Sara Pantoja
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- En México, cada 29.1 horas se atenta físicamente contra un periodista en promedio, según la organización internacional Artículo 19; esta cifra coloca al tercer trimestre del 2014 como el más violento para la prensa mexicana en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
“Por el tipo de agresiones ocurridas, se trata del trimestre más violento para la prensa mexicana en la administración de Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno pese a contar con una Ley, una Fiscalía y un Mecanismo para brindar seguridad a las víctimas ha sido omisa en sus investigaciones”, acusa Darío Ramírez, director general de la agrupación en México y Centroamérica.
Según el Tercer Informe Trimestral de Artículo 19, durante julio, agosto y septiembre pasados murieron dos periodistas y el hijo de 12 años de un comunicador, a consecuencia de un ataque armado contra las instalaciones del medio donde laboraba su padre.
En los tres casos, agrega, no hay avances en las investigaciones. “La impunidad es el sello de los tres crímenes. Es el mismo estado que guardan las siete decenas de periodistas que han sido asesinados presumiblemente por su labor periodística… Las cifras siguen creciendo y la indefensión de la prensa se afianza en nuestra sociedad”.
Pero la violencia contra los periodistas mexicanos ha estado presente durante todo el 2014. De enero a septiembre, Artículo 19 documentó 222 agresiones a la prensa mexicana. De ese total, 94 fueron ataques físicos, 40 actos de intimidación, 37 amenazas, 23 detenciones arbitrarias, tres asesinatos a periodistas y el ataque a las instalaciones de un medio de comunicación.
Las cifras hablan por sí mismas: En 42% de las agresiones el responsable es un funcionario público, en 17% es un particular y 27% se desconoce al atacante.
Y las agresiones se suman. En lo que va de octubre, la tuitera de Tamaulipas, María del Rosario Fuentes, y Atilano Román Tirado, comunero de Sinaloa que tenía un programa de radio, fueron asesinados. Además, un periodista sinaloense está en calidad de desaparecido.
La investigación de Artículo 19 reporta que hasta el pasado 30 de septiembre, se había agredido a un periodista cada 29.1 horas. Agrega que aún cuando esta cifra representa una disminución de la violencia de 9% comparado con 2013, por el tipo de ataques documentados –entre estos tres asesinatos– “se trata del periodo más violento para la prensa en la administración de Enrique Peña Nieto”.
En el 2013 –recuerda la organización– en el país se agredió a un periodista o medio de comunicación cada 26.6 horas. Ello significó un repunte de la violencia de 50% comparado con 2012, cuando en promedio se actuó con violencia a un comunicador cada 39.9 horas.
Para Artículo 19, asesinar a un periodista “es una agresión que afecta a la democracia”. La razón es no sólo porque anula el derecho a la vida de la víctima y afecta la integridad psicológica de su familia, sino porque priva a la sociedad de una fuente de información y provoca un efecto inhibidor en el trabajo de la prensa. Por ello, “México tiene uno de los peores récords del mundo en homicidio de periodistas, lo que evidentemente quiere decir que la democracia es pobre en nuestro país”.
La organización internacional recuerda que para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) “el asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación constituye la forma de censura más extrema”.
En el caso de México, añade, es una agresión que “deja al descubierto las fallas y omisiones de las instancias encargadas de procurar e impartir justicia”.
Las agresiones
El Tercer Informe Trimestral de la organización Artículo 19 incluye algunas de las historias de violencia documentadas en los últimos tres meses del 2014.
La primera es sobre el asesinato en su propia casa, del periodista Nolberto Herrera Rodríguez el pasado 29 de julio. Antes de ser asesinado trabajaba como camarógrafo, reportero, editor y productor de Canal 9 en la capital de Zacatecas. Su cuerpo tenía 20 heridas en la espalda, pecho y cabeza provocadas con una navaja o cuchillo.
El procurador de Justicia en Zacatecas, Arturo Nahle García, se comprometió a resolver el crimen “muy pronto”. Sin embargo, a dos meses del homicidio no se conocen avances de la investigación.
Los familiares de Herrera Rodríguez exigen al gobernador, Miguel Alejandro Alonso Reyes, que la Procuraduría estatal reinicie la indagatoria.
En tanto, Alfredo Valadez Rodríguez, jefe de información de Canal Nueve y amigo de Nolberto, asegura: “No queremos que se dé carpetazo al crimen. Solicitamos que no se abandone la línea de investigación que tiene que ver con el trabajo que realizaba nuestro compañero comunicador. En todo caso, pediríamos a Arturo Nahle García (procurador) que si escapa a las posibilidades de sus empleados y dependencia, que solicite formalmente a la PGR la atracción de esta investigación”.
Víctima colateral a los 12 años
La noche del pasado 1 de agosto, un grupo armado atacó las instalaciones de la radio comunitaria Calentana 98.1 FM, en Luvianos, Estado de México. Era el mismo lugar donde vivía con su familia Indalecio Benítez, locutor y fundador de la emisora. En la agresión, Juan Diego Benítez, su hijo de 12 de años fue herido de muerte.
