Pedro Zamora Briseño
Proceso
COLIMA, Col. (apro).- Habitantes de 10 ejidos y comunidades indígenas de Jalisco y Colima realizaron este miércoles una protesta contra la imposición de proyectos mineros, que en algunos casos constituyen una amenaza y en otros ocasionaron ya severos daños en sus tierras.
Además, denunciaron que a lo largo de los años los intereses mineros han desencadenado en sus poblaciones un ambiente de asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, hostigamiento, intimidación, sobornos, así como la contaminación de afluentes de agua, y destrucción de caminos.
También han padecido la pérdida de la biodiversidad y tierras de cultivo, brote de enfermedades, división dentro de las familias y fractura de su tejido social, acciones que los han llevado a enfrentarse entre hermanos, cancelando, con ello, el derecho a una vida digna.
En la jornada de protestas, que incluyó plantones frente a las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como en palacio de gobierno, participaron representantes de las comunidades colimenses de Zacualpan y Canoas, y las jaliscienses de Coconal, Mameyito, Puertecito de las Parotas, Los Potros, Puertecito de Lajas, Llanito de la Marina, Loma Colorada y Tequesquitlán, quienes contaron con el apoyo de miembros del grupo ambientalista Bios Iguana.
En un pronunciamiento conjunto, las comunidades manifestaron que “para lograr sus objetivos las empresas mineras corrompen autoridades y contratan sicarios para intimidarnos y despojarnos violenta y sanguinariamente de nuestros territorios”.
Ejemplificaron con los casos de los asesinatos de Abelino Monroy Sandoval y Alejandro Monroy Denis, en los años ochenta y noventa en Ayotitlán, así como la desaparición forzada del activista indígena Celedonio Monroy Prudencio, ocurrida en octubre de 2012, mientras que el campesino Félix Monroy Rutilo, familiar de las tres víctimas, desde hace 40 años ha sido desplazado de sus tierras, intimidado y agredido por el consorcio minero “Benito Juárez Peña Colorada”.
En el caso de Zacualpan, denunciaron, después de haber logrado que el Tribunal Unitario Agrario 38 aceptara como legítima la asamblea del 23 de febrero pasado, en la que se rechazó el proyecto de una mina de oro, se declaró a esa comunidad como “territorio libre de minería y se reconoció al nuevo comisariado de bienes comunales como custodio del centro turístico Ojo de Agua”.
Sin embargo, poco después se desató una ola de violencia contra el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) por parte del grupo priista que apoya al destituido Carlos Guzmán Teodoro.
Y una vez que los seguidores de Guzmán tomaron por la fuerza el centro turístico, las comunidades exigieron al gobierno de Colima y municipal de Comala que “dejen de proteger a los priistas, frenen la violencia que este grupo genera en la comunidad indígena de Zacualpan y haya celeridad del proceso de devolución del Ojo de Agua a las nuevas autoridades comunales por parte de la Procuraduría General de la República”.
Representantes del ejido de Canoas denunciaron que a pesar de que no existe permiso de cambio de uso de suelo por parte del ayuntamiento de Manzanillo para el proyecto “Extracción de mineral de fierro yacimiento Eva”, de Pacific Group SA, y de que el ejido tampoco ha otorgado el permiso social, la empresa insiste en instalarse a como dé lugar, e incluso abrió un camino por el ejido de Arrayanal y destruyó gran cantidad de árboles.
Asimismo, pese a que la Profepa clausuró los trabajos de la mina, las máquinas se quedaron adentro haciendo perforaciones, mientras que las autoridades de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional han obstaculizado el registro de los documentos mediante los cuales la asamblea ejidal se pronunció ya en dos ocasiones contra la instalación de proyectos mineros en su territorio.
Por lo anterior, los inconformes exigieron a esas dependencias federales, así como a la Semarnat y a la Profepa, dejar de “estar cobijando a las empresas mineras, “y respeten la decisión de los ejidos y comunidades que hemos declarado nuestro territorio libre de minería”, además de que “exigimos al gobierno federal la cancelación de las concesiones mineras en nuestros territorios”.
En las instalaciones de la delegación de la Profepa, ningún funcionario salió a atender a los manifestantes; por el contrario, fueron cerradas las puertas de la dependencia e incluso se impidió el acceso a ciudadanos que acudían a realizar algún trámite.
En contraste, en la Semarnat el delegado Ernesto Pasarín Tapia atendió personalmente a los inconformes, ante quienes se comprometió a acudir el próximo lunes a las comunidades de Zacualpan y Canoas para analizar los casos a fondo.
Sobre el proyecto de la mina en Zacualpan, aseguró que la delegación a su cargo no otorgará alguna autorización en materia ambiental por considerar que se trata de un área protegida, mientras que en Canoas, aunque ya se autorizó la manifestación de impacto ambiental (MIA), comentó que habría posibilidades de que el permiso fuera revisado y revocado.
En palacio de gobierno, salió un abogado del área jurídica a ofrecerles que subiera una comisión de 10 personas para ser atendidos por él mismo, pero los manifestantes se negaron y exigieron que saliera el gobernador Mario Anguiano Moreno. Ante el desacuerdo, los inconformes únicamente entregaron una copia del pronunciamiento.
