Gloria Leticia Díaz
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) celebró la determinación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para atraer un amparo por violaciones al derecho a la información y a la verdad sobre las masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León.
El análisis del caso permitirá a la SCJN “avanzar en criterios sobre el derecho de acceso a la información en averiguaciones previas que investiguen graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”, apuntó la organización.
Entre los litigios que lleva la FJEDD por las masacres de migrantes –entre ellos un amparo contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por su recomendación en el caso de la de San Fernando—, destaca un recurso iniciado tras la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR) a entregar los expedientes de la masacre de 193 migrantes encontrados en fosas clandestinas en San Fernando en 2010 y los de la matanza de 49 personas en Cadereyta en 2012.
En un comunicado, la organización recordó que a la negativa de la PGR se sumó la del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que rechazó desclasificar los expedientes con el alegato de que “no era de su competencia determinar si estas masacre de personas migrantes son graves violaciones a derechos humanos y que ninguna autoridad competente las había clasificado como tal”.
Ante dicha respuesta, la FJEDD se amparó contra el Ifai por considerar que el organismo “obstaculiza el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad sobre estas tres masacres de personas migrantes”.
El recurso que fue analizado por el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, quien sin llevar a fondo el asunto determinó que “las tres masacres eran graves violaciones a derechos humanos”, obligó a la PGR a hacer públicos los expedientes, pero la dependencia federal impugnó la sentencia y solicitó la atracción de la SCJN.
El pasado martes 3, los ministros de la Primera Sala aprobaron por unanimidad la ponencia de su colega José Ramón Cossio y determinaron atender la solicitud de atracción.
La organización civil consideró que la resolución de los ministros de estudiar a fondo el caso permitirá establecer un “estándar vigente de violación grave a derechos humanos para efectos de acceso a la información de carácter público”, así como reconocer dicho acceso como “garantía del derecho a la verdad en casos de graves violaciones a derechos humanos”.
La FJEDD apuntó que la SCJN tiene la oportunidad para pronunciarse por las facultades que tienen los jueces de amparo para calificar de primera instancia “hechos concretos como graves violaciones a derechos humanos para hacer públicos expedientes de graves violaciones de derechos humanos”.
Además, agregó, le permitirá evaluar la efectividad del Ifai para garantizar el acceso a la información en esos casos.
Del análisis que haga la SCJN se podrá “consolidar jurisprudencia sobre la prohibición de utilizar el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales para negar acceso a investigaciones penales en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, agregó la organización.
