David Martínez Huerta
Sinembargo
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán privatizadas pero no en favor de particulares sino en el del «Presidente de la República», denunciaron senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y expertos en materia energética. No obstante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) justificó la redacción del texto, porque “así sucederá en la práctica”.
Los legisladores de izquierda precisaron que en el artículo segundo de las leyes de ambas empresas productivas se especifica que éstas serán “propiedad exclusiva del gobierno federal” y el depositario de éste es el titular del Poder Ejecutivo.
[En estos momentos, el Poder Ejecutivo ha sido usurpado por el PRI enviando por delante a su carete Peña Nieto.]
“El gobierno federal no puede ser propietario exclusivo de ningún bien de la Nación. Hay que recordar que el gobierno federal se deposita en un poder unipersonal que es el titular del Ejecutivo Federal y plantear en esos términos está redacción implica convertir a Pemex y a la CFE en las empresas del Presidente de la República”, afirmó el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD.
Durante la exposición de artículos reservados después de que las comisiones unidas del Senado aprobaron en lo general el tercer dictamen que contiene las nuevas leyes para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, la izquierda calificó como mentira que estas normas pretendan fortalecer a las empresas productivas.
Asimismo, diversos legisladores anunciaron que se reservarán este artículo para su discusión ante el pleno con el fin de modificar la redacción en ambas leyes, para especificar que tanto Pemex como la CFE son propiedad de todos los mexicanos, como afirmaba la publicidad oficial a finales del año pasado, para justificar la reforma constitucional.
“Se invirtieron cerca de 9 millones de pesos diarios en publicidad cuando se estaba discutiendo las modificaciones al Artículo 27 [de la Constitución], para dejar claro que Pemex no se privatiza y que la CFE tampoco; ahora, de un plumazo, aparece ya aquí contenido que ésta ya es una empresa propiedad exclusiva del gobierno federal”, aseveró el Senador perredista Isidro Pedraza Chávez.
Los legisladores del Sol Azteca advirtieron que darán la lucha para modificar, por lo menos, la redacción de estos artículos, ya que “es inadmisible que las empresas más importantes del país pasen a ser propiedad exclusiva de Peña Nieto, no lo vamos a admitir”, advirtió la Senadora Dolores Padierna Luna.
En el mismo sentido, Rocío Nahle García, integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, lamentó que no se especifique que tanto Pemex como la CFE son propiedad de la Nación y no del gobierno federal.
“Con esta Ley no se le vislumbra un futuro prometedor a Pemex, pese a que nos están diciendo que va a estar libre para la competencia, que bienvenido al libre mercado. Es una falacia. Ninguna empresa petrolera en el mundo, ninguna hace estas aberraciones que estamos haciendo en México”, aseguró la ingeniera química, en entrevista para SinEmbargo.
El Senador Alejandro Encinas sostuvo que la redacción de este párrafo sintetiza exactamente lo que pretende Peña Nieto con la «Reforma Energética». Precisó que desde la reforma constitucional ha quedado claro que se busca eliminar la noción del Estado mexicano y su responsabilidad en la rectoría de la actividad económica, para transferirla al [PRI que mantiene secuestrado al gobierno federal].
“Pretende eliminar la responsabilidad del Estado en las empresas públicas, dejar a la discrecionalidad del Ejecutivo [hoy usurpado] el nombramiento de los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y subordinar el interés público al interés privado”, reiteró el Senador Encinas.
PRI RECHAZA MODIFICAR REDACCIÓN
Ante los constantes llamados de los senadores de izquierda para modificar la redacción del segundo artículo, el Senador David Penchyna Grub, presidente de la Comisión de Energía, rechazó cualquier posibilidad de cambiar el texto acordado para evitar que diga que Pemex es “propiedad exclusiva” del gobierno federal.
Durante la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, el legislador priista aclaró que él mismo tenía una reserva sobre este tema, pero que después de reflexionar sobre el mismo, llegó a la conclusión de que la redacción era correcta, porque así sucederá en los hechos.
“Y no es que no estemos de acuerdo que la propiedad de las empresas públicas sea de todos los mexicanos, porque de hecho lo es, pero la redacción toda vez que estamos migrando a un modelo de empresa y la redacción que decidimos de manera calificada en la reforma constitucional”, aseguró tras anunciar que retiraba sus reservas.
Indicó que en la reforma constitucional se estableció en la redacción del artículo 28 que “el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas”, y el texto constitucional remarca que “manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan”.
