nieto en la CNDH no lo hizo. ¿Por qué habría de hacerlo si desde que fue impuesto en la comisión se denunció su histórica complicidad con los peores asesinos que han emanado del PRI?
El despropósito es seguirle buscando la cara y pedirle frías a estos delincuentes. Ahí radica el vicio de la mayoría de los movimientos sociales, en defensa de la tierra y la justicia popular. Se empeñan en pedirle a los delincuentes y/o a sus cómplices que «cumplan la ley», necean con repetir imbécilmente estrategias cuya nula efectividad está demostrada, esperando resultados distintos.
El pasado jueves 9 de julio, el asesino de Atenco y actual usurpador Enrique Peña Nieto, anuló un decreto presidencial de 1952 que establecía como área natural protegida las zonas boscosas de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, decreto que también otorgaba a sus habitantes de origen otomí certeza jurídica en la posesión ancestral de sus tierras.
La anulación del decreto tuvo como objetivo beneficiar directamente a Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú, para entregarle el proyecto carretero Toluca-Naucalpan que devastará 37 hectáreas de la mencionada zona boscosa.
¿Todo esto se puede revertir? Claro. Pero es necesaria una reacción INMEDIATA y contundente del pueblo para derrocar a quienes llevan a cabo todos estos abusos. Esperar hasta 2018 es un acto suicida. PARO NACIONAL 14 DE OCTUBRE.
Con información de Revolución 3.0
