Ángeles Cruz Martínez
La Jornada
Organismo de buena fe, que actúa sólo a petición y con consentimiento de las partes involucradas (médicos y pacientes), la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) no ha logrado convencer de que puede ofrecer solución a los problemas de los servicios de salud. Al contrario, reconoce su titular, José Meljem, la sociedad está inconforme con su actuación.
A veces, dice, los enfermos creen tener la razón, que han sido víctimas de negligencia médica –lo cual no siempre es así– y “nosotros no somos capaces de convencerlos de lo contrario”. En otros casos, los médicos se sienten perseguidos y rechazan participar en los procesos, aunque en la mayoría de éstos el problema se origina por la deficiente comunicación médico-paciente, explicó el funcionario.
Y ahí queda, pues las limitadas facultades de la Conamed –que cumple 19 años en junio próximo– le impiden ir más allá. Por eso, su trabajo más relevante se concentra en las orientaciones y asesorías especializadas sobre los servicios médicos que ofrece a los pacientes y sus familiares. Sólo 12 por ciento de las más de 17 mil solicitudes que recibe al año ingresan como quejas formales. En 2013, sólo 92 concluyeron con un laudo.
En entrevista, Meljem reconoce la importancia de ampliar las facultades de la Conamed, para que opere como autoridad dentro del sistema nacional de salud. Así podría contribuir de manera efectiva a elevar la calidad de los servicios y a terminar con la percepción de que es un organismo que no sirve, sostiene.
La Secretaría de Salud (Ssa) ya tiene un proyecto de reforma a la Ley General de Salud, en el que propone crear la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica y ampliar las facultades de la Conamed (La Jornada, 11/10/14). Sin embargo, el documento aún no es presentado al Congreso de la Unión porque desde hace varios meses es analizado por el área jurídica de la Presidencia.
La propuesta de la dependencia federal plantea que las instituciones de salud tengan la obligación de atender los requerimientos de la Conamed para resolver las quejas de los pacientes. Actualmente, explica Meljem, funciona con base en convenios con las instituciones de seguridad social, aunque se establecieron plazos “excesivos” para dar las respuestas.
Además, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) “a veces acepta el arbitraje y otras no”. Mientras, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene una normativa que de antemano rechaza la posibilidad de intervención de la Conamed. Se supone que atiende las denuncias de los derechohabientes mediante mecanismos internos.
“Estamos platicando con las instituciones en los mejores términos para allanar estos problemas y tratar de que esto sea más sólido, lograr mayor incidencia y menor frustración en los usuarios”.
Meljem reconoce que la modificación legal “no es para perseguir ni criminalizar a los médicos, sino para poder hacer revisiones integrales del acto médico, y eso incluye a todo el personal que haya tenido participación en la atención del enfermo”.
Además, dice, los cambios permitirán, luego de una revisión integral del procedimiento, detectar los factores que inciden en la comisión de errores o deficiencias. La Conamed podría emitir recomendaciones para evitar nuevos casos.
Es importante que la comisión no sea sólo una instancia de buena fe porque eso, en parte, ha generado la inconformidad de los usuarios, en particular de aquellos que tienen la percepción de que fueron víctimas de negligencia médica.
Meljem resalta que las personas que acudieron a la Conamed y encontraron respuesta mediante orientación o gestión inmediata de una cita médica, por ejemplo, tienen una valoración distinta. “Ahí nos va bien”.
La propuesta de la Ssa para modificar la Ley General de Salud –cuya copia tiene La Jornada– plantea la mediación como una alternativa más para solucionar los conflictos. En ese punto la Conamed tiene como tarea principal acercar a las partes, para que se pongan de acuerdo.
Se trata, señala Meljem, de aprovechar al máximo los mecanismos alternos para la solución de controversias, antes de llegar a juicios penales y civiles. Así, aunque se plantee la obligación de atender los requerimientos de la Conamed, “siempre será mejor venir acá y encontrar una alternativa de solución, que ir a un ministerio público o un tribunal”, advierte el comisionado.
