Redacción La Jornada
Los regidores Eduardo Acebo Zarzoza, Gabriela Meade Pons y Nadya Edith Rangel Zavala presentaron, ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), y en la Comisión de Vigilancia del Congreso, una denuncia de conocimiento de hechos sobre las anomalías financieras que se han presentado en el ayuntamiento de la capital.
Con base en el artículo 12, fracción cuatro y demás relativos de la Ley de Auditoría Superior del Estado, le solicitaron al auditor, José de Jesús Martínez Loredo, “tenga a bien otorgarnos su opinión jurídica y financiera” con respecto a dos créditos por una suma de 250 millones de pesos, solicitados en junio pasado.
Refirieron, tanto a la ASE como a los diputados, que con tales préstamos “se excede el tope establecido en la Ley de Deuda Pública para la contratación de la misma”.
Añadieron que además “no se obtuvo autorización del Congreso del Estado para la contratación de esta deuda, contraviniendo lo que establece el artículo 11, fracción uno, inciso c, de la Ley de Deuda”, y que tampoco se “obtuvo autorización del Cabildo para la contratación de los créditos por 250 millones de pesos referidos anteriormente”.
A todo lo anterior, suman que “no se incluyó en el Presupuesto de Ingresos el monto de financiamiento obtenido, ni se estableció en el Presupuesto de Egresos las partidas destinadas al Servicio de la Deuda, como lo exige la Ley de Deuda Pública”.
Los regidores anexaron copias de diversos documentos “para el análisis y opinión jurídica y financiera”, entre los que se encuentran los estados financieros al 30 de junio del 2014, dictamen de la Comisión de Hacienda, “actas de las sesiones de Cabildo de octubre de 2012, en la que se autorizó la contratación de la línea de crédito revolvente, y del 28 de mayo de 2014, en la cual se ratificó”.
Por último, el oficio No. SF-DFDCP/64/2014, de fecha 18 de junio de 2014, fue signado por Sergio Alejandro Cerda Lara, director de Financiamiento, Deuda y Crédito Público de la Secretaría de Finanzas de gobierno del estado.
