Enrique Méndez, Víctor Ballinas y Alonso Urrutia
La Jornada
Mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salió en defensa de la actuación policiaca el pasado día 20 en el Zócalo, cuando fueron detenidas 11 personas a las que se envió a penales federales, en el Congreso se impulsan acciones para demandar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que investigue si existió exceso de fuerza o se cometieron torturas.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió solicitar a la CNDH que recabe información sobre el presunto abuso de la fuerza contra ciudadanos que se solidarizaron con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y gestione que se cuide el debido proceso de los 11 detenidos.
El coordinador perredista en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, anunció que durante la sesión de este martes el pleno también hará un exhorto a los gobiernos federal y al capitalino a «que no se violen los derechos humanos» de las personas que asisten pacíficamente a las movilizaciones.
En el mismo sentido se anunciaron acciones en el Senado, donde la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, destacó que se solicitará a la CNDH que se indaguen las denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura contra los detenidos.
De la Peña señaló que “sin diferencias entre ‘anarquistas’ y mujeres, hombres y familias, así como reporteros y defensores de derechos humanos, las autoridades actuaron con excesiva fuerza. No hay excusa para que impere la violencia; ni ‘anarquistas’ ni cuerpos policiacos pueden transgredir los derechos de los ciudadanos”.
Por otro lado, en una entrevista radiofónica concedida a Radio Fórmula sobre los detenidos, Osorio Chong sostuvo que las autoridades actuaron conforme al marco legal.
«La Policía Federal y la del Distrito Federal actuaron de frente, por la cantidad de medios de comunicación que estaban presentes, con una exposición clara de su actuación respecto a lo que estaba pasando. No debe preocuparse nadie. Quien no estuvo dentro de los actos violentos no debe preocuparse, quien sí lo hizo será castigado.»
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a la sociedad a procesar su indignación por la desaparición de 43 normalistas por vías pacíficas, «ya que de otra manera se corre el peligro de retroceder en los avances institucionales que hemos logrado».
Señaló que los comicios «en Guerrero no están en riesgo», y precisó que «si las elecciones no pueden llevarse a cabo, no sé cómo vamos a resolver los problemas de los mexicanos, pues las experiencias históricas de las rutas no institucionales han sido muy costosas».
El dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional, Martí Batres, sostuvo que los términos en que fueron consignados los detenidos de la movilización de la semana pasada son reflejo de la «saña» con que este gobierno trata a los jóvenes, la misma con que actuaron para desaparecer a los normalistas.
Añadió que las corporaciones policiacas Federal y capitalina se excedieron en el uso de la fuerza y lo hicieron de manera indiscriminada, toda vez que era evidente quiénes eran los que llegaron a provocar violencia.
Mencionó que hay imágenes preocupantes de presuntos provocadores transportados en vehículos tipo militar, lo que sugiere una infiltración desde el gobierno a las manifestaciones por justicia en Ayotzinapa.
