Roberto Morales
El Economista
Panorama. En México, el año pasado había 612 municipios con actividad minera. Foto Archivo EE: Araceli López
Las empresas mineras gastaron el año pasado 51.5 millones de dólares en apoyos para infraestructura de las comunidades donde operan.
Así, el monto fue destinado a escuelas, caminos y servicios de salud, vivienda, electrificación y comunicaciones, entre otros rubros.
El monto representa una disminución de 3.4% frente al 2012 y un desplome de 42.1% en comparación con el 2011, de acuerdo con cifras de la «Secretaría de Economía».
La disminución en este rubro coincidió con una baja en las inversiones del sector, menores precios de los minerales, conflictos mineros y la aprobación de nuevos derechos a las empresas mineras, los cuales entraron en vigor a partir de enero pasado.
Con la reforma fiscal, se crearon tres nuevos derechos: el especial a 7.5%; el adicional a 0.5%, al oro, plata y platino, y el extraordinario de 50%, agregado a la cuota sobre concesiones mineras para las cuales no se acredite ante el gobierno la realización de trabajos de exploración o explotación durante dos años continuos.
PRESIÓN EN RECURSOS
Francisco Alanís, socio consultor de DMV Consultores, afirmó que las nuevas contribuciones y la baja de los precios redujeron las inversiones en exploración, expansión de minas y desarrollo de nuevos proyectos, lo que ha propiciado menores contratos de proveeduría para las pequeñas y medianas empresas.
El Congreso de la Unión aprobó la creación de un Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, que se integrará con recursos recaudados por los derechos y deberán ser destinados para mejorar el desarrollo social, ambiental y urbano de las comunidades.
De la suma de lo que se recaude, 20% se dará a la Federación y 80% irá para ese fondo, porcentaje este último que se distribuirá en 62.5% a municipios y 37.5% a entidades federativas.
Sin embargo, Alanís consideró que “hacen falta mecanismos de transparencia. No está claro que 100% de esos recursos se destinará efectivamente para apoyo a comunidades, porque se podrían desviar a otros fines, a campañas políticas o a beneficios personales”.
CREARÁN MAPA DE RIESGOS
En el 2013, hubo también conflictos medioambientales, de tenencia de la tierra y de seguridad patrimonial. Según la Secretaría de Economía, 104 proyectos mineros se vieron afectados por esta situación en México.
Derivado de lo anterior, la Cámara Minera de México (Camimex) difundirá información sobre cómo allegar los recursos a las comunidades con las contribuciones que pagarán las empresas; hará un mapa de riesgos; identificará a grupos u organizaciones conflictivos, y creará un Manual de Manejo de Conflictos Mineros.