El hecho obligó al comunicador y a su familia a abandonar el lugar. Hoy está en calidad de desplazado por la violencia, recibe apoyo económico de organizaciones de la sociedad civil –como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y AMARC–, además de que se acogió al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
“Desconozco los avances de las investigaciones porque desde el momento del atentando me he enfocado a buscar la paz. Perdono a las personas que me hicieron esto, pero eso no quiere decir que voy a rehusarme a que las autoridades hagan su trabajo que es investigar”, dice Indalecio Benítez a Artículo 19.
Y pese a los nulos avances en la investigación del atentado y a que no hay garantías de seguridad, planea regresar a la radio: “Mi idea es seguir informando de los temas más relevantes de la región y abogar por la paz de Luvianos”.
Denuncia robo y…
El pasado 11 de agosto, Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono y vocero del Ayuntamiento de Cosolapa, Oaxaca, llegó a su casa después de participar en un acto en la comunidad de Palma Sola. Iba a empezar a comer, pero fue interrumpido por una persona que le dijo estar interesada en comprar su coche.
El reportero de asuntos policiacos salió a la calle, entonces, el presunto comprador sacó un arma y sin mediar palabras le disparó. Su cuerpo recibió al menos cuatro balazos.
Así lo contó un día después del crimen, el periódico El Buen Tono, editado en Córdova, Veracruz. Dos días antes del homicidio, este diario publicó una nota informativa –aunque sin firma, pero fechada en Cosalapa— sobre la captura de una banda criminal que tenía 16 mil litros de combustible robado, supuestamente transportados en tres camionetas propiedad del director de la Policía de Cosalapa, Fermín Vanegas.
El jefe de información de El Buen Tono, Miguel Ángel Contreras, considera que el posible móvil del asesinato de Rojas Hernández fue la publicación de esa nota. A dos meses de los hechos, el crimen continúa impune.
Quintana Roo, primer lugar de agresiones
De acuerdo con el informe de Artículo 19, en tan sólo tres meses Quintana Roo pasó del tercer al primer sitio en agresiones contra la libertad de expresión. Es “una región donde se arremete sistemáticamente a periodistas y medios críticos de la administración pública estatal”, a cargo del gobernador Roberto Borge Angulo.
En los últimos tres meses, la organización defensora de periodistas documentó 15 ataques a la prensa en esa entidad.
Del total, 11 fueron dirigidas al semanario Luces del Siglo, mediante la clonación de su información en el periodo mencionado: 10 veces de forma digital y una más de manera impresa con el propósito de beneficiar la imagen del mandatario estatal.
Los directivos de Luces del Siglo solicitaron medidas cautelares, vía la figura de amparo, contra el gobernador y las personas que en redes sociales comparten las portadas falsas, así como contra los servidores públicos que los han difamado por su línea editorial. El litigio continúa.
Contra corresponsal de Proceso
El informe de Artículo 19 destaca que entre las otras agresiones ocurridas en Quintana Roo durante agosto y septiembre se cuenta la hecha contra el corresponsal de la revista Proceso, Sergio Caballero, quien fue “difamado en redes sociales”.
También destacan las embestidas contra el comunicador y activista Pedro Canché, acusado y encarcelado “injustamente por el delito de sabotaje” tras informar de un violento desalojo contra un grupo de indígenas mayas en el municipio de Felipe Carillo Puerto.
Según la investigación, Canché fue golpeado por internos de la prisión municipal que le ocasionaron una lesión cervical y rectificación de columna.
Puebla, el segundo más agresivo
Según el reporte de la organización defensora de la prensa en México, los ataques contra periodistas y medios de comunicación que cuestionan las acciones del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, colocan a esta entidad en el segundo lugar nacional de agresiones contra la libertad de expresión en el tercer trimestre del año.
En ese periodo, Artículo 19 ha documentado 10 agresiones contra la prensa. Dos de ellas fueron robos a la casa de tres periodistas; los agresores hurtaron computadoras personales y atacaron las páginas de dos medios de comunicación locales.
Y no es todo: Se han reportado tres ataques físicos a periodistas, la incautación de equipo de transmisión a una radio comunitaria y un acto de intimidación a un periódico local.
En ninguno de los casos hay responsables castigados. Peor aún, en cuatro de ellos, los responsables son servidores públicos.
Artículo 19 concluye tajante su informe: “El panorama para la prensa mexicana en el tercer trimestre del año no fue bueno. De norte a sur, siguieron asesinando, amenazando, intimidando, demandando y persiguiendo a periodistas por informar o cuestionar a las autoridades en turno”.
Y remata: “El Estado mexicano falló en su responsabilidad de brindar justicia y procurar la no repetición de las agresiones”.