“¿Por qué se recurrió a la propiedad en manos del gobierno federal? Porque en términos reales y hablando de empresas, será el gobierno federal quien a través de su empresa pública productiva de Estado, realice todos los actos jurídicos en nombre y a cuenta del Estado y de la Nación”, explicó.
REPROCHAN MÁS FACULTADES AL USURPADOR
Pero si el segundo artículo de la Ley de Pemex es grave, los perredistas consideraron que el tercero no se queda atrás. En el artículo en comento se señala que Pemex se regirá por el derecho privado, con lo cual no se garantizará el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Rendición de Cuentas.
La preocupación se deriva en que de mantener la redacción en sus términos Pemex perderá autonomía de gestión, ya que de por sí el nombramiento de los integrantes del Consejo de Administración será responsabilidad del «Presidente de la República» [que no existe en México], y con este artículo las empresas quedarán sujetas al derecho privado.
“Al hacer prevalecer el derecho civil y mercantil, como se señala en el artículo tercero, se excluye a los consejeros del régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o de cualquier disposición aplicable en general a los servidores públicos en el ámbito federal”, sostuvo el Senador Alejandro Encinas.
Es precisamente en el artículo 30 de la Ley de Pemex y en el 29 de la Ley de la CFE, en donde se estipula que los consejeros no estarán sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En este sentido, la experta en asuntos energéticos, la ingeniera Rocío Nahle sostuvo que esta parte debilita al Consejo de Administración en lugar de fortalecerlo, ya que serán los propios consejeros quienes determinarán de forma voluntaria en qué casos podrán excusarse de participar en alguna discusión o votación.
“Han tratado de copiar el modelo anglosajón, en Estados Unidos es común que haya empresarios y accionistas en los consejos de administración de las empresas privadas, es un modelo de libre mercado […]. ¿Cómo es que vamos a tener en el Consejo de Administración empresarios o funcionarios públicos con conflicto de intereses en una empresa estatal? No, no hay ética, hay un debilitamiento”, explicó la integrante del Grupo de Ingenieros.
Por otra parte, el Senador Zoé Robledo Aburto indicó que las nuevas leyes centralizan la toma de decisiones en la Presidencia de la República y fortalecen la potencial injerencia del Presidente en la administración de Petróleos Mexicanos, cosa que contraviene las recomendaciones hechas por organismos internacionales como la OCDE.
El legislador chiapaneco denunció que en la Ley de Pemex se plantea que si uno de los consejeros no es ratificado por el Senado de la República en un plazo de 30 días, ésta designación se dará por buena.
“Si la propuesta del Ejecutivo no es aceptada [por el Senado], simplemente se da por buena, porque pues al final de cuentas la lógica de esta empresa productiva no es del Estado, es una empresa productiva del Ejecutivo Federal, una empresa productiva del gobierno de la República”, acusó Zoé Robledo.
En otro aspecto en donde se apuntalan nuevas facultades presidenciales, la Senadora Padierna afirmó que en los artículos 41 y 42, se le permitirá al [usurpador en turno] el que decrete discrecionalmente las zonas de salvaguarda; es decir, las zonas a expropiar y las zonas que se le darán a las empresas extranjeras.
TRABAJADORES DE PEMEX AFECTADOS
Los legisladores de izquierda criticaron de forma especial, los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Petróleos Mexicanos donde se afectan los derechos de los trabajadores petroleros, por ende el de los electricistas, porque “dan al traste con el contrato colectivo de los trabajadores petroleros”.
“Se dan al traste porque la relación laboral de Pemex con sus trabajadores ya no se regularán por el contrato colectivo de trabajo”, sostuvo el Senador Encinas.
En el artículo noveno transitorio de la Ley en comento, se estipula que los derechos de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, serán respetados conforme a la ley.
No obstante, el artículo 71 de la ley de Pemex, dice que tanto ella como sus empresas productivas subsidiarias contarán con un régimen de remuneración especial distinto al previsto en el artículo 127 constitucional.
“Es decir, la contratación, o sea, la admisión, la permanencia, la remuneración, las prestaciones y las condiciones generales de trabajo serán ejercidas ya por el Consejo de Administración de manera unilateral, derogando, abrogando el Contrato Colectivo de Trabajo, lo cual lanzará a miles de trabajadores petroleros y también, en caso de ser electricistas, a la calle”, precisó.
