Patricia Dávila
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil anunció su intención de promover la creación de comités en defensa de la tierra en todo el país, con el fin de garantizar los derechos de ejidatarios y campesinos ante la inminente irrupción de capital privado para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.
David Contreras Silva, coordinador nacional de la Red, explicó en rueda de prensa que luego de la promulgación de las leyes energética y de hidrocarburos, hasta el momento se han creado 150 comités en Veracruz y Estado de México.
Uno de los principales objetivos de estos comités, abundó, es trabajar en los amparos colectivos en contra de la ley secundaria de hidrocarburos, a través de mecanismos que serán empleados por los comisariados ejidales para la integración de cada expediente.
También dejó en claro que los comités pugnarán de forma pacífica por el respeto al ejido para frenar su privatización, aunque otro de los objetivos es evitar que se “criminalice” a los integrantes de esos comités.
Contreras Silva indicó que, además de impulsar la creación de los comités de defensa en el país y la presentación de los amparos colectivos, se impulsará la consulta popular para revertir la reforma energética, pero como agrupaciones campesinas alejadas de los partidos políticos para evitar que la postura de éstas se politice.
Además, anunció que el domingo 31, en el estado de Jalisco, las organizaciones campesinas sostendrán una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto con el fin de establecer mecanismos de financiamiento para el campo.
Asimismo, aprovecharán el encuentro para reiterar el llamado a concretar la reforma para el campo y el Pacto Rural Integral que reclama el sector.
Por otra parte, consideró como un avance la decisión recientemente anunciada por Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, en el sentido de que la Ley de Hidrocarburos establece que las secretarías de Energía, de Gobernación y las dependencias correspondientes deberán realizar una consulta previa, libre e informada con los habitantes de las comunidades donde se desarrollen proyectos de exploración.
Esta normatividad tendrá como objetivo atender las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos indígenas, con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, aunque “la gran duda”, acotó, es en qué estatus quedarán los ejidatarios en el proceso de defender sus derechos sobre la tierra.
Por ello, hizo un llamado a Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, para que designe al funcionario más idóneo con el fin de que dé respuesta a esa interrogante..
Asimismo, después de una larga lucha social, recordó que en abril de 2011 se elevó a rango constitucional el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para todas las personas que viven en México.
“Las modificaciones a los artículos cuarto y 27 constitucionales son garantía jurídica para la protección del derecho humano a la alimentación, razón por la cual consideramos urgentemente una reforma y Pacto Rural por el campo”, señaló.
Y agregó que el reto es producir los alimentos que se consumen en el país para terminar con la pobreza alimentaria de más de 55 millones de mexicanos.
El dirigente de la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil insistió en que en la reforma del sector es necesaria la participación de las organizaciones campesinas, ya que las empresas multinacionales sólo se benefician del presupuesto agropecuario, convirtiéndose en “coyotes” oficiales, comprando barato productos de calidad y vendiendo productos “chatarra” a muy alto costo.
Por último, anunció la realización de foros en los que se impulsará la creación de comités en defensa del territorio: el 20 y 21, en Jalisco; 27 y 28, Morelos; el 7 de septiembre en Tabasco, y el 9 de septiembre en Chiapas.
